Amnistía Internacional denuncia la "deficiente" investigación sobre las muertes en residencias: "Se extiende la impunidad"

• Según la organización, el 89% de las investigaciones penales de la Fiscalía han sido archivadas sin llegar a los tribunales
• Hablan de "impunidad casi absoluta" tras el cierre de comisiones de investigación y creen que se "obstaculiza" la verdad

Voluntarios trasladan a personas mayores de una residencia de Barcelona a hospitales de la ciudad, en abril de 2020.

Justo cuando se cumplen dos años desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en España, Amnistía Internacional hace público un informe que documenta la "deficiente" actuación del Ministerio Fiscal a la hora de investigar lo ocurrido en residencias de mayores durante la pandemia, especialmente durante la primera ola, y denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando "una impunidad casi absoluta". El 89% de las investigaciones penales de la Fiscalía han sido archivadas y a las familias, aseguran, se les está obstaculizando "el acceso a la verdad".

Después de analizar la evolución de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, la organización expone la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en estos centros de mayores en los que han fallecido más de 30.000 personas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, documenta el impacto que esto tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a los residentes.

"Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo", sostienen desde Amnistía Internacional, que lamenta que "no se está garantizando la verdad para las víctimas".

Aseguran que "se está extendiendo la impunidad"

Lo que está ocurriendo ahora, recalcan, es que "se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro".

Por todo esto, la organización ha preparado un acto este lunes en Madrid, en el que participarán familiares de fallecidos y donde se pedirá justicia.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, subraya que a día de hoy "no hay ninguna persona declarada responsable" por lo sucedido: "No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”.

Otras organizaciones de defensa de los derechos de las personas residentes, como La Plataforma y Marea de Residencias, al igual que familiares de mayores fallecidos, también denuncian la misma situación.

“Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también“

"Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más", lamenta Ana María, cuya madre falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital, y que ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que año y medio después sigue en trámite.

Para Amnistía, el Ministerio Fiscal ha hecho una investigación "deficiente"

Aunque el propio Ministerio Fiscal "ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias", sostiene el estudio de Amnistía Internacional, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales.

La organización cree que la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal "no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia" que permitan el esclarecer de las circunstancias de las miles de muertes en residencias. La organización ya documentó cómo una cadena de decisiones en la gestión de la pandemia fue definitiva en la situación de abandono de los mayores en las residencias, y cree todas sus causas deberían ser exhaustivamente investigadas.

"Las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar. Ante un exceso de muertes, con una clara falta de asistencia sanitaria como el que se vivió en la residencias de mayores, un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido", señala Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España.

Sin embargo, en muchos casos, agrega Cantos, "son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”.

Familiares de fallecidos: "Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir"

"Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia", señala Simone Nicolette, cuya madre, con alzhéimer, murió en una residencia en Madrid.

Dado que el Ministerio Fiscal ha archivado casi todas las investigaciones, apunta Amnistía Internacional, son los familiares quienes están presentando denuncias o querellas en los tribunales, "imponiendo una carga más sobre las víctimas", cuando existe una institución, la Fiscalía, que tiene específicamente encomendada la actuación en favor de los derechos de la ciudadanía y del interés general.

Ante las denuncias judiciales, el alcance de las investigaciones está siendo muy desigual según el juzgado o tribunal y, en todo caso, avanzan muy lentamente.

Según el mismo análisis, tampoco el Consejo General del Poder Judicial ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia.

Las comisiones de investigacion se han ido cerrando

La organización pide al Ministerio Fiscal que lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se aseguró adecuada asistencia sanitaria, abarcando todos los factores que han intervenido en las muertes en residencias, escuchando a las víctimas y teniendo en cuenta todas las fuentes pertinentes para esclarecer los hechos.

Pese a la gravedad de lo ocurrido en las residencias, la organización informa de que se han ido cerrando en España las pocas comisiones de investigación abiertas en algunos parlamentos autonómicos. Estas únicamente han desarrollado, "en el mejor de los casos", investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos.

La única comisión de investigación que estaba actualmente en marcha, en Castilla y León, también ha sido cerrada recientemente debido a que se ha anunciado la disolución de las cortes y elecciones anticipadas. En Cataluña se ha rechazado la creación de una comisión y se ha propuesto un grupo de expertos en su lugar, mientras que en el caso de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de elecciones también supuso el cierre de la Comisión y en la nueva legislatura no se aprobó su creación, pese a que la anterior Comisión no había completado el trabajo previsto.

Por esta razón, desde Amnistía Internacional exigen a los grupos parlamentarios que se cree "una comisión de verdad en el Congreso" que analice lo sucedido, dé respuesta a las familias y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder nada parecido.

Advierten de que se archivan diligencias sin escuchar a las familias

De manera específica recalcan que la aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales no se ha investigado adecuadamente, y recuerda que el Ministerio Fiscal ha concluido que no fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes enfermos. Esto contrasta con los hallazgos de Amnistía Internacional, que sí considera que los protocolos en vigor durante la primera ola de la pandemia provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud.

La organización entiende que estos protocolos son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y Cataluña, de miles de personas en los momentos más duros de la pandemia, y que a la hora de decidir sobre el traslado hospitalario de personas mayores que vivían en residencias no se aseguró una valoración individual basada en el mejor pronóstico, sino que se utilizaron "criterios que dificultaron enormemente dichos traslados en situaciones en que la pronta y adecuada atención de los y las residentes enfermos podía ser vital". Los criterios, además de la fragilidad, señalan, incluían factores como la edad o el deterioro cognitivo, no vinculados al pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, "lo que resulta discriminatorio".

De acuerdo con las informaciones que Amnistía Internacional ha podido confirmar por representantes del Ministerio Fiscal o fuentes documentales de las investigaciones, entre Madrid y Barcelona se habrían archivado diligencias de investigación de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información.

“Tienes la sensación de que nadie te escucha, de que no quieren saber, de que nadie se hace eco. La continua negación de los hechos, la desinformación y la mentira en la que vivimos causa mucho dolor", asegura Ángela Arreba, cuya madre, Julia, falleció el 8 de abril en la residencia Amavir Arganzuela de Madrid, después de un mes en el que ni siquiera pudieron verla por videoconferencia, y que ha presentado junto a otros familiares una querella en el juzgado.