El Gobierno envía al Congreso la ley de Vivienda: "No va en contra de los propietarios, sino de la especulación"

• La norma nace con la opinión desfavorable del CGPJ y con críticas por parte de la oposición y del sector
• La tramitación parlamentaria se prevé larga y complicada pues aún no cuenta con los apoyos suficientes

El Gobierno envía al Congreso la ley de Vivienda: "Consolidamos el quinto pilar del estado del bienestar"

Un año después de que los socios de gobierno empezaran oficialmente la negociación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, el Consejo de Ministros ha aprobado el texto este martes en segunda vuelta y lo ha enviado al Congreso para dar comienzo a su tramitación como proyecto de ley por el trámite de urgencia, una negociación que se prevé larga y complicada pues aún no cuenta con los apoyos suficientes para su convalidación.

La norma ha sido aprobada, en palabras de Podemos, "sin cambiar una coma" del texto inicial al que el Consejo de Ministros dio 'luz verde' el pasado mes de octubre, después de que recibiera la semana pasada el informe desfavorable, pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un voto particular de cinco vocales del sector progresista. Si bien la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado en rueda de prensa que el Gobierno ha analizado el texto del órgano judicial y que se han "incorporado comentarios" para "clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica".

La titular de Transportes ha destacado que la ley es "rigurosa, sólida, compacta y transversal y que blinda la función social que tiene la vivienda". Además, ha subrayado que "no va en contra de los propietarios, sino de la especulación": "Los que pregonan la liberalización, lo único que consiguieron fue el lucro de grandes agentes inmobiliarios y grupos económicos, generando un gran sufrimiento a la mayoría de familias de este país", ha criticado.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también propulsora de la normativa, ha añadido que la ley "era absolutamente imprescindible para empezar a dar los primeros pasos en la dirección correcta". "Esta ley protege a los inquilinos, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y exige responsabilidad a los grandes propietarios", ha apuntado.

Belarra, sobre la ley de Vivienda: "Buscamos poner freno a los desahucios"

Entre otras medidas, el texto penaliza las viviendas vacías, permite a las comunidades autónomas regular el precio de los alquileres, prohíbe la venta del patrimonio público residencial y prevé aumentar el parque de vivienda social, así como que sean los juzgados los que de oficio suspendan los desahucios por impago de renta de familias vulnerables. Si bien deja en manos de los ayuntamientos y las comunidades autónomas parte de su aplicación.

La regulación de los alquileres, uno de los puntos más polémicos y que suscitan más rechazo en el sector inmobiliario, contempla la limitación de rentas para las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas en las zonas que los gobiernos regionales declaren tensionadas, en función de un índice de precios que se elaborará en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley. Los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas podrán subir la renta en los nuevos contratos hasta un 10 %, si en los dos años anteriores la vivienda ha sido objeto de rehabilitación o de obras de mejora energética y de accesibilidad.

"Queremos garantizar el acceso para todos/as y promover mayor transparencia en el sector. Seguimos dignificando la vida de la gente", ha expresado a través de las redes sociales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha celebrado la aprobación de la que es la primera ley de vivienda de la democracia.

La tramitación en el Congreso se antoja complicada

Una vez aprobada en el Consejo de Ministros en segunda vuelta, la norma pasa al Congreso como proyecto de ley y anticipa una tramitación parlamentaria larga y complicada. Además de que los socios de Gobierno aún no cuentan con los apoyos suficientes, la aprobación definitiva no se espera hasta la segunda mitad de este año, según el calendario enviado a Bruselas, y algunas medidas como la limitación de precios no tendrá una aplicación real al menos hasta la primavera de 2024.

Todo ello, a su vez, teniendo en cuenta que algunas comunidades autónomas -las gobernadas por el PP- han anunciado que no la van a aplicar y han amenazado con recurrir al Constitucional por "interferir" en la libertad y en la propiedad privada. "Nos estamos jugando mucho, estamos aprobando una ley histórica, como lo han sido otras leyes como la ley del aborto, de la eutanasia, del matrimonio igualitario… que han contado con la resistencia en principio de la derecha y de los sectores más conservadores, pero que luego se han sumado a los avances", ha recalcado Sánchez, por lo que ha pedido "en esa misma confianza" para que "la derecha se sume" a su aprobación.

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Además de la oposición, el sector inmobiliario se ha mostrado en contra de su puesta en marcha de la ley de Vivienda al considerar que "va en contra de lo que se pretende": descenderá la oferta y no se conseguirá que bajen los precios. Además, denuncian que la medida "no ha contado desde sus inicios con el consenso ni de los socios de gobierno, ni de los expertos del sector" y que "experiencias anteriores ya confirman que su utilidad para mejorar el acceso a la vivienda sería nula, cuando no contraproducente", ha puntualizado el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.