El Poder Judicial aprueba el informe sobre la ley de vivienda que advierte de vulneración de competencias autonómicas

• La decisión del órgano de los jueces abre la puerta al Gobierno a aprobar la norma la próxima semana
• El borrador del informe también criticaba medidas como la regulación del mercado del alquiler

Imagen de un piso en venta en Madrid.

El Pleno del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves el informe crítico sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Al ser perceptivo el dictamen del órgano de gobierno de los jueces, pero no vinculante, la decisión abre la puerta al Gobierno a convalidar la norma en el Consejo de Ministros la próxima semana.

El borrador del informe, que se presentó el pasado lunes, advertía al Ejecutivo que la ley de vivienda invade competencias de las comunidades autónomas y criticaba medidas como la regulación del mercado del alquiler. El informe ha sido aprobado por 15 votos a favor y 6 en contra, del que han sido ponentes los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.

En esta ocasión, el CGPJ ha acordado aprobar la propuesta, algo que no hizo la pasada semana, al tumbar informe elaborado por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta y que criticaba la falta de concreción de las reglas de intervención de los precios del mercado de alquiler incluidas en el anteproyecto, aunque avalaba su compatibilidad con el derecho a la propiedad.

El dictamen es preceptivo, pero no vinculante, por lo que la intención del Gobierno es validar el texto en segunda vuelta en un próximo Consejo de Ministros y enviarlo en febrero al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Invade las competencias autonómicas, según el CGPJ

En un comunicado remitido a los medios, el Poder Judicial ha señalado que el informe final incluirá algunas observaciones menores al texto de la

propuesta, "sin alterar su contenido sustancial". Dicha propuesta recordaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica" por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución "corresponde a cada una de las Comunidades Autónomas que ejercen sus competencias". Afeaba, por ello, al Ejecutivo que "limite" las competencias autonómicas.

En este sentido, advertía de que mientras la competencia autonómica es sobre el conjunto de la materia de vivienda, la estatal "se vierte sobre esos otros aspectos". Por tal motivo, "el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas, puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, "la ley de vivienda" o "del derecho a la vivienda". El texto también criticaba que se dé "un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias". Y que "limita y dificulta" la competencia en materia de vivienda a las Comunidades Autónomas.

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Asimismo, apuntaba que el derecho a una vivienda digna y adecuada si bien se reconoce en la Constitución, no se "define". Y explicaba que la jurisprudencia constitucional ha precisado que, al estar encuadrado en el Capítulo III del Título I de la Carta Magna, "no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar su efectividad".

El CGPJ lanzaba además en el informe un mensaje al Ejecutivo recordándole que "el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés, ni de la voluntad del órgano que solicita el informe". Y señalaba que el Gobierno en este aspecto "carece de toda capacidad de disposición" porque ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente.

El Gobierno pretende seguir adelante con su tramitación

Aunque el informe del poder judicial supone un varapalo para una de las leyes estrella del ejecutivo de coalición, su intención es seguir adelante con la tramitación de la norma, después de leerlo "con respeto y atención".

Desde que trascendió hace unos días el contenido del dictamen, los socios de gobierno han hecho hincapié en que el mandato del CGPJ está caducado hace tres años y en que no representa a la actual mayoría parlamentaria, porque el PP bloquea su renovación. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defienden que su anteproyecto de ley está "bien armado técnica y jurídicamente" y que respeta "escrupulosamente" las competencias de las comunidades

"La parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas, como la Ley del Aborto, del Matrimonio Igualitario, Eutanasia o contra la Violencia de Género. No nos distraerán de nuestros objetivos: habrá Ley de Vivienda", ha escrito en Twitter la ministra Raquel Sánchez.

Mientras, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, está inmersa en una ronda de contactos con el movimiento por la vivienda para mostrar el "respaldo social" que tiene.

Belarra ha criticado que el CGPJ, "con el mandato caducado desde hace tres años", se oponga a la primera ley de vivienda de la democracia, "que busca frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda" que recoge la Constitución. "Ocurrirá como con el matrimonio igualitario, acabarán dándonos la razón", ha expresado desde sus redes sociales.

Desde su partido se han hecho llegar más críticas similares. El portavoz de Podemos Pablo Echenique ha recordado que la capacidad para aprobar las leyes es competencia exclusiva del Poder Legislativo. "Tomamos nota de lo que dicen los señores jueces que llevan más de tres años cobrando con el mandato caducado, pero el poder legislativo es soberano para no hacerles caso y justo eso haremos", ha añadido.