Cuba investiga a 82 menores por las protestas contra el Gobierno del 11 de julio

• Estos procesos suman 790 acusados investigados por "actos vandálicos" y "graves alteraciones del orden"
• Hay 27 niños de menos de 16 años que "no son sujetos del derecho penal" y no van a juicio

Cubanos que viven en México muestran su apoyo a los disidentes detenidos durante las protestas antigubernamentales

Cuba ha informado por primera vez este martes sobre sus controvertidos juicios por las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio y ha indicado que dentro de la investigación hay 82 menores de edad.

La Fiscalía General de Cuba ha anunciado en un extenso informe que estos procesos suman 790 acusados, investigados por "actos vandálicos" y "graves alteraciones del orden" y defendido que los juicios son justos y se ajustan a la ley cubana.

Entre los investigados, añaden, se cuentan 55 adolescentes de entre 16 y 18 años, de los que 28 están en prisión provisional. Los 16 años suponen la edad mínima penal en Cuba, cuyo Código Penal prevé la posibilidad de reducir a la mitad de las condenas para los menores de edad.

Hay otros 27 niños de menos de 16 años que supuestamente participaron en las protestas y que, como "no son sujetos del derecho penal", no van a juicio, pero se les aplica "el procedimiento legal establecido". Concretamente, diez han sido "internados en escuelas de formación integral y de conducta" por "intervenir junto a adultos" en las protestas. A los 17 restantes se les aplicó "la medida de atención individualizada" en su propia escuela, informó la fiscalía.

Además, otros 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, de los que 41 se encuentran en prisión provisional. El Código Penal cubano contempla la posibilidad de que se les reduzcan las penas impuestas en hasta un tercio por su edad.

Varias semanas de protestas

El anuncio de la fiscalía se produce tras varias semanas de protestas de disidentes y activistas y de quejas de algunos gobiernos por los juicios a los manifestantes del 11 de julio, en general, y por los menores de edad encarcelados en particular.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha asegurado a este respecto en Twitter que "los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados".

Ha señalado además que Estados Unidos "miente" al hablar de estos procesos y que su objetivo es "empañar la labor ejemplar de Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales", en relación a las sanciones económicas de Washington.

Sin embargo, varios grupos pro derechos humanos, así como la Unión Europea han criticado los juicios contra los manifestantes y alegan que carecen de transparencia y que las largas penas de cárcel son desproporcionadas con los delitos cometidos.

Penas de hasta 30 años

Según el comunicado de la Fiscalía General, la acusación pública ha recibido 117 expedientes de fase preparatoria sobre los hechos "de mayor connotación", con 790 personas instruidas "por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden". De estos, se han presentado por el momento a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados (el 69 % en prisión provisional), para ser juzgados.

La fiscalía ha asegurado que en estos casos ha verificado "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso", pese a las "manipulaciones" que "pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos".

Ha argumentado además que optó por acusar de sedición en algunos casos por "el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria" con el resultado de "perturbación grave del orden público" y con "el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional".

Esta decisión ha sido objeto de muchas críticas, pues el delito tiene una connotación política, es de probatoria subjetiva y conlleva penas de hasta 30 años. La Fiscalía ha tratado de zanjar este debate asegurando que las sanciones "están en correspondencia con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad".

Varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por los sucesos del 11 de julio.

El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país.