Una nueva ley sancionará con hasta un millón de euros las represalias contra quien denuncie corrupción

• La ministra de Justicia ha señalado que el anteproyecto garantiza el anonimato de los denunciantes
• La norma transpone una directiva europea que tenía que estar desde diciembre plasmada en la legislación nacional

La ministra de Justicia Pilar Llop

Las represalias contra ciudadanos, funcionarios o trabajadores que denuncien prácticas de corrupción serán sancionadas con hasta un millón de euros. Así lo recoge el anteproyecto de ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, una norma que traspone una directiva europea de 2019 en este sentido.

Esta directiva europea, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE conocida como whistleblower, tenía que estar desde diciembre plasmada en la legislación nacional, por lo que, ante el retraso, la Comisión Europea abrió en febrero un procedimiento contra España y otros veinticinco estados miembros.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que el anteproyecto garantiza el anonimato y la confidencialidad de quienes informen sobre corrupción o fraudes. "Con esta nueva regulación se va a incrementar la cultura anticorrupción, de la transparencia y de la calidad democrática en el ámbito de la administración y empresarial", ha manifestado, convencida de que la ley será "un antídoto contra las prácticas corruptas".

Un "gran paso" hacia "la limpieza de las instituciones"

Según informa el Ministerio de Justicia en un comunicado, la directiva se dirige tanto al sector público como al privado y persigue proteger a los denunciantes de corrupción de forma que cualquier ciudadano pueda denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca.

Llop ha apuntado habrá una autoridad independiente de protección del informante, un canal externo para recibir denuncias, pero tendrán carácter preferente los canales internos, que deberán crearse en las empresas de más de 50 trabajadores y en el sector público estatal, autonómico y local.

La titular de Justicia ha explicado que supone "un gran paso en el compromiso por la regeneración democrática y la limpieza de las instituciones", y ha añadido que en España la corrupción es un asunto que preocupa especialmente a la sociedad, por delante de problemas como la vivienda, la seguridad o el medioambiente.

Ha incidido en que esto contrasta con los pocos procesos por corrupción y el número bajo de condenas y procedimientos vivos en los juzgados, y lo ha achacado a que se producen pocas denuncias.

Dirigida tanto al sector privado como al público

De acuerdo a la normativa, además de las empresas deberán tener un sistema interno de información los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de estos.

Lo mismo ocurrirá con las administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales.

Además, los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir medios para la recepción de denuncias con otros ayuntamientos o con entidades supramunicipales si sus actividades se circunscriben al ámbito de la misma Comunidad Autónoma, aunque cada corporación local tenga un responsable de su sistema interno de información.