El Supremo constata la situación "límite" de la Sala de lo Contencioso por la imposibilidad de realizar nombramientos

• No es posible realizar nombramientos, porque el CGPJ no puede hacerlo mientras esté en funciones
• Acuerda también mover magistrados entre secciones para que lleguen a los mínimos de cinco por sección

Fachada del Tribunal Supremo

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha aprobado la propuesta del presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa, para reorganizar sus secciones ante las vacantes existentes por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.

El pasado mes de marzo, el Senado aprobó la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para que el CGPJ no pudiera realizar más nombramientos mientras esté en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018, por la falta de acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para su renovación.

En una nota emitida por el Supremo, se explica que la Sala de Gobierno ha constatado "la situación límite" de esa Sala Tercera, puesto que a partir de abril con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, solo contará con 25 magistrados, incluyendo a Tolosa, lo que supone el mínimo legal para constituir las cinco secciones, ya que cada una debe tener un mínimo de cinco magistrados.

Para "evitar el colapso", se ha aprobado reforzar las dos secciones que, tras dichas jubilaciones, quedarán con solo cuatro integrantes (la Segunda y la Quinta) con un magistrado cada una, que saldrán de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la Tercera y la Cuarta).

Otras medidas para "mitigar" la carga de trabajo

Además, para "mitigar" la extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala, se ha acordado proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación.

En esa entrada de recursos destacan los que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, de los que ya se han planteado decenas en los últimos días y que el tribunal prevé que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas.

Esa reforma legislativa, que se elevará al Ministerio de Justicia a través del CGPJ, propone modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto.

"La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica", indica la nota del Supremo.

Para dar una respuesta ágil

Otro aspecto de la reforma afecta a la labor de la Sección de Admisión de recursos (artículo 94 de la misma Ley) que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.

La Sala de Gobierno entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados 'procedimientos testigos', que permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos "colapse" el Tribunal Supremo.

Según indican, se espera la entrada de miles de recursos contencioso-administrativos en las próximas fechas contra la desestimación, expresa o presunta, por el Consejo de Ministros de reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial, presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por este cauce, por causa de la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente a la pandemia del COVID.

Para afrontar estos litigios, se solicitará al Ministerio de Justicia que se dote una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Asimismo, se propone un plan específico para la Sección Cuarta, ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas COVID, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la Comunidad de Madrid (211), reclamación por reconocimiento de la condición de personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65). En la próxima reunión de la Sala de Gobierno se valorará la situación general del tribunal y en concreto de las restantes salas.

Unas mil sentencias menos

Ya en octubre del año pasado, la Sala de Gobierno del TS aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicaría que al año se realicen 1.000 sentencias menos. Además, apuntaban a que se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta.

Advierte así de la situación a la que tendrán que enfrentarse las diferentes salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del CGPJ --más de 1.100 días caducado--.

El informe recalcaba que de prolongarse en el tiempo esta situación, se convertirá en "insostenible" e implicará que se dicten "aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año".