El plan de regadíos de Doñana compromete su sostenibilidad: "Estamos llevando al límite el equilibrio ecológico"

• Los cultivos ilegales de frutos rojos y la sequía están mermando las reservas de agua subterránea del Parque Nacional
• El Parlamento andaluz ha aprobado una nueva regulación en la que se amnistiarán 1.400 hectáreas de regadíos irregulares

Explotación agrícola dedicada al cultivo de fresas

El Parque Nacional de Doñana se ha convertido en uno de los humedales más importantes del continente europeo gracias a su ubicación estratégica y a la gran diversidad de especies vegetales y animales que posee. A pesar de esto, lleva décadas sometido a diversos conflictos medioambientales: ha sufrido incendios, vertidos y numerosas alteraciones.

Ahora, el foco está puesto en sus acuíferos tras la aprobación de una nueva y polémica regulación de los regadíos por parte del Parlamento andaluz que amnistiará más de 1.400 hectáreas de cultivos ilegales a pesar del rechazo de la oposición, los ecologistas y los organismos internacionales ante el riesgo que supone para el futuro del Parque y de la agricultura de Huelva.

Ocultos bajo la superficie de dunas y pinares, los acuíferos son los encargados de ofrecer el agua dulce necesaria para mantener el ecosistema de toda la zona a través de las lagunas que pueblan todo el humedal. En total, Doñana posee cinco masas o balsas de agua subterráneas con diferentes características hidrológicas, aunque son gestionadas de manera conjunta.

Pero a las puertas del Parque, las poblaciones onubenses han ido creciendo gracias al cultivo de los frutos rojos, como las fresas, que precisan de una gran cantidad de riego. A raíz de esta actividad, se han creado miles de pozos, muchos de ellos de manera ilegal, que beben de las aguas subterráneas sin control, mermándolas poco a poco ante la alarma de expertos y ecologistas.

"Estamos llevando al límite el equilibrio ecológico"

"Está sobreexplotado, lleva muchos años en un estado mal estado", cuenta a RTVE.es el coordinador de la oficina técnica de Doñana de SEO/BirdLife, Carlos Davila. "Ese descenso en el acuífero ha generado la pérdida de las lagunas costeras o peridunales. Muchas han dejado de llenarse y otras que eran permanentes ya no se llenan nunca", explica.

Para Davila, esto producirá efectos directos en la biodiversidad porque "se están perdiendo las características ecológicas adecuadas para albergar grandes especies de aves y otros animales en peligro extinción". Sin agua, la flora y fauna asociada al humedal va disminuyendo. "Estamos llevando al límite el equilibrio ecológico de Doñana", añade el ecologista.

El profesor Miguel Rodríguez Rodríguez, del Área de Geodinámica externa de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), coincide en el riesgo que supone la desaparición de las masas subterráneas. "Las masas de Marismas, La Rocina y Almonte ya están en riesgo a nivel cuantitativo. Desde 2020 hay una declaración de riesgo del Ministerio para la Transición Ecológica porque no cumplen con los niveles", lamenta.

La sequía, la "otra pandemia"

Preguntado por una posible recuperación de las lagunas que aún persisten, el profesor de la UPO explica que los acuíferos, que están ubicados muy cerca de la superficie arenosa y alimentan estas masas de agua, son "transmisivos y permeables". "Cuando llueve se infiltra en torno a un 25 % del agua. Se recuperan rápido, pero claro, tiene que llover", indica.

El 2022 está siendo el segundo año hidrológico más seco de este siglo. Desde octubre, las lluvias en España fueron un 35 % inferior a lo normal y los embalses están al 44 % de su capacidad. Si ponemos la mirada en el sur de la Península, la Cuenca del Guadalquivir, la más extensa de la comunidad andaluza, se encuentra en una situación excepcional de sequía desde noviembre. Y las lagunas peridunales, que son precisamente las que mantienen la humedad del suelo y aportan la resistencia del entorno natural frente a las sequías, están en mínimos históricos.

"Hemos salido de una pandemia para entrar a otra hidrológica", dice Rodríguez, señalando que los últimos 10 años en Andalucía han sido iguales o inferiores en la media de precipitaciones. "Si los niveles de agua van paulatinamente bajando, se impone la explotación de los regadíos, se tienen sondeos... no mejora la situación. No sobran los recursos hídricos, hay que adoptar medidas de protección".

El 'Plan de la Fresa', antes y ahora

Desde el Gobierno andaluz se intentaba solucionar el problema de la sobreexplotación con el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana de 2014, también conocido como el 'Plan de la Fresa'. Este proyecto, consensuado entre la Junta, los agricultores y las diferentes administraciones, estableció la regularización de las fincas que estaban en riego con anterioridad al año 2004 y que no hubieran transformado zonas forestales a agrícolas sin autorización, y la obligación de eliminar la superficie regada sin permisos.

Pero ahora, el Parlamento andaluz ha sacado adelante la tramitación de urgencia del proyecto de una nueva regulaciónen la que se amnistiarán a numerosas de estas plantaciones mediante el aplazamiento de la fecha a 2014. El texto, propuesto por PP, Cs y Vox, será aprobado definitivamente entre abril y mayo.

El Parlamento andaluz aprueba la nueva regulación del regadío en Doñana con la abstención del PSOE

La medida, sin embargo, no está exenta de polémica. Ha recibido el rechazo de Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía, los grupos ecologistas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), así como de aquellos agricultores que cumplen con los requisitos legales del 'Plan de la Fresa' original.

Los tres partidos que han presentado la iniciativa defienden que no afectará al Parque Nacional de Doñana y aseguran que solo se legalizarán 800 hectáreas de regadíos, tratando de dar solución a un problema enquistado durante años para los agricultores del Condado de Huelva. Desde las asociaciones ecologistas, en cambio, discrepan y denuncian que se concedería la amnistía a entre 1.400 y 1.900 hectáreas.

Según el coordinador de proyectos de agua y agricultura de WWF, Felipe Fuentelsaz, la legalización "supondrá un incremento del consumo hídrico de entre siete y nueve hectómetros cúbicos anuales, lo que tendría un efecto dramático para el acuífero".

"Estamos viendo que se comenta que eso no es en Doñana, que [el área de ejecución del plan] está a 30 km del Parque, pero es una afirmación ecológicamente ignorante", critica también Davila. "Si coges agua de un río en Córdoba, lo van a notar en el caudal en Sevilla. Esto es lo mismo pero bajo tierra".

La polarización del debate

Y no solo eso, todos los grupos ecologistas advierten de las repercusiones para la imagen de España, ya que el plan choca con los convenios internacionales, como el de Ramsar, y con los criterios de la propia Comisión Europea, que hace una semana amenazó con tomar medidas judiciales y recordó que contraviene una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia europeo (TJUE) por la desprotección del humedal.

"Todo esto es a cambio de escuchar a unos cuantos agricultores que están en la ilegalidad", insisten desde SEO/BirdLife. No obstante, señalan que es importante que el debate "no se polarice": "No es un enfrentamiento, no son agricultores contra quienes conservar la naturaleza".

“No se puede demonizar a los agricultores de frutos rojos que sí cumplen y tienen autorizaciones para hacerlo“

"No se puede demonizar a los agricultores de frutos rojos que sí cumplen y tienen autorizaciones para hacerlo", continúa Davila, asegurando que muchos de estos propietarios de cultivos "en absoluto se ven representados". "No se puede dar inmunidad a quien no tiene derecho sobre la tierra y el agua. Se está jugando sucio con el futuro", añade.

Desde WWF hablan también de "competencia desleal". "Esta proposición supone un agravio comparativo para aquellos agricultores legales que están haciendo bien su trabajo y que se van a ver perjudicados porque tendrán que compartir un recurso escaso como el agua y sufrir competencia desleal", explicó Fuentelsaz, en una rueda de prensa el pasado martes.

El investigador del CSIC y director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, tampoco considera que sea beneficiosa la regularización para los cultivos legales. "Todo tiene un coste en tiempo y dinero, para los agricultores ha sido un esfuerzo cumplir con la ley", cuenta a RTVE.es.

El Plan de la Fresa: polémica por la nueva regulación de los regadíos en Doñana

En su opinión, la nueva regulación abre "un problema social" en el que es complicado alcanzar un consenso como el que ya se hizo en 2014. Asimismo, defiende que más allá de las decisiones políticas hay que cumplir con la legalidad y con los convenios, "y España no lo está haciendo".

Eso, señala, tendrá muchas consecuencias para los ciudadanos, ya sea por los costes de los posibles procesos judiciales que se abran a partir de ahora para revertir el plan, como por la "pérdida del valor de Doñana", que podría reducir la demanda de productos del sur de España: "No se hará una distinción entre un cultivo legal o ilegal, serán todos lo mismo. Y es una pena, porque ganar una imagen de marca cuesta mucho".

Fuentelsaz comparte opinión. "La Comisión Europea ha sido muy clara, tiene una honda preocupación. Nos estamos jugando una multa millonaria que pagaremos todos los españoles por amnistiar a unas personas que no tienen un uso legal del agua", asegura a TVE.

Cierre de pozos, menos consumo y un posible trasvase

Los ecologistas tienen claro cuál es la solución: cerrar los más de 1.000 pozos ilegales, eliminar las fincas sin permisos y fomentar el ahorro de consumo. Rechazan, eso sí, realizar un trasvase de agua desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, como proponen desde el PSOE-A. Las organizaciones aseguran que eso solo implica "traer más agua al mismo desorden territorial" y afirman que puede generar "el efecto llamada". "Es como si dijeran que podemos hacer lo que queramos porque traemos agua con un tubo", dice Davila.

"El trasvase es una solución coyuntural, pero no es la solución final. Es mejor que nada, pero el problema es la ordenación del territorio", dice por su parte el profesor Rodríguez, quien recuerda que el de Doñana es un tema complejo con muchos actores involucrados que tratan de velar por sus intereses. Aunque afirma que "no hay ninguna solución idónea, porque si no ya estaría aplicada", aboga por "una gestión integrada" adoptada por los técnicos y expertos que permita controlar la demanda agrícola y mantener el equilibrio.

Revilla, por otro lado, tampoco ve en el trasvase la solución final. "Con la sequía tampoco hay agua superficial para regar. Tenemos que plantear qué tipo de agricultura vamos a tener y comprender que no hay agua para tanto cultivo extensivo".