Amnistía Internacional acusa a Israel de utilizar el apartheid contra la población palestina

• El nuevo informe de AI recoge el sistema de opresión y de dominación por parte del Estado de Israel
• La organización ha documentado, entre otros, confiscaciones masivas, homicidios ilegítimos y traslados forzosos

Mujeres palestinas se enfrentan a soldados israelíes contra la demolición de su casa

La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes la utilización de Israel del apartheid. Según su nuevo informe, el país impone un sistema de opresión y dominación a palestinos en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y también a la población refugiada desplazada en otros países.

La investigación, comenzada en 2017, analiza las políticas aplicadas sobre la población palestina desde la creación del Estado de Israel. Durante cinco años ha documentado confiscaciones masivas de tierras y propiedades, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación y negación de la nacionalidad y la ciudadanía. "Son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid", ha dicho AI.

En una rueda de prensa en Jerusalén, el movimiento ha pedido a la comunidad internacional "que no sea cómplice de un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas". Asimismo, ha demandado a todos los estados que ejerzan la jurisdicción universal "para hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de crímenes de apartheid".

“Son tratados como un grupo racial inferior“

“Vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón o en la propia Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos. La comunidad internacional tiene la obligación de actuar”, ha afirmado por su parte la secretaria general, Agnès Callamard.

El apartheid: un crimen de lesa humanidad

Un sistema de apartheid es un régimen institucionalizado de opresión y dominación de un grupo racial sobre otro que tiene como origen de su significado el sistema político discriminatorio implantado en la República de Sudáfrica de 1948 a 1994. Según AI, el derecho penal internacional recoge que los actos ilegítimos concretos cometidos dentro de este régimen con la intención de mantenerlo constituyen un crimen de lesa humanidad.

Estos actos se especifican en la Convención contra el Apartheid y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional e incluyen los homicidios ilegítimos, la tortura, los traslados forzosos y la negación de derechos y libertades fundamentales. La organización ha dicho haber documentado este tipo de actuaciones prohibidas en todas las zonas que controla Israel, pero con mayor frecuencia y violencia en los TPO.

"El homicidio ilegítimo de manifestantes palestinos es quizá el ejemplo más claro de cómo las autoridades israelíes recurren a actos prohibidos para mantener la situación actual", ha asegurado la organización, que ha puesto como ejemplo las protestas semanales en 2018 a lo largo de la frontera con Israel de la población palestina de Gaza. Las autoridades advirtieron de que dispararían a los que se acercaran al muro y, "al término de 2019, las fuerzas israelíes habían matado a 214 civiles, 46 de ellos menores de edad".

La población palestina es tratada como una amenaza demográfica

Según AI, Israel persigue la política de establecer y mantener una mayoría demográfica judía y de maximizar el control sobre las tierras y los recursos para beneficiar a la población israelí judía. "Estos objetivos demográficos quedan bien ilustrados con los planes oficiales para 'judaizar' zonas de Israel y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental", apunta el informe.

Aunque los niveles de discriminación son diversos en función de la condición y del lugar de residencia, Amnistía señala que las autoridades israelíes tratan al conjunto de la población palestina como a un grupo racial inferior definido por su condición de árabe no judía. Esta discriminación está cimentada en leyes como la que niega a los palestinos de Israel la nacionalidad. En Cisjordania y Gaza, donde Israel controla el registro civil desde 1967, la población palestina no tiene la ciudadanía y la mayoría es considerada apátrida, por lo que necesitan tarjetas de identidad del ejército israelí.

Otra de estas normas es la que concede a la población palestina de Jerusalén Oriental la residencia permanente en lugar de la ciudadanía, "aunque este estatuto es permanente solo de nombre". De acuerdo con datos de la organización, desde 1967 se ha revocado la condición de residente a más de 14.000 personas palestinas. Pero esta exclusión la sufren también los desplazados, a los que se les sigue negando el derecho a retornar a sus antiguos lugares de residencia.

