Los magistrados de Túnez denuncian "abusos" contra el poder judicial tras la orden de disolver un órgano constitucional
- El presidente, Kais Said, ha decretado la disolución del Consejo Superior de la Magistratura, encargado de nombrar a los jueces
- La Asociación Tunecina de Jóvenes Magistrados (ATJM) considera que pone en peligro la independencia de la justicia
La Asociación Tunecina de Jóvenes Magistrados (ATJM) ha anunciado este jueves que denunciará al presidente de la República, Kais Said, por "abusos" contra el poder judicial después de que decretase la disolución del Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Este órgano constitucional, encargado de nombrar a los jueces, ha sido acusado de corrupción y sectarismopolítico por Said.
La ATJM ha explicado que presentará una querella ante la Unión Internacional de Magistrados (IUM) con pruebas que demuestran dichos "abusos" y que ponen en peligro la independencia de la justicia tunecina. Asimismo, ha defendido la formación de una comisión para examinar la legalidad del decreto presidencial, todavía pendiente de publicación.
Según ha informado el presidente, el CSM será remplazado por otro órgano provisional hasta la promulgación de una nueva ley, con el fin de "sanear" Túnez de la corrupción. "Algunos dudan de la disolución del Consejo. El pueblo quiere la depuración del sistema judicial", ha insistido el mandatario durante el Consejo de Ministros, en el que ha cuestionado la independencia de los jueces y su "autoridad omnipotente".
Un "golpe de Estado"
Desde que el 25 de julio de 2021 el presidente tunecino proclamase el Estado de excepción, que incluyó el cese del entonces primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social". Una iniciativa que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011.
“El último bastión de la imparcialidad judicial“
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha mostrado su preocupación por el desmantelamiento de la mayoría de controles institucionales en el país, en el que el CSM se había mantenido "como el último bastión de la imparcialidad judicial", por lo que ha instado al mandatario a rectificar su decisión. Dos semanas antes, Said decretó la supresión de los "privilegios" de sus 45 miembros, que corresponden a una prima mensual de 700 euros y un bono de 400 litros de combustible para los desplazamientos.
No obstante, el mandatario ha anunciado que el Parlamento seguirá suspendido hasta las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022, lo que significa su disolución de facto, mientras que el 25 de julio se llevará a cabo un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía con el fin de "recuperar su soberanía".
Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días. Las acciones posteriores del presidente, con varias prórrogas de estas medidas incluidas, han sido condenadas por el principal partido del país, el islamista Ennahda, que ha reclamado el fin de las medidas excepcionales.
Dos días de huelga y protestas de más de 200 magistrados
La Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT) anunció este martes una huelga de dos días en todos los tribunales del territorio en protesta contra esta violación "indignante". Este jueves, más de 200 magistrados y letrados han participado en una manifestación frente al Palacio de Justicia de la capital para protestar contra la desaparición de este órgano constitucional, creado en 2016.
En una reunión celebrada este miércoles junto al ministro de Exteriores, Othmen Jerandi, Said ha mostrado su sorpresa ante la indignación de la comunidad internacional y ha denunciado la existencia de "campañas engañosas". "Me pregunto por qué no se preocuparon por la desaparición de importantes sumas de dinero que dieron a Túnez. Nosotros estamos preocupados por sus preocupaciones. (...) Conocen perfectamente los excesos y los asesinatos que han ocurrido, pero parece que no les inquieta a ninguno", ha señalado el jefe del Estado.
Un día antes, los embajadores del G7- formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- y la Delegación de la Unión Europea en Túnez difundieron un comunicado para mostrar su "profunda" preocupación y defender que "una justicia transparente, independiente y eficaz, además del respeto al principio de separación de poderes, son esenciales para el funcionamiento de una democracia".
Naciones Unidas ha alertado también de la "falta de respeto" hacia las autoridades judiciales, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido al gobierno tunecino respetar sus compromisos sobre la independencia judicial, tal y como lo prevé la constitución, y priorizar la puesta en marcha de reformas económicas necesarias para estabilizar la grave situación financiera que padece el país.