Ribera amenaza con llevar al Constitucional el plan de regadío de Doñana si este sigue adelante

• La ministra de Transición Ecológica ha advertido de que Andalucía no tiene competencias por el gran volumen de riego
• El Parlamento andaluz aprobó el jueves la polémica legalización del regadío con la abstención del PSOE

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la ley de regadíos de Doñana si sigue adelante

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este viernes que si la legalización de regadío en Doñana sigue adelante el Gobierno la recurrirá ante el Tribunal Constitucional "y pedirá la suspensión automática". La nueva regulación fue aprobada el jueves en el Parlamento andaluz con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox y con la abstención por sorpresa del PSOE, lo que ha llevado a un cruce de reproches entre socialistas andaluces y el Ejecutivo, que se opuso desde el principio a aumentar el riego en el entorno del Parque Nacional.

Ribera ha advertido además de que el Gobierno autonómico (de PP y Ciudadanos) no tiene competencias para regular el regadío, ya que por el volumen de agua que será necesario, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica sería la responsable de autorizarlo, y eso es algo "imposible" por la falta de agua en la zona, de la que ya alertó la propia Confederación. "Tan imposible que si esto saliera adelante el Gobierno recurriría esa ley ante el Tribunal Constitucional", ha afirmado durante una rueda de prensa.

"No se puede esconder la incapacidad de dar respuesta con algo sobre lo que tampoco tienen competencias, porque evidentemente ese volumen de riego es incompatible con el plan hidrológico, y por tanto correspondería a la Confederación y al Ministerio tomar una decisión al respecto", ha recalcado.

1.400 nuevas hectáreas de riego contra el criterio de Bruselas y el Gobierno

La polémica regulación aprobada por parte del Parlamento andaluz amnistiará más de 1.400 hectáreas de cultivos ilegales a pesar del rechazo de la oposición, los ecologistas y los organismos internacionales ante el riesgo que supone para el futuro del Parque y de la agricultura de Huelva.

La Comisión Europa mostró también su "honda preocupación" por cómo podría afectar el plan a unos acuíferos ya sobreexplotados y que dan vida al preciado humedal, el más grande de Europa. La Justicia europea ya condenó el pasado verano a España por no proteger este espacio natural y ha advertido de que podría volver a hacerlo si no cambia sus políticas.

A las críticas se sumó la UNESCO, ya que Doñana es Patrimonio de la Humanidad, y el Ministerio que dirige Ribera, que envió una carta al presidente andaluz, Juanma Moreno, alertando del peligro que supondría el nuevo plan para el equilibrio ecológico en la zona. El acuífero que nutre al humedal y a los cultivos de la zona fue declarado "sobreexplotado" en 2020 por la Confederación.

Los tres partidos que han presentado la iniciativa defienden que no afectará al Parque Nacional de Doñana y aseguran que solo se legalizarán 800 hectáreas de regadíos, tratando de dar solución a un problema enquistado durante años para los agricultores del Condado de Huelva. Desde las asociaciones ecologistas, en cambio, discrepan y denuncian que se concedería la amnistía a entre 1.400 y 1.900 hectáreas.