Solo el 1,7 % de los fondos COVID se ha concedido a palestinos

La discriminación, explica el informe, llega hasta la asignación de los recursos del Estado. Un ejemplo reciente es el paquete de medidas para la recuperación de la COVID-19, del que se ha concedido solo el 1,7 % a las autoridades locales palestinas.

Asimismo, la investigación documenta cómo a la población palestina se la impide el arrendamiento de suelo en el 80 % de las tierras estatales de Israel, como consecuencia de confiscaciones racistas de tierra y de una red de leyes discriminatorias sobre asignación, planificación y zonificación. La situación en la región del Néguev/Naqab, en el sur de Israel, es una muestra de cómo las políticas de planificación y edificación excluyen intencionadamente a la población palestina.

Desde 1948, las autoridades han adoptado diversas políticas para “judaizar” el Néguev/Naqab. Estas incluyen, según la organización, la designación de grandes zonas como reservas naturales o zonas de tiro militares y el establecimiento de objetivos para aumentar la población judía. Unas medidas que han tenido "devastadoras consecuencias" para las decenas de miles de beduinos palestinos que viven en la región.

En la actualidad, hay 35 pueblos beduinos, donde viven cerca de 68.000 personas, “no reconocidos” por Israel, lo que significa que están desconectados de las redes nacionales de suministro eléctrico y de agua y son blanco de reiteradas demoliciones. Dado que los pueblos carecen de condición jurídica oficial, sus residentes también sufren restricciones a la participación política.

Una valla de 700 kilómetros aísla a las comunidades

Una valla de 700 kilómetros que Israel sigue ampliando aísla a las comunidades palestinas dentro de “zonas militares”, cuyos residentes deben obtener múltiples permisos especiales cada vez que quieren entrar o salir de su casa. En Gaza más de dos millones de palestinos viven bajo un bloqueo israelí que ha creado una crisis humanitaria.

“Todos sus movimientos están sometidos a la aprobación del ejército israelí“

“Para la población palestina, la dificultad de viajar dentro de los TPO y para entrar y salir de ellos es un recordatorio constante de su impotencia. Todos sus movimientos están sometidos a la aprobación del ejército israelí, y para hacer la más simple tarea cotidiana hay que navegar por toda una red de control violento”, ha explicado Callamard.

Por su parte, Israel ha alegado justificaciones de seguridad como base de su trato a la población palestina. Sin embargo, y aunque algunas políticas podrían haber sido concebidas para cumplir objetivos legítimos en materia de seguridad, la investigación considera que "la manera en que se han implementado es manifiestamente desproporcionada".

AI exige un cambio drástico en la comunidad internacional

Ante la magnitud y la gravedad de las violaciones documentadas en el informe, Amnistía Internacional ha exigido un cambio drástico en el enfoque de la comunidad internacional a la crisis de derechos humanos en Israel y los TPO. Entre sus peticiones, ha demandado al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas a Israel.

“La respuesta internacional al apartheid no debe seguir limitándose a condenas anodinas y declaraciones ambiguas. A menos que abordemos las causas fundamentales, la población palestina y la israelí seguirán bloqueadas en el ciclo de violencia que ha destruido tantas vidas”, ha incidido la secretaria general.

El movimiento también ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere el crimen de apartheid en su investigación en curso en los TPO y ha formulado numerosas recomendaciones para el desmantelamiento del sistema de apartheid por parte de las autoridades israelíes. Como primer paso, ha sugerido poner fin a la brutal práctica de demoliciones de casas y desalojos forzosos y conceder la igualdad de derechos a toda la población palestina.

EE.UU. rechaza la opinión de AI e Israel los califica de "organización criminal"

Desde Estados Unidos se ha rechazado la opinión de que las acciones de Israel hacia los palestinos constituyen apartheid, según ha dicho el Departamento de Estado.

"Pienso que es importante, como el único estado judío del mundo, que el pueblo judío no debe ser negado su derecho a la autodeterminación, y debemos asegurarnos no se aplica un doble rasero", ha señalado el portavoz de Estado, Ned Price.

Por su parte, desde Israel han señalado que la institución que publica el informe, Amnistía Internacional, es una "organización criminal".