Unidas Podemos hará frente común con colectivos para presionar al PSOE a no cambiar la Ley de Vivienda

• Se reunirá con la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC y los sindicatos CC.OO. y UGT, entre otros
• Desde UP no ocultan su "preocupación" ante la posibilidad de que su socio de Gobierno, el PSOE, pueda "echarse atrás"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una imagen de hace unos días.

El Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra ha iniciado una ronda de contactos con colectivos sociales para hacer frente común y defender los aspectos "más ambiciosos" de la futura ley de vivienda.

Precisamente la ministra ha anunciado en Twitter el inicio de esos contactos este mismo martes, que se producen tras la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) crítico con este proyecto normativo, al considerar que se invaden competencias de ámbito autonómico en materia de vivienda.

En estos encuentros, el Ministerio que dirige Belarra se reunirá con la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros.

"Preocupación" por la posibilidad de que el PSOE pueda "echarse atrás"

Ante la situación generada por el pronunciamiento del CGPJ, el Ministerio abre esta ronda de contactos para mostrar a la sociedad la "urgencia de la ley de vivienda" y el "amplio respaldo" con el que contaría un texto "verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional".

Fuentes de este departamento no ocultan su "preocupación" ante la posibilidad de que su socio de Gobierno, el PSOE, pueda "echarse atrás" en los aspectos más ambiciosos de la ley, ante un previsible dictamen "duro" del órgano judicial.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que existe un "compromiso del Gobierno" para "aprobar una ley que dé respuesta a una necesidad de la juventud española, que es el derecho a una vivienda digna a precios asequibles". "De ahí no nos vamos a mover", ha subrayado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Informe no vinculante

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, inciden en la situación "excepcional" del CGPJ, con un mandato "caducado" desde hace tres años, por la falta de acuerdo con el principal partido de la oposición para su renovación y subrayan que el informe es "preceptivo, pero no vinculante", es decir, que el Ejecutivo "no tiene ninguna obligación legal de asumir" su contenido.

También ahondan en que el órgano de gobierno de los jueces solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, para reprochar que "en ningún caso" le toca evaluar la constitucionalidad de la norma.

En varias ocasiones, el espacio confederal ha avisado de que no aceptaría cambios en la normativa y ha reprochado al órgano judicial el haberse extralimitado en sus funciones.

No obstante,el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado este martes en declaraciones a La Hora de la 1 que el Gobierno "no se cierra" a mejorar la ley de vivienda después de recibir el informe del CGP, aunque ha defendido que el texto es "especialmente cuidados" con las competencias autonómicas.

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