El director adjunto operativo de la Policía niega haber intervenido en la operación de la entrada de Gali a España

• El alto mando asegura que no informó a sus superiores porque la información que manejaba era inconcreta
• No tenía comunicación oficial por parte del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Asuntos Exteriores

El líder polisario Brahim Gali

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha asegurado este lunes en sede judicial que no informó a sus superiores en el Ministerio del Interior sobre la llegada de Brahim Gali porque la información que manejaba era inconcreta, ya que le alertaron de que aterrizaría en Zaragoza un dirigente saharaui, pero no le precisaron de quién se trataba. Asimismo, niega haber intervenido en la operación que se activó tras su entrada.

En respuesta a las preguntas formuladas tanto por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, como de los representantes de las acusaciones populares, el alto mando operativo ha remarcado que antes del 18 de abril, fecha de la llegada del avión que transportaba a Gali, desconocía quien era esta persona.

Según fuentes presenciales de la comparecencia a EFE, el DAO ha explicado que ese día recibió un "chivatazo" del comisario jefe de Información, Eugenio Pereiro, acerca de la llegada de "uno de los líderes del Frente Polisario", aunque sin hacer referencia a identidad alguna, ha añadido.

El alto mando ha insistido en que no tenía comunicación oficial por parte del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Asuntos Exteriores de la llegada de Gali, pese a que esta información ya era conocida por la ministra Arancha González Laya y su jefe de gabinete días antes, según reconocieron ambos investigados durante sus interrogatorios. Asimismo, ha señalado que no intercambió información con ninguno de los dos Departamentos.

Niega haber intervenido en el operativo

Según ha dicho, dejó el caso en manos del comisario, quien acordó constituir un operativo de seguimiento desde la Base Aérea de Zaragoza hasta el Hospital San Pedro de Logroño, a donde fue trasladado Gali por un cuadro de COVID-19 agravada.

Estas declaraciones confirman parcialmente las realizadas a finales del pasado mes de noviembre por el propio Pereiro, quien admitió haber tenido una información previa sobre la llegada de Gali por una persona cuya identidad se negó a revelar.

El DAO ha añadido que oficialmente no se verificó la identidad del líder polisario hasta el 5 de mayo, 17 días después de su llegada a España, tras la orden dada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mantenía abiertas entonces dos causas por genocidio contra Gali, para que se comprobara si era dicha persona.

González Jiménez estaba llamado a declarar en calidad de testigo ante el juez Rafael Lasala en el marco de la investigación sobre la entrada en España de Gali. El magistrado acordó la citación con la intención de esclarecer si tuvo conocimiento de la llegada del político saharaui, que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza la noche del 18 de abril de 2021 sin pasar por controles de frontera ni de documentación.

El pasaporte de Benbatouche

Tras el DAO, ha comparecido ante el juez el inspector jefe del Grupo de Información de la Policía Nacional a petición de las acusaciones para que aclarar los motivos por los que no se investigó de oficio la posible falsedad documental derivada de la utilización por parte de Gali de un pasaporte falso a nombre de Mohamed Benbatouche.

Según las fuentes citadas, este mando policial ha explicado que se desplazó al Hospital de Logroño para confirmar que la persona ingresada era Brahim Gali y no para verificar la presunta falsedad de pasaporte utilizado.

Tras hacerle observar el instructor que si el pasaporte era falso, tenía la obligación de perseguir el delito e insistir el testigo en que esa no era su misión, el representante de una de las acusaciones, el letrado Antonio Urdiales, ha pedido al juez que se dedujera testimonio de sus manifestaciones por un presunto delito de omisión de persecución de un delito.

El magistrado ha rechazado pronunciarse en ese momento sobre la petición del abogado, a quien le ha instado a presentar su petición por escrito.

Tras las declaraciones de ambos mandos policiales, Urdiales ha apuntado la posibilidad de volver a llamar a declarar a la jefa de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo, que ya compareció como testigo, y del exjefe del gabinete de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, Camilo Villarino, investigado en la causa.