El Gobierno aprueba el fondo público de pensiones, que pasará al Congreso sin el aval de los agentes sociales

• Las empresas podrán sacar de la base de cotización hasta 1.380 euros al año de su aportación a planes para el trabajador
• Prevé que se convalide antes del 30 de junio, de acuerdo al compromiso con Bruselas para recibir los fondos europeos

Imagen de un pensionista metiendo dinero en una hucha

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, el conocido como fondo público de pensiones, que tiene como objetivo fomentar el ahorro complementario a la pensión de jubilación de los trabajadores de rentas medias y bajas, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes), y lo ha remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

La norma ya recibió el visto bueno en primera lectura el 23 de noviembre, pero ha vuelto al Consejo de Ministros tras recibir "observaciones que han mejorado mucho la norma", en palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aunque no han sido suficientes para obtener el respaldo de los agentes sociales.

Aunque los planes de empresa ya existen, la diferencia que introduce este anteproyecto de ley es la "implicación directa" por parte del Estado y, en concreto, de la Administración Pública y de la Seguridad Social, en la promoción de los fondos de empresa. El Gobierno espera tener aprobado este anteproyecto antes del 30 de junio de 2022, como parte del compromiso del Ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.

El trabajador podrá aportar, de forma voluntaria, cuotas superiores a las que ponga su empresa. No obstante, la aportación máxima se definirá por tramos. Además, el trabajador reducirá su base imponible a tipo marginal del IRPF, con un 30 % para el empleado medio. Para los autónomos, el Ministerio calcula una deducción de hasta 5.750 euros al año.

En el caso de las empresas, se reintroduce la no cotización de las contribuciones a la Seguridad Social en aportaciones de estos planes, que estuvo vigente hasta 2013. De esta forma, se limita a 115 euros mensuales por empleado o 1.380 euros anuales, en línea con la "filosofía de poder posibilitar un instrumento de ahorro atractivo para rentas medias y bajas", como ha dicho Escrivá.

Sin el apoyo de los agentes sociales

El proyecto fue mal recibido por los agentes sociales desde el principio, especialmente por la patronal, y las modificaciones que se han introducido en los últimos días, como una rebaja en las cotizaciones sociales de las empresas que participen en los planes, no han sido suficientes para cambiar posiciones. Esta cuestión no preocupa a la Seguridad Social, ya que nunca se aspiró a que "hubiera una firma con los agentes sociales", como dijo el ministro el pasado viernes. No obstante, considera que hay "bastante acuerdo" sobre el anteproyecto.

El porcentaje de personas cubiertas con planes de empleo en España es de un 10,2 %, frente a una 48 % de los asalariados del País Vasco, cubiertos por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio. Para alcanzar esa cifra, se puede requerir "una década o más", en función de la generalización de los planes de empresa en los próximos años.

El Gobierno observa que en las últimas décadas se ha acentuado el desequilibrio entre los fondos privados y los colectivos, debido a la falta de atractivos suficientes para participar en los últimos. Por esta razón, la reducción de las comisiones, en comparación con los fondos privados, es una de ventajas que los fondos de empresa pretenden ofrecer a sus partícipes.

Modificaciones en la segunda vuelta

El anteproyecto de ley se aprobó en primera lectura en noviembre y, en este tiempo, se ha tenido "una interacción intensa y fructífera de los distintos ámbitos relevantes en este caso", según el ministro. Fruto de ese intercambio se han mejorado "algunos aspectos en el proyecto de ley", sobre todo los relativos a la gobernanza y a la definición de competencias de la Comisión Promotora y de Seguimiento y de la Comisión de Control Especial.

El Gobierno será el encargado de promover los fondos colectivos, aunque su gestión dependerá de gestoras de fondos. Estas se elegirán por concurso, de manera que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. Para ello, se abrirá un concurso basado en la igualdad, la transparencia y la libre competencia, como establece la Ley de Contratos del Sector Público. La licitación estará abierta para todas las gestoras, sin importar su nacionalidad.

Para la gobernanza de los fondos de empleo de impulso público se creará una Comisión de Control Especial y una Comisión Promotora y de Seguimiento. La primera estará integrada por 17 miembros, de los que nueve pertenecerán a la Administración Pública y los otros ocho serán designados por las organizaciones empresariales y sindicales. La Comisión Promotora y de Seguimiento contará con 9 funcionarios, de los que cinco procederán de la Seguridad Social, y el resto de los Ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica.

Otro de los motivos del Gobierno para potenciar los planes de empleo se basa en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 2020, que evidenció el carácter regresivo del diseño de los planes individuales, con beneficios solo para las rentas más altas. La Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 ya recoge que la deducción en el IRPF de los planes de empleo se eleva a 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, con una suma total de las aportaciones de 10.000 euros.