El Gobierno aprueba la nueva Ley de Ciencia para atajar la precariedad de los investigadores

• Busca mejorar la carrera profesional, dotarla de mayor estabilidad y reducir las cargas administrativas
• Además, garantiza la financiación pública estable en I+D+i hasta alcanzar en 2030 una inversión del 1,25% del PIB

El Gobierno aprueba la nueva Ley de Ciencia contra la precariedad de los investigadores españoles

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de la Ciencia que busca mejorar la carrera profesional de los investigadores españoles, dotarla de mayor estabilidad, reducir las cargas administrativas y reforzar la transferencia de conocimiento.

La nueva norma también garantiza la financiación pública estable en I+D+i y su crecimiento hasta alcanzar en 2030 una inversión del 1,25% del PIB -actualmente está en el 0,58%-, una cifra que "con el apoyo del sector privado permitirá llegar al 3% que establece la Unión Europa", según ha expresado la ministra de Ciencia, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

El texto modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y ha llegado al Consejo de Ministros tras la finalización del trámite de audiencia pública, en el que asociaciones, sociedades científicas e investigadores a título individual han presentado más de 4.000 comentarios, muchos de ellos sobre la indemnización a los predoctorales por finalización de contrato. Tras la aprobación se iniciará su trámite parlamentario, donde el Gobierno espera recabar "el máximo de los consensos".

“Con esta garantía blindamos por ley que nuestro sistema público de ciencia e innovación disponga de recursos suficientes para seguir creciendo, modernizando sus infraestructuras y equipamientos, y creando más y mejores oportunidades para nuestros científicos y científicas”, ha manifestado la ministra, quien ha añadido que la nueva ley "dignifica las condiciones laborales de los investigadores de nuestro país y garantiza una financiación pública creciente y estable", al mismo tiempo que "repara los fallos" del sistema de ciencia e innovación acumulados durante años.

Un nuevo contrato indefinido

Uno de los objetivos principales de la norma es mejorar la carrera profesional, para lo que introduce una nuevo contrato laboral indefinido asociado a líneas de investigación, que no necesitará autorización previa si dispone de financiación externa o de convocatorias de concurrencia competitiva. Esta nueva modalidad está destinada a "todo tipo de personal de investigación" que realice actividades científico-técnicas.

Nuevo contrato laboral indefinido para los investigadores

"Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia", señala el texto, que precisa que estos "no formarán parte de la Oferta de Empleo Público".

La nueva modalidad vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el 'limbo' hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.

Doctorados e investigaciones predoctorales

El borrador contempla asimismo un aumento de la vigencia del contrato posdoctoral de acceso a una duración de entre 3 y 6 años -hasta ahora era de 1 a 5 años- en universidades, organismos, fundaciones y consorcios del sector público. Estos limitan a un máximo de 100 las horas anuales de docencia.

Además, la actividad investigadora de estos científicos será evaluada a partir de la finalización del segundo año de contrato, una evaluación que servirá para promocionar o mejorar el salario pero no para ser despedido. Una vez superada la evaluación intermedia se podrá obtener una certificación como investigador establecido -certificado R3- que eximirá de partes de las pruebas para acceder a científico titular de organismos públicos de investigación (OPI) y otras escalas funcionariales.

El proyecto también contempla medidas para los científicos más jóvenes -doctorandos o investigadores predoctorales-, a los que reconoce el derecho a la indemnización por despido de 12 días de salario por año trabajado. Este derecho, tal y como confirmó recientemente la ministra de Ciencia e Innovación, será también para los contratos vigentes a la entrada en vigor de la nueva ley.

El texto apuesta igualmente por reforzar la transferencia de conocimiento y, entre otras medidas, reconoce que las actividades de transferencia de resultados de investigación deberán considerarse un concepto evaluable a efectos retributivos y de promoción.

La norma refuerza además la transversalidad de género en el sistema de la I+D+i, con medidas como la obligatoriedad de planes de igualdad en todos los centros, protocolos frente al acoso sexual y el establecimiento de mecanismos para eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación.

“Hemos romantizado la precariedad”

Así, una de las principales medidas de esta nueva ley será el fin de los contratos indefinidos por obra y servicio, que hasta ahora podían acumular los investigadores hasta los 40 o 50 años. Los profesionales del ámbito científico, sin embargo, ven todavía lejos poder alcanzar el 3% o 4% del PIB que invierten países como Alemania o Finlandia, algo que consideran indispensable para poder alcanzar esta mejora. David de Quinto, investigador en Biomedicina, ha comentado en Las Mañanas de RNE que “hemos romantizado la precariedad” dentro del ámbito científico.

Las Mañanas de RNE - La ley de Ciencia y la romantización de la precariedad en la investigación - Escuchar ahora

Con 40 años de edad, De Quinto cuenta con una licenciatura en Biología, un máster en Biomedicina y un doctorado en Ciencias Biomédicas que duró cinco años. A pesar de esto, en estos años ha cobrado desde 746 euros netos, hasta los más recientes 1.600 euros que recibía en su último proyecto y que, según dice, “se acerca a lo que cobra un doctor en España”. Un salario que dista mucho de lo que reciben los investigadores en cualquier otro país y que dificulta no solo la permanencia de nuestros científicos, sino el efecto llamada de los profesionales europeos.

Además, según cree, el modelo de contratación en España perpetúa la precariedad y la inestabilidad, ya que “la inversión pública se destina a contratos temporales que, al ser por obra y servicio, tienen un tiempo de finalización”, explica de Quinto. Todo ello, sumado a que en muchas ocasiones los investigadores envían la convocatoria de contratos que desconocen cuándo se resolverán.

“Ahora estamos empezando a recuperarnos de la crisis de 2008”, comenta De Quinto, quien confía en que los cambios terminen por producirse, aunque es consciente de que en su ámbito los avances se producen “poco a poco”.