Apoyo a la natalidad, ley contra la "violencia intrafamiliar" y aulas sin "adoctrinamiento": ejes del primer Gobierno PP-Vox

• Ambas formaciones han sellado este jueves un acuerdo para una legislatura "estable" que girará en torno a 11 ejes y 32 acciones
• García Gallardo (Vox) será el vicepresidente del Gobierno regional y su partido tendrá tres consejerías frente a las siete del PP

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), y el candidato de Vox a la presidencia, Juan García-Gallardo (i), muestran el pacto de gobernabilidad.

PP y Vox han sellado este jueves un acuerdo de legislatura en Castilla y León para un gobierno de coalición "estable" que girará en torno a 11 ejes y 32 acciones programáticas, con siete consejerías ostentadas por los 'populares' y tres más y la vicepresidencia para Vox, aunque no han detallado el reparto de las mismas, que aún están negociando.

Tras escenificar con una rúbrica el acuerdo de legislatura, el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado en rueda de prensa que con este acuerdo "se destierra el fantasma de la repetición electoral en la Comunidad".

"Un acuerdo programático era crucial para poder sustentar un gobierno sólido y estable", ha argumentado el presidente en funciones de la Junta, mientras que desde Vox, Juan García-Gallardo, ha subrayado que este Gobierno dará un "buen ejemplo" sobre las posibilidades de gobierno que existