La Justicia reabre la investigación sobre las muertes en residencias de Leganés y pide los protocolos de derivación

• Pide interrogar a los médicos de cada una de las residencias en relación a "la deficiente atención sanitaria" prestada
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Una mujer observa desde el interior de la residencia para mayores

La Audiencia de Madrid ha ordenado por segunda vez la reapertura de la investigación por los fallecidos en la primera ola de la pandemia en cuatro residencias de Leganés, solicitando la declaración de los responsables de implementar en dichos geriátricos los protocolos de derivación a hospitales de la Comunidad de Madrid.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso RTVE, en el que se estima parcialmente el recurso de apelación de los familiares contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 5 de Leganés que acordó en julio de 2021 el sobreseimiento libre de las actuaciones.

La querella interpuesta a través de la plataforma Marea de Residencias se dirigía contra los equipos directivos de las cuatro residencias de esta localidad (Amavir-El Encinar, Aralia Servicios Socio-Sanitarios-Parque de los Frailes, Vitalia Home-Leganés y Domus VI-Leganés) por delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

Pide que comparezcan los responsables médicos y del protocolo

La Audiencia pide que los responsables expliquen los informes ya remitidos al juzgado sobre los protocolos seguidos para evitar los contagios en relación a los medios de los que disponían.

También insta al juez a tomar declaración en calidad de testigos a los responsables médicos de cada una de las residencias en aquellas fechas sobre "la deficiente atención sanitaria a la que hacen referencia los querellantes".

Por último, quiere que tome también declaración como testigos a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era el centro hospitalario de referencia, para que informen sobre los criterios adoptados en esas fechas para el traslado de los enfermos desde las residencias implicadas a los hospitales.

También que aclaren, a la vista de los historiales médicos recabados y de los que puedan disponer, la situación de los respectivos residentes al ingreso hospitalario y adecuación del tratamiento según su estado. Y que argumenten la decisión de no derivación hospitalaria de algunos de los residentes.

El auto señala que practicadas las diligencias indicadas y en función de su resultado, el instructor, con libertad de criterio, podrá acordar en su caso "la práctica de la correspondiente pericial médico forense respecto de aquéllos residentes que considere necesario, así como cualquier otra diligencia que pudiera estimar oportuno practicar, siempre con libertad de criterio para adoptar la decisión que estime procedente".

La jueza exponía que era "la pandemia la que les hizo enfermar"

No es la primera causa penal que investiga los presuntos incumplimientos en la implementación de los protocolos sobre derivación de pacientes a hospitales dictados por la Comunidad de Madrid.

En la comisión de investigación, Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria, afirmó que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y "participaron desde el principio" en la redacción de los protocolos geriátricos que firmó y envió a ambos departamentos regionales.

En estos documentos se fijaban criterios para no derivar a determinados residentes enfermos de COVID-19 con dependencia o discapacidades a hospitales durante el punto más álgido de la pandemia.

En su auto de archivo, la jueza exponía que era "la pandemia la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la actuación que pudieran haber llevado a cabo desde un punto de vista administrativo y/o gubernativo para intentar su control y minimizar su impacto".

Los magistrados acuerdan ahora que dicho archivo se revoque a los efectos de practicar las diligencias indicadas y las que, en su caso, el instructor considere necesarias. Desde Marea Residencias han indicado que saben que "la justicia va despacio", pero que les gustaría que dejasen de juzgar a los responsables médicos y se depuren responsabilidades "desde más arriba, es decir, quien diseñó ese protocolo".