El nuevo modelo de residencias que plantea el Gobierno: un punto de partida con "margen de mejora"

• Asociaciones, plataformas de familiares y sociedades científicas analizan el borrador presentado a sindicatos y patronal
• Incluye medidas como fijar un tope de 90 plazas en nuevos centros y aumentar el número de habitaciones individuales

Un hombre camina por las zonas comunes de una residencia de Barcelona, en abril de 2020.

Mucho antes de que una pandemia convirtiera a las residencias de mayores en el epicentro de la desgracia, ya había infinidad de voces reclamando un nuevo modelo para estos centros que pudiera garantizar una atención personalizada y un trato más digno. El objetivo era, en definitiva, lograr una transición entre un sistema todavía vinculado al concepto de "asilo" y una nueva fórmula residencial que se acerque a la idea de "hogar".

Después de que la COVID-19 provocara una trágica oleada de muertes en residencias y destapara las deficiencias que están en la base del modelo actual, el Gobierno se ha comprometido a impulsar el cambio y ya hay algunas medidas sobre la mesa. Entre ellas, que los centros tengan al menos un 65 % de habitaciones individuales o que los nuevos edificios que se construyan sean de menos de 90 plazas y estén divididos en unidades de convivencia.

El paquete de medidas está incluido en el borrador de trabajo que la Secretaria de Estado de Derechos Sociales ha compartido con sindicatos y patronal para que lo negocie la mesa del diálogo social y se puedan acordar criterios comunes de acreditación y calidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo negocia con las comunidades autónomas, que tienen la competencia sobre este asunto, los requisitos mínimos que deben cumplir en todo el país. Lo previsto es tenerlo todo listo su aprobación en un Consejo Territorial antes de finales de marzo.

Según varias entidades, asociaciones y sociedades científicas vinculadas a las residencias mayores, el borrador es un punto de partida que recoge bien los objetivos pero que se puede mejorar respecto a las medidas. Además, no deja claro cómo se llevará a cabo, en la práctica, esa transformación.

La teoría queda clara, pero no la forma de materializarla

Según ese documento, al que ha podido acceder RTVE.es, los·"principios rectores" del nuevo modelo de atención son: la dignidad y respeto a las personas en todos los ámbitos de su vida y a lo largo de todo el ciclo vital; la atención centrada en la persona; la participación, control y elección de lo que sucede en su propia vida; el derecho a la salud y al bienestar personal; y la vida activa en comunidad.

Desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), que ha mantenido varias reuniones con el Ministerio de Derechos Sociales por este asunto (la más reciente, esta misma semana), aseguran que la teoría es buena, pero desconfían de la práctica:

"El borrador tiene avances indudables con relación a los acuerdos de acreditación que habia hasta ahora y que son del año 2008. Entendemos que el Gobierno ha detectado cuál es el problema y, como muy bien ha dicho en alguno de los borradores (este es el tercero), se trata de hacer las cosas pensando en la atención que tienen que recibir las personas mayores (...) El problema lo vemos a la hora de materializarlo porque ya se empieza a mirar cómo van a reaccionar las empresas que tienen en su poder la gestión del 89% de las residencias del Estado", señala el presidente de esa plataforma, Miguel Vázquez.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, también implicada en el rediseño de las residencias, celebra la iniciativa del Ejecutivo y se alegra de que el plan teórico recoja algunas de sus propuestas, pero critica que no esté acompañado de una memoria económica que incluya, por ejemplo, las estimaciones de costes por plaza.

"No se puede presentar un documento a la mesa de diálogo civil y social y a las comunidades autónomas sin tener un análisis de coste y una memoria económica para ver quién paga qué. Eso me parece muy poco serio. El borrador no es más que un ejercicio intelectual, están claros los principios pero yo soy más de ver los finales", recalca su presidente, José Manuel Ramírez.

De hecho, fuentes de la patronal han explicado a Efe que el espíritu y los objetivos del nuevo modelo de cuidados con mejores ratios y salarios puede ser compartido por todos, pero han reclamado al Gobierno que cuantifique su coste, porque consideran que supondrá "un encarecimiento brutal" de los servicios y dudan de que pueda ser asumido por todas las comunidades autónomas.

Las reuniones de la mesa del diálogo social continuarán la próxima semana para analizar la propuesta en debates por grupos de trabajo por separado que abordarán residencias, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio. El próximo 14 de febrero está previsto otro encuentro más para revisar el documento de manera conjunta y su coste económico.

Menos de 90 plazas y al menos un 65% de habitaciones individuales

El documento que está sobre la mesa en estos momentos señala que los edificios cuya construcción comience tras la transposición normativa no podrán superar las 90 plazas residenciales. En el caso de los previamente acreditados, o en proceso de acreditación, deberán presentar un plan de adecuación para sectorizar el centro en unidades independientes entre si, de forma que cada una de ellas no supere ese número de plazas.

Desde Marea de residencias apuntan que una versión anterior del documento se planteó ese límite en 50 y se sienten muy "decepcionados" por el paso atrás. "Nos ha sorprendido. Entendemos que para que realmente tengan una especie de hogar no puedes meter a tantas personas (...) Hay bastante margen de mejora en el borrador pero no perdemos la esperanza de que se pueda pulir mucho más", señala Mariví Nieto, portavoz de esa plataforma en la que piden alejarse del "marketing" y que haya un compromiso real de que van a cambiar las cosas.

Para Vázquez, ese cambio en el tope de plazas responde a las "presiones" y a la preocupación por "cómo van a reaccionar" las empresas que tienen en su poder la gestión del 89% de las residencias, que son privadas.

En cambio, Lourdes Bermejo, vicepresidenta de Gerontología en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), cree que el límite de 90 es equilibrado, teniendo en cuenta la "viabilidad", y cree que ya supondrá un gran salto: "En España aún hay residencias con más de 300 plazas, heredadas de cuando eran del IMSERSO. Hay muchísimas públicas y privadas también muy grandes. Sin duda el tamaño de un centro es muy importante, pero hay que encontrar un equilibrio para hacer viable la gestión económica y profesional", dice la gerontóloga, que añade:

"No podemos pensar en políticas públicas imposibles de desarrollar sabiendo el reto demográfico al que tenemos que dar respuesta. El tamaño que define el borrador ahora puede permitir la sostenibilidad a la vez que proporcionar unos estándares adecuados para vivir en ellas. Pensemos que aunque sean 90 plazas, el objetivo es que en su interior se encuentre dividido y distribuido en unidades de convivencia. La persona que allí viva debe de sentir que lo hace en un lugar más agradable, personalizado, más familiar, con compañeros y trabajadores que conoce, en un espacio en el que puede hacer más cosas y tener más libertad. Lo que es absolutamente novedoso e imprescindible es qué en España se abandone el concepto de residencia como institución (mucho más como macroinstitución)", sostiene la gerontóloga.

El rediseño de residencias también habla de las características que tendrán que tener los edificios que alberguen estas viviendas colectivas. Por ejemplo, señala que los centros residenciales estarán ubicados en suelo urbano y garantizarán a los usuarios el acceso y la proximidad a espacios de actividad social y comunitaria para favorecer su participación.

Sobre esto, Ramírez señala que, como objetivo teórico está muy bien, pero que será difícil de cumplir si no se incluye en el plan la reserva de suelo dentro de los planeamientos urbanos de los ayuntamientos: "Es una barbaridad que el documento no recoja esto porque si no será imposible que las residencias estén donde tienen que estar, que estén integradas dentro de esa proximidad. Luego todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque se construyen las residencias a las afueras de las ciudadades".

Por otro lado, el borrador marca que nuevos centros dispondrán de, como mínimo, un 65 % de habitaciones individuales y los previamente acreditados o en proceso al menos tendrán un 35 % de habitaciones de un solo residente, una medida que, según las entidades consultadas, supondrá una gran mejora, aunque la cifra sea aún "mejorable". Marea de Residencias y Pladigmare, por ejemplo, habían pedido que ese mínimo se sitúe en el 75%.

Un aumento de ratios de personal aún "insuficiente"

Una parte de la teoría que convence más es la de promover que las personas residentes gocen simultáneamente de espacios que preserven debidamente su intimidad y espacios de uso colectivo que sean configurados en "unidades de convivencia" estables. Estas unidades en ningún caso podrán superar las 15 personas y estarán compuestas por un espacio común que incluye cocina, comedor y sala de estar y, preferentemente, dispondrán de acceso a un área exterior, tipo terraza o jardín.

Además, esto espacios estarán personalizados por los propios residentes y los centros deberán facilitar conexión a Internet de forma gratuita, tanto en espacios comunes como privados, y poner a disposición de las personas residentes dispositivos para el acceso a la Red.

Estos, según Vázquez, son propósitos muy oportunos, pero ve difícil que se puedan cumplir con las ratios de personal que plantea el borrador: "Las ratios que se establecen son totalmente insuficientes. Nosotros hemos calculado que serían necesarias unas ratios del 1,13 distribuidas entre 0,45 por la mañana 0,45 por la tarde y 0,23 por la noche, mientras que el borrador del Gobierno establece unas ratios que van del 0,33 al 0,40", señala Vázquez.

Algo que también llama la atención en el borrador respecto a las ratios es que son diferentes, dependiendo de si se trata de residencias para mayores o residencias para personas con discapacidad, y esto es algo que tanto Vázquez como Bermejo piden cambiar. "Si en ambos casos la situación de dependencia es alta, no entendemos por qué no pueden tener el mismo personal de atención directa", dice la gerontóloga.

El texto en el que trabaja el Ejecutivo también establece nuevos requisitos de titulación de los trabajadores y apuesta por mejorar la formación continua del personal de cuidados, incluyendo áreas como la aplicación de protocolos sanitarios, la utilización de los EPI o el respeto a los derechos humanos.

Del mismo modo, plantea poner límites a la temporalidad y parcialidad en las contrataciones con medidas como la de garantizar un 75 % de contratos indefinidos sobre el total de contratos, salvo causa justificada y acreditada por falta de oferta de personal.

Bermejo ve importante esto último, pero entiende que debe ir acompañado de una mejora salarial para que haya más profesionales que quieran trabajar en residencias y vean reconocida su labor. Ramírez opina igual: "Mientras les estemos pagando 700 u 800 euros no se va a querer hacer fijo nadie".

Coordinación para la atención sanitaria y social

En materia sanitaria, el documento señala que se facilitará el acceso a la historia clínica, el intercambio de información social, el acceso a recetas electrónicas, la gestión de pruebas complementarias, la interconsulta, la coordinación y revisión de casos, así como el uso de teleconsulta, el envío y recepción de análisis clínicos y la implantación de la tecnología que automatice procesos.

También menciona que los centros residenciales de más de 30 plazas contarán con un profesional sanitario "de enlace" para la coordinación de la atención.

Amnistía Internacional, que lleva desde el inicio de la pandemia denunciando vulneraciones de derechos humanos en residencias y que esta semana ha organizado un acto junto a familiares de mayores fallecidos en estos centros, valora positivamente algunos puntos del este apartado del borrador, pero creen que es aún mejorable.

"Seguimos echando en falta que se especifique que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible", indican a RTVE. es desde esa organización que también cree que las instrucciones y los criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios "en ningún caso" pueden incluir criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria.

En cuanto a las sujeciones a los residentes, otro asunto que los agentes sociales pedía abordar, se establece que se llevarán a cabo de manera "excepcional y temporal", se aplicarán con la mínima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario, y siempre que se haya constatado el fracaso de otras medidas alternativas. Según Bermejo, esto debe "acotarse" más, "con medidas muy concretas", para garantizar "el derecho de los mayores a ser cuidados sin sujeción".

Inspecciones y visitas de familiares

Por otra parte, el texto menciona que los centros serán sometidos a inspección, control y seguimiento para asegurar el cumplimiento de lo acordado. Las administraciones competentes deberán garantizar al menos que haya un inspector por cada 30 centros de atención residencial de los acreditados en su ámbito, con independencia de que esas unidades alcancen también los centros de día u otros servicios sociales.

Lo previsto, sin embargo, no contenta del todo a Amnistía Internacional, que pide que se cree un "sistema de denuncias" que garantice el anonimato y los recursos adecuados para el seguimiento efectivo de las mismas y la adopción de medidas de corrección sin demora. También ven necesario garantizar que se dé respuesta a las denuncias interpuestas y que se especifique que las inspecciones se han de hacer de forma regular y sin previo aviso.

Sobre este punto lo que ha propuesto la SEGG al Gobierno es que haya transparencia. Es decir, que la ciudadanía pueda acceder a la información relacionada con las inspecciones por las que haya pasado cualquier residencia pública o privada.

En cuanto a la relación de los usuarios de residencias con su entorno familiar —un ámbito muy deteriorado durante la pandemia— el propósito del Gobierno parece ser reforzarlo. Así, entre otras medidas, se promoverá la participación de las familias en el proceso inicial de adaptación y en los cuidados, se implementarán canales de comunicación permanente, se celebrarán reuniones periódicas para intercambio de información y se facilitará que las personas residentes puedan recibir visitas de sus familiares y personas allegadas siempre que lo deseen, "sin más límites que los derivados de la convivencia y necesaria organización de cualquier hogar".

Las dos plataformas de familiares consultadas, en cambio, piden medidas más específicas. Vázquez, por ejemplo, veía necesario que hubiera órganos de representación formados por familiares, que no están contemplados. "Creemos que tenemos que ser una pieza fundamental del nuevo modelo porque la mayoría de nuestros familiares tienen una gran dependencia, no son capaces de luchar por sí mismos por sus derechos", agrega Nieto.