La Audiencia Nacional vuelve a imputar a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé por la investigación en el caso Villarejo

• Contrataron al excomisario para, presuntamente, espiar al entonces jefe de Sacyr
• El auto asegura que la investigación revela indicios de conductas calificables como cohecho

Detalle del logotipo de Repsol en una gasolinera y logotipo del banco Caixabank

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha corregido al juez instructor y ha vuelto a imputar a Repsol y CaixaBank, así como al presidente de la primera, Antonio Brufau, y el expresidente de la segunda, Isidro Fainé, por la contratación por parte de ambas empresas del comisario José Manuel Villarejo para, presuntamente, espiar al entonces jefe de Sacyr, Luis del Rivero.

Así se recoge en un auto de este mismo lunes al que ha tenido acceso RTVE, en el que la Sección Tercera asegura que la investigación practicada hasta la fecha revela la existencia de indicios de conductas delictivas calificables como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. En concreto, el encargo elaborado por Cenyt, el grupo de Villarejo, se habría llevado a cabo "a cambio de un precio que fue abonado por las empresas comitentes" y "que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones".

Ante la decisión judicial, Repsol ha manifestado "la absoluta corrección de las actuaciones llevadas a cabo por la compañía y sus consejeros y empleados en este asunto". Y hacen referencia al sobreseimiento de la causa al considerar que la compañía tenía implantado “un sistema de prevención y cumplimiento eficaz”, y que el juez determinó “la ausencia de indicio alguno respecto de la participación directa o indirecta de los presidentes de ambas compañías” en los hechos investigados.

No obstante, la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luis del Rivero y Podemos contra el auto del juez instructor, Manuel García-Castellón, del pasado 29 de julio, en el que acordó el sobreseimiento provisional para los mencionados.

Pieza del 'caso Tándem'

La decisión judicial se da en el marco de la pieza 21 del 'caso Tándem' en la que se investiga la contratación en 2011 por parte de ambas mercantiles a CENYT con el presunto objetivo de que espiara a Del Rivero para impedir que se hiciera con el control de Repsol, empresa de la que CaixaBank es uno de los principales accionistas, a través de su alianza con la empresa mexicana Pemex.

En lo que respecta a Brufau, el magistrado acordó su sobreseimiento porque no constaba en la causa "más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente" la contratación de CENYT.

Sin embargo, la Sala argumenta que aunque no hubiese documentos que lo acreditase, si que existen "indicios de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación, así como de otras dirigidas a reaccionar contra el pacto SACYR-PEMEX, partió del señor Brufau".

El auto revela que, "el informe recoge que, probablemente, en alguna de las habituales conversaciones que Antonio Brufau Niubó mantenía con el presidente de CAIXABANK Isidro Fainé, dada la confluencia de intereses, acordaron compartir los servicios de CENYT".

En este punto, además, señalan que el propio presidente de Repsol habría sido "informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo CENYT, alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos".

Además, el tribunal analiza las declaraciones realizadas en el juzgado por el responsable de seguridad de Repsol, Rafael Araujo, y se reafirman en que "hay indicios de que la orden de investigar pudo partir de la Presidencia" de la compañía, añadiendo además que "el presidente pudo ser informado de sus resultados".

La sala alude a las declaraciones de Fainé, expresidente de Caixabank

En lo que respecta al expresidente de Caixabank, Isidre Fainé, la Sala incide en que las diligencias practicadas hasta la fecha también obligan a que continúe en el procedimiento. Y, en este contexto, hacen expresa alusión a unas declaraciones del propio expresidente de Caixabank.

"El señor Fainé ha reconocido en sus declaraciones el impacto que el acuerdo SACYR-PEMEX podía tener para Caixabank, en cuanto accionista de REPSOL, al afectar al poderse producir cambios en la composición de las mayorías de capital con acceso al control de esta última compañía", relatan.

En las mismas, recuerdan los magistrados, Fainé señaló que estaba de acuerdo, al hablar con Brufau, en que los departamentos de seguridad de sus respectivas compañías colaborasen en el asunto SACYR-PEMEX. Y es que, aunque Brufau no admitiese "que conociese que Villarejo fuese miembro del Cuerpo Nacional de Policía en activo, sí reconoce que estaba al tanto de la contratación de un servicio externo de seguridad", apunta la Sala.

La sala alude a que, Miguel Ángel Fernández Rancaño, en su declaración judicial como investigado el 15 de diciembre de 2020, afirmó que, "tras recibir del investigado José Manuel Villarejo Pérez los informes elaborados, despachaba directamente estos temas con el propio Isidro Fainé Casas, como un punto más de las reuniones que ambos mantenían, pues así se lo había indicado su inmediato superior".

Así las cosas, y en relación con Repsol y Caixabank, la Sala incide en que hay "base indiciaria suficiente para contemplar una posible exigencia de responsabilidad penal" a sendas compañías, por lo que procede en este punto realizar una serie de diligencias antes de tomar una decisión respecto a estas dos personas jurídicas.

Dudas sobre el modelo de prevención de delitos

En un primer momento, el juez García-Castellón concluyo que ambas empresas llevaron a cabo un modelo de prevención de delitos con reglas anticorrupción y controles para evitar la contratación de un funcionario público, por lo que procedió al sobreseimiento de la causa.

Sin embargo, el tribunal considera que la instrucción no puede darse por finalizada sin haber practicado antes diligencias de declaración y sin haberse aportado la documentación de soporte del informe de KPGM aportado por Repsol para poder analizar su modelo de prevención establecido.

Los jefes de seguridad, procesados por contratar a Villarejo

En el marco de esta pieza, el juez instructor confirmó el pasado mes de noviembre el procesamiento de los ex jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño por el presunto encargo a Villarejo, rechazando sus recursos de reforma.

El magistrado insistía en atribuir la contratación de Villarejo a Araujo y alegaba que, salvo él mismo, "ninguna de las demás personas que han declarado en la causa, ni el investigado Rafael Girona, ni los integrantes de la dirección de seguridad de Repsol conocían la existencia de CENYT".

Además, el juez remarcaba que, aunque se argumenta que Repsol y CaixaBank acudieron a Villarejo para neutralizar la ofensiva de Sacyr y Pemex y para evitar que fuera contratado por estas dos últimas, la investigación de CENYT sobre Del Rivero "se centró en aspectos personales" y continuó después de que dejara de presidir la compañía constructora y de que los acuerdos con la petrolera mexicana quedaran sin efecto.

García-Castellón respondió en la misma línea a Fernández Rancaño al afirmar que, "atendiendo a lo actuado en la presente pieza -y no en ninguna otra- puede concluirse que sí existen indicios de la comisión de delito por parte del investigado".