Marlaska enmarca los contactos sobre los presos de ETA dentro de las relaciones institucionales: "La ley no se negocia"

• "Instituciones Penitenciarias mantiene relaciones institucionales con colectivos que representan a distintos presos", ha dicho
• El ministro ha defendido que la política penitenciaria se aplica conforme a la legislación "con transparencia"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes la "máxima transparencia" aplicada en torno a los traslados de presos de ETA, y que desde este departamento se mantienen "relaciones institucionales" con todo tipo de colectivos de presos. Esos "encuentros", según ha afirmado, "nunca condicionan la aplicación de la ley penitenciaria" que, según ha asegurado, "no se negocia".

"La aplicación de la ley penitenciaria ni se negocia ni se negociará. Esto tiene que quedar bien claro. Las instituciones penitenciarias mantienen encuentros con colectivos de distintos presos dentro de los 47.000 internos y esos encuentros nunca condicionarán la aplicación de la ley penitenciaria", ha dicho Grande-Marlaska en declaraciones recogidas por Europa Press.

Grande-Marlaska ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por el informe de la Guardia Civil, que avanzó la semana pasada El Confidencial y al que tuvieron acceso Efe y Europa Press, que recoge conversaciones y reuniones del entorno de presos de ETA, especialmente el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, y el parlamentario vasco y abogado Julen Arzuaga, con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

La ley penitenciaria se aplica "con transparencia y control judicial"

En concreto, el ministro del Interior ha hablado de "encuentros con colectivos que representan a presos", no sólo a los de ETA, defendiendo que se llevan a cabo dentro de las "relaciones institucionales" del departamento ministerial, pero sin que afecte luego a las decisiones en esta materia.

En cualquier caso, ha reiterado que las decisiones en materia penitenciaria parten de lo que propone las juntas de tratamiento de las cárceles, y luego son validadas por la justicia, dando cuenta de ello con la "máxima transparencia" a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a los medios de comunicación.

Marlaska ha defendido que la política penitenciaria se aplica conforme a la legislación "con transparencia y control judicial" y que todos los traslados de presos etarras en estos tres años y medio han sido comunicados tanto a las asociaciones de víctimas como a los medios de comunicación.

"Máxima transparencia", ha dicho el titular de Interior que ha recordado que esta máxima no la aplicaron los gobiernos del PP cuando desde 1996 hasta 2004 trasladaron de prisión a 565 etarras "cuando ETA aún secuestraba y mataba" o los más de 200 con el ejecutivo de Mariano Rajoy desde 2011.

"No hay intención de cambiar esa ley"

Respecto a los temores de asociaciones de víctimas como la AVT que advierten de que el Ejecutivo tiene previsto modificar una ley de 2014 para que los presos de la banda descuenten de su condena los años en prisión en Francia, Marlaska ha reiterado que no hay ninguna intención de acometer esa reforma.

"Ya se ha dicho por activa y por pasiva. No hay en el plan normativo ninguna intención de cambiar esa ley, porque el cambio es para la transposición de datos penales en el marco de la UE".

Marlaska también se ha reivindicado a sí mismo el ministro para recordar que precisamente él fue una víctima directa de la organización terrorista por aplicar la ley con los etarras. "A este ministro que aplicó como todos los funcionarios la ley para vencer a ETA no le van a decir otra cosa que sea el principio de aplicación de la ley", ha subrayado.

El PP, Ciudadanos y Vox ya reclamaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la semana pasada tras conocerse el contenido del informe de la Guardia Civil, que aclarase si hubo o no trato de favor a presos de la banda terrorista ETA por parte de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio, para "pasar la lista de prioridades" según revelaba un informe de la Guardia Civil, un asunto que fuentes del Gobierno niegan y cuyas acusaciones enmarcan dentro de la campaña de las elecciones de Castilla y León.