La Generalitat Valenciana cerrará burdeles camuflados y multará a los clientes de prostitución

• Reconocerá a las prostitutas víctimas de violencia machista y pide al Gobierno una ley abolicionista
• Propone cambiar la Ley de Extranjería y la 'ley mordaza' para proteger a las mujeres y no estigmatizarlas

La Generalitat Valenciana, comprometida contra la prostitución.

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una estrategia de abolición de la prostitución que contempla sanciones para los puteros en locales y carreteras y la clausura de burdeles y establecimientos camuflados de este tipo, junto al reconocimiento de las mujeres prostituidas como víctimas de violencia machista.

El objetivo es que la Comunitat Valenciana sea la primera autonomía en abrir un proceso abolicionista. "Pedimos al Gobierno que inicie de una vez los trámites para una ley integral abolicionista al igual que Suecia o Francia. No podemos esperar un minuto más", ha enfatizado este miércoles la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la presentación de las propuestas del foro autonómico para la abolición.

Tras un año de trabajo, este órgano ha presentado diez acciones a partir de las contribuciones de 30 expertos del ámbito jurídico, social, universitario y administrativo. La primera medida es instar al Gobierno a aprobar una ley integral para la abolición de la prostitución como la "respuesta más contundente".

Esta ley, a su juicio, debe erradicar la prostitución, explotación y trata en tres frentes: persecución del proxenetismo en todas sus formas, con cambios en el Código Penal para sancionar el alquiler de viviendas destinadas a la práctica o la inducción por parte de una pareja sentimental; sanción penal de la demanda y compra de sexo de cualquier naturaleza; y protección de todas las víctimas.

También propone modificar la Ley de Extranjería para regularizar la situación de mujeres prostituidas, acabando con la posibilidad de expulsar de España las que estén sen situación irregular. Esto pasa por eliminar el requisito de colaboración de la víctima en la investigación y por una regulación extraordinaria facilitando la obtención de permisos de residencia y la inserción sociolaboral.

España, a la cabeza de Europa en el consumo de prostitución

En la misma línea, la estrategia exige eliminar la sanción administrativa a las víctimas mediante un cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', ya que esto las deja en una situación de mayor vulnerabilidad y estigma. "No podemos permitirlo, llamemos a las cosas por su nombre", ha recalcado la consellera.

Modelo de ordenanza a los ayuntamientos

Dentro de sus competencias, la Generalitat promoverá "con carácter inmediato" el reconocimiento de las mujeres prostituidas como víctimas de violencia machista, algo que ahora solo se contempla para la trata, y creará un modelo de ordenanza abolicionista para que lo aprueben los ayuntamientos como el pionero de Albal (Valencia). En ningún caso se multará a las personas que estén en esta situación.

Paralelamente habrá sanciones administrativas para los propietarios de establecimientos donde se ejerce la prostitución o de burdeles que se camuflan como otra cosa, así como la clausura de estos locales aunque cambien de dueño, mediante un cambio de la ley valenciana de espectáculos de 2010.

La titular de Justicia ha firmado este mismo miércoles la resolución para iniciar la modificación y ha avanzado que habrá infracciones graves, muy graves o leves, aunque todavía no se ha cuantificado a cuánto ascenderán. Próximamente se abrirá un plazo de audiencia pública para recibir aportaciones y se aprobará por el pleno del Consell, con la intención de que la reforma esté lista en un plazo máximo de seis meses.

Esta ley también prohibirá explícitamente las actividades que inciten la prostitución, lo que pasará por una revisión del catálogo de espectáculos. Y se sancionará administrativamente a los demandantes de sexo, tanto en locales como en las carreteras autonómicas mediante un cambio de la ley de carreteras de 1991, al igual que a los establecimientos o personas que publiciten la prostitución porque "no son espacios dignos".

En materia de inserción, la estrategia contempla considerar a las víctimas como un colectivo prioritario para acceder a una vivienda pública o a un centro de acogida, junto a más itinerarios de inserción sociolaborales dirigidos específicamente a ellas y el fomento del programa ALBA de acompañamiento y recuperación.

"Necesitamos cambiar las leyes pero tambien las mentalidades"

"Necesitamos cambiar las leyes, pero también las mentalidades", ha reivindicado la consellera sobre la necesidad de concienciar a los jóvenes para que "entiendan que no es ocio, es violencia" porque hay otro tipo de prostitución en redes sociales. Precisamente, este viernes 4 se presenta la campaña 'Joves por la abolició', a las 19 horas en el Centre del Carme con la colaboración del grupo valenciano La Habitación Roja.

Carol L., una "superviviente del sistema prostitucional", ha compartido su historia desde que fue captada con 17 años y estuvo cuatro años prostituida y se ha mostrado esperanzada con la estrategia. Ha llamado a la sensibilización y ha insistido en que "no toda la prostitución viene de la trata" y es necesaria una ley integral, además de exigir la derogación de la "ordenanza de la vergüenza" de Alicante que contempla sanciones para víctimas.

Por parte del Front Abolicionista-PV, Concha Hurtado ha lamentado que el Gobierno espere "hasta el último momento de la legislatura" para aprobar una ley abolicionista tras "décadas de lucha" del movimiento. "Ayudando a las mujeres a salir de la prostitución no soluciona el problema: hay que perseguir al putero", ha aseverado, y ha advertido que hay "supuestos sindicatos de trabajadores sexuales donde el lobby proxeneta está detrás".