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El independentismo plantea paralizar el Parlament por el caso de Pau Juvillà

  • El diputado de la CUP fue inhabilitado por no haber descolgado lazos amarillos de la Paeria de Lleida en período electoral
  • La Junta Electoral Central exige despojarle del escaño de forma inmediata

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El diputado de la CUP y secretario tercero del Parlament, Pau Juvillà
El diputado de la CUP y secretario tercero del Parlament, Pau Juvillà (c), acompañado por sus compañeros de partido.

ERC quiere defender los derechos del diputado de la CUP Pau Juvillà -condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a seis meses de inhabilitación- y seguirá posicionándose a favor de que pueda mantener su escaño hasta que no haya una sentencia firme, pero no quiere bloquear al Parlament más allá de 48 horas.

Este martes, la Mesa del Parlament ha propuesto paralizar la actividad parlamentaria hasta que se vote en la Comisión del Estatuto del Diputado si hay que retirar el acta a Juvillà, a quien la Junta Electoral Central (JEC) exige despojar del escaño de forma inmediata.

El objetivo de la iniciativa es visibilizar la unidad de "la mayoría del 52%" independentista que representan ERC, JxCat y la CUP en relación con el caso Juvillà, inhabilitado por no haber descolgado lazos amarillos de la Paeria de Lleida en período electoral.

Favorables a desconvocar actos parlamentarios

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha indicado esta tarde en una rueda de prensa que su grupo tiene claro que "la represión no se puede normalizar" y que, por este motivo, se ha mostrado favorable a que "se desconvoquen" actos parlamentarios durante uno o dos días, de acuerdo con la resolución de la Mesa.

Estos dos días como máximo tienen que servir, ha explicado, para que la Comisión del Estatuto del Diputado se reúna de nuevo para aprobar otro dictamen sobre la situación de Juvillà.

"Ahora bien -ha puntualizado la portavoz republicana- tan importante es no normalizar la situación de represión persistente como defender también la soberanía del Parlament y los derechos de todos los diputados y los ciudadanos".

Esto debe traducirse, ha explicado, en mantener una posición de equilibrio entre la defensa de los derechos de un diputado con los derechos de todos los demás diputados, lo que implica que ERC "no quiere bloquear el Parlament".

En paralelo, el grupo republicano ha anunciado que hará "propuestas proactivas" y si hace falta "cambios reglamentarios y en leyes" para proteger mejor al Parlament "de las injerencias de órganos administrativos como la JEC o de tribunales que quieren alterar mayorías parlamentarias".

Un problema "grave" de salud de Juvillà

La maniobra de la Mesa del Parlament se ha activado después de que Juvillà, secretario tercero de la Mesa del Parlament, anunciara este lunes que frena su actividad política habitual por un problema "grave" de salud, aunque no renuncia a su escaño, pese a que la JEC ordenó el pasado jueves a Borràs que le retire el acta de diputado y le dio un plazo de cinco días para hacerlo.

En caso de que la Mesa acuerde la suspensión de la actividad parlamentaria, todo quedará pendiente de que se reúna próximamente la Comisión del Estatuto del Diputado, para tomar una decisión en relación con el escaño de Juvillà.

Juvillà no participa en la reunión de la Mesa de este martes porque se está sometiendo a unas "pruebas médicas", cuyos resultados marcarán cómo su "situación de salud complicada" determina su actividad parlamentaria.

Ante esta circunstancia, la CUP ha propuesto al diputado Carles Riera como sustituto de Juvillà en la Mesa. El objetivo de esta sustitución es seguir haciendo la labor que realizaba Juvillà en la Mesa, garantizar la mayoría independentista y "la defensa de los derechos de los diputados y la soberanía del Parlament".

La insistencia del diputado de la CUP en mantener el escaño pese al plazo dado por la JEC para que le sea retirada su condición de diputado podría situar a Borràs en una posición delicada: o desobedece la orden de la Junta Electoral y se expone a un proceso judicial, o la acata y se arriesga a los reproches de una parte del independentismo que exige firmeza frente al Estado.