El Congreso aprueba la ley que penaliza el acoso a las mujeres en centros abortivos sin el apoyo de PP y Vox

• Vox ha avisado de que recurrirá al Tribunal Constitucional, mientras que el PP ha asegurado que estudiará hacerlo
• La norma castigará a los infractores con penas de prisión de tres meses a un año

Miembros de la Plataforma Derecho a Vivir realizan una acción en los alrededores del Tribunal Constitucional de Madrid

Todos los grupos del Congreso, salvo el PP y Vox, han respaldado la ley que castigará penalmente a quienes acosen a las mujeres que acuden a una clínica para interrumpir de forma voluntaria su embarazo, con lo que la iniciativa pasará ahora a tramitarse en el Senado.

La mayoría del Pleno del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la proposición de ley impulsada por el PSOE que modifica el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres y a los trabajadores de las clínicas en las que se practican abortos.

La norma castigará a quienes se concentran a las puertas de las clínicas abortivas y hostigan y coartan la libertad de las mujeres con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

Además, durante su tramitación parlamentaria, los grupos han acordado que este tipo de acoso pueda ser perseguido sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer que los ha sufrido.

El PSOE critica al PP por votar con Vox

Laura Berja, la diputada socialista encargada de defender la propuesta en sede parlamentaria, ha criticado duramente al PP por su rechazo al texto y le ha acusado de haber elegido, una vez más, junto a Vox "el bando incorrecto".

Ambos partidos se han opuesto desde el principio a la iniciativa contra la que presentaron sendas enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas.

Desde el PP, Teresa Angulo ha insistido en que la iniciativa tiene un "claro sesgo ideológico" que "atenta" contra la tolerancia y la libertad, de forma que no pretende solucionar un problema real, sino impedir los derechos de reunión y expresión. "No quieren tipificar el acoso, sino restringir por censura previa el derecho de expresión, algo que prohíbe la Constitución", ha asegurado Angulo.

Por su parte, Lourdes Méndez, parlamentaria de Vox, ha acusado al PSOE de "defender a los empresarios del aborto y no a las mujeres". Mantienen también que, este cambio en el código penal va en contra de la constitución porque "no respeta la libertad de expresión". El grupo liderado por Santiago Abascal ya ha asegurado que recurrirá la medida ante el Tribunal Constitucional.

El PP duda de la constitucionalidad de la norma y Vox la llevará al TC

El Partido Popular, tras reunirse este jueves en la Cámara Alta con representantes de asociaciones antiabortistas, ha anunciado estudiarán presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC.

"Los estudios apuntan a que no es constitucional. Avanzaremos con todas las medidas que podamos", ha dicho el senador del PP Javier Puente en una rueda de prensa en la Cámara alta, en la que ha remarcado que prefiere "estar en la cárcel que en la pérdida de libertades".

Por su parte, el senador de Vox Jacobo González-Robatto, en esa misma rueda de prensa y tras reunirse con las asociaciones, ha asegurado que su formación acudirá a todas las instancias posibles, incluido el Constitucional, al considerar que la futura norma es una "negligencia".

Ambos senadores han coincidido en que la proposición de ley socialista, que modifica el Código Penal, "coarta" libertades individuales como las de expresión o información.

El resto de grupos, a favor de la medida

A diferencia del PP y Vox, el resto de grupos parlamentarios que han tomado la palabra han aplaudido la propuesta.

"El rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar", ha espetado la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde, que ha asegurado que cuando una mujer decide abortar lo ha pensado mucho porque es una decisión "tremendamente dura y difícil", como para que se encuentren con una "horda de integrista".

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha rechazado los argumentos del PP y Vox, ya que ha insistido en que quien se concentra frente a las clínicas son "energúmenos" que con sus acciones amedrentan a las mujeres, en tanto que Pilar Calvo, del Grupo Plural, ha aplaudido también la aprobación del texto.

Desde Ciudadanos, la diputada Sara Giménez, ha advertido de que las mujeres ya han dado muchas explicaciones y han sufrido "muchísima desigualdad". "Ya está bien", ha dicho.

Organizaciones contra el aborto dicen que la ley "no pondrá freno" a su acción

El representante de Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja, ha denunciado que la norma responde a "una obsesión enfermiza por implantar la cultura de la muerte" y es "desproporcionada" porque "abusa de lo que supone una modificación del Código Penal".

Por su parte, la fundadora de Rescatadores Juan Pablo II, Marta Velarde, ha asegurado que una futura aprobación de la ley "no pondrá freno" a su acción en los centros abortivos. "Estamos felices de ayudar a los bebés y, sobre todo, a las mujeres", ha añadido.

Marquesinas que animan a "rezar" ante las clínicas

Esta medida llega en medio de la polémica suscitada a raíz de la campaña publicitaria en marquesinas puesta en marcha por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) que anima a "rezar" ante las clínicas abortistas.

Una decena de ayuntamientos decidieron retirar de marquesinas y soportes publicitarios la polémica campaña, al considerar que vulnera los derechos de las mujeres, aunque otros, como Madrid y Córdoba, la van a mantener.

Los controvertidos carteles, con el lema "Rezar frente a las clínicas abortistas está genial", se colocaron en 250 soportes de 33 ciudades, en respuesta a esta proposición de ley.

Reforma de la ley del aborto

Esta ley es un paso más para garantizar el derecho al aborto a la espera de que el Ministerio de Igualdad ultime el borrador de la reforma de esta ley busca asegurar la "accesibilidad, gratuidad y equidad territorial" en la interrupción voluntaria del embarazo, objetivo que se recogía en la consulta pública abierta por el departamento que dirige Irene Montero.

Montero ha dicho en varias ocasiones que el borrador estaría listo a finales de diciembre, pero de momento no se conocen los detalles del texto, en el que Igualdad apostaba por incluir dos formas de violencia contra la mujer hasta ahora no están reconocidas como tal: la violencia obstétrica y la gestación subrogada.

Además de incluir la educación sexual integral con enfoque de género en todas las etapas, el borrador, tal y como han manifestado desde Igualdad en varias ocasiones, eliminará la necesidad del consentimiento paterno que se exige a las chicas de 16 y 17 años que quieren abortar, un requisito que introdujo el gobierno del PP en 2015