Familiares de fallecidos en residencias piden que no se "obstaculice" la justicia: "No murieron, los dejaron morir"

• Amnistía Internacional denuncia la "deficiente" labor de la Fiscalía a la hora de esclarecer las muertes de la primera ola
• El informe se ha presentado en un acto al que han asistido familiares y en el que se ha pedido una "comisión de la verdad"

Los familiares de fallecidos en residencias piden que no se "obstaculice" la justicia

"No murieron, los dejaron morir". Esa es una de las frases que recalca Enriqueta López, hija de una mujer fallecida en abril de 2020 en una residencia de mayores, mientras relata lo que ocurrió con numerosos ancianos que vivían en estos centros durante la primera ola de la pandemia. Su intención, asegura, no es otra que exigir a los dirigentes políticos y a la Fiscalía que dejen de "obstaculizar" las investigaciones y permitan a las familias conocer la verdad.

Ella es una de las personas que ha participado este lunes en un acto organizado por Amnistía Internacional bajo el lema "Basta de impunidad". La organización ha denunciado en un informe el trabajo "deficiente" del Ministerio Fiscal a la hora de esclarecer lo sucedido con los más de 30.000 fallecimientos de mayores en residencias durante los primeros meses de la pandemia, teniendo en cuenta que el 89% de sus investigaciones penales han sido archivadas. La mayoría, aseguran, sin escuchar el testimonio de los familiares.

El acto, con el que también se pretendía honrar la memoria de todos esos mayores que ya no están, estaba previsto que se llevará a cabo frente al pebetero que se construyó como homenaje a los fallecidos en la Plaza de Cibeles de Madrid. Sin embargo, los asistentes han tenido que desplazarse a otro rincón de esa misma plaza al ver que el encuentro ha coincidido con el inicio de unas obras urbanas y que el operario de una excavadora levantaba el suelo justo en ese punto en el que finalmente han depositado unas flores.

Ramos depositados en recuerdo de los mayores fallecidos. Amnistía Internacional

Testimonios, informes médicos e imágenes que revelan muertes "por dejadez"

Poco antes de que comenzara la presentación, Enriqueta ha explicado en una conversación con RTVE.es el calvario por el que pasó su familia desde que el 12 de marzo de 2020 cerraran a cal y canto la residencia Bertrán i Oriola de Barcelona, que es donde entonces residía su madre. Durante la primera semana, dice, pudieron comunicarse con ella con relativa frecuencia, pero llegó un momento en el que ni ellos ni otras familias sabían si sus padres o madres "estaban vivos o muertos".

Tras ejercer mucha presión incluso a las puertas del edificio consiguieron que personal del centro de salud entrara en la residencia y les confirmaron que lo que ocurría allí dentro era "dantesco". Los residentes estaban "encerrados en sus habitaciones", no se les cambiaba el pañal más que una vez al día y solo les daban, asegura, "una taza de puré" para comer.

"La gente moría sola. Tenían un centro de día abajo, lo habilitaban para ir bajando a los que estaban contagiados y los dejaban morir ahí, con la luz apagada y una mascarilla como la que yo llevo. Ese era todo el paliativo que tenían", cuenta Enriqueta, quien ha seguido exponiendo más situaciones muy duras, una detrás de otra: "Tenemos informes médicos que dicen que muchos murieron de hambre y que otros murieron deshidratados porque no les dieron líquido y sus riñones dejaron de funcionar (...) Hay otra hija que un día habló con su madre a las 15:00 horas y todo bien, no tenía COVID ni tenía nada, y a las 19:00 horas la llaman diciéndole que ha fallecido".

En el caso de la madre de Enriqueta, según cuenta ella, "murió ahogada en su propio vómito" sin que nadie se percatara. Tenía 82 años, "era 100% dependiente" y debía estar un poco inclinada para comer por la disfagia que padecía como consecuencia de la enfermedad de Parkinson, pero nadie se encargó de ese cuidado específico durante el "caos" que se vivió dentro de la residencia tras el primer embiste de la COVID-19.

"Hemos ido a Fiscalía pero nos archiva sin pedirnos ni informes médicos ni relato ni nada. Yo tengo un certificado oficial que dice que mi madre murió por un posible COVID positivo, pero luego tengo el certificado del médico de la residencia en el que pone que mi madre murió de una broncoaspiración y dice que en ningún momento tuvo síntomas de COVID ni nada. Y así te puedo contar 42 historias", subraya.

Se refiere a las 42 historias de los 42 mayores que fallecieron en esa residencia donde, en total, vivían 91 usuarios y en la que había problemas de fondo "previos" a la COVID, asegura. Por eso, lo que pide en nombre de su familia y en el del resto de afectados es que el Ministerio Fiscal investigue aquellos casos en los que, al margen de las dificultades desatadas por la pandemia, haya podido haber una "mala praxis" o "dejadez" de funciones, como defiende que ocurrió en el caso de su madre.

Asegura que no se puede "englobar" a todas las residencias, pero sí insiste que hay numerosos familiares que siguen a la espera de conocer la verdad y en que esto les impide poder avanzar y superar el duelo.

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"Nadie nos escucha, quieren pasar página"

Una situación parecida es la que ha detallado Ángela Arreba, cuya madre falleció en la residencia Amavir, del barrio madrileño de Arganzuela, también durante la primera ola, momento en el que se inicia lo que denomina como "cronología de la crueldad".

"El día 5 de abril nos llaman para decir que nuestra madre, que hasta entonces estaba bien y tenía apetito, tenía fiebre alta, que tenía tos y que además la oxigenación era baja y tenía los pulmones inflamados. Esto fue el día 5 y el día 6 nos llaman para decirnos que, ahora sí, bajo determinadas condiciones podían trasladarlos a los hospitales y nos pedían el permiso a la familia (...) Mi madre se quedó en la residencia y el día 8 murió", cuenta Ángela.

Desde que cerraron la residencia y hasta esa fecha no pudo verla y tampoco hablar con ella. Lo único que recibió fueron sus cenizas.

"Una vez que hemos vivido este dolor, ese momento, luego empiezas a despertarte y empiezas a pensar 'vale, yo fui una inocente porque creía lo que me decían en la residencia, que todo estaba bien, que todo era normal y que había cuidados', pero resulta que no era cierto porque la propia residencia nos mandó un correo el día 6 de abril, donde nos dice primero que el 50 % del personal o más estaba de baja (...) Te das cuenta de que la residencia intenta ocultar la verdad", afirma la mujer.

“Nadie nos escucha... Quieren pasar página, quieren que nos olvidemos“

Por si fuera poco, dice, se encuentran ahora con que "la Fiscalía no investiga", con que los jueces "no toman las riendas de los casos" y con que, en definitiva, su derecho a la verdad está muy limitado.

"Nadie nos escucha y quieren cubrir de oscuridad lo que ocurrió. Quieren pasar página, quieren que nos olvidemos todos de aquello, que ha sido una tragedia de unas dimensiones extraordinarias", critica Ángela.

Las familias se sienten "abandonadas" y piden una comisión de la verdad

Durante su intervención en el acto, Enriqueta ahonda en las condiciones tan duras en las que vivieron los usuarios de la residencia en la que vivía su madre. Había una gerocultora para 23 personas dependientes, "les tuvieron más de un mes y medio sin ducharse" y un 25%, afirma, murió por las llagas que les ocasiono el estar un mes en la misma postura y sin moverse.

"Creo que la gente que salía de los campos de concentración nazis estaban más gordos que ellos", enfatiza la mujer. Después deja claro que hay numerosas imágenes que ilustran el contraste que vivieron los residentes, el antes y el después.

Una vez finalizado el acto, RTVE.es ha podido hablar con otros de los asistentes y también han señalado otras situaciones que algunos mayores sufrieron durante la primera ola dentro de las residencias. Incluso, muestran vídeos remitidos a la Fiscalía que reflejan, subrayan, "una vulneración de derechos".

En uno de ellos se ve a una anciana durmiendo en la habitación de otra mujer después de que esta última falleciera y se llevaran su cuerpo.

"Como los cambiaban de habitación, hubo por ejemplo una familia a la que el personal de la residencia le decía que su madre estaba bien. Sin embargo, los llaman un día desde el tanatorio preguntando qué hacían con el cuerpo. Les dijeron que llevaba muerta, en el tanatorio, 15 días", explica Carmen, que comparte grupo de WhatsApp y "lucha" con otras muchas familias que no piden dinero sino "verdad".

“Nos han abandonado, nos han abandonado los políticos y nos ha abandonado la sociedad“

Todas ellas, según Enriqueta, se sienten "abandonadas". "Nos han abandonado, nos han abandonado los políticos y nos ha abandonado la sociedad (...) Nadie nos quiere hacer caso y, como dice la Constitución, toda víctima y todo familiar tiene derecho a saber lo que le pasó. Que, por favor, se investigue. Pedimos una comisión de la verdad".

Esto último es lo que ha exigido también Amnistía Internacional este lunes. Quieren que los grupos parlamentarios promuevan que se cree una comisión de la verdad en el Congreso para analizar lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, ofrecer respuesta a las familias e impedir que vuelva a ocurrir nada parecido.

Lo han pedido tras analizar en una investigación las denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña y sentir preocupación "por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia".

La organización considera que la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las muertes en los centros y critican que, ante el archivo de esas investigaciones, sean los familiares quienes estén presentando denuncias o querellas en los tribunales, que están avanzando de manera desigual y muy lentamente.

El director de Amnistía, Esteban Beltrán, ha lamentado que también se hayan cerrado las comisiones de investigación en algunos parlamentos autonómicos, como los de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La-Mancha y Navarra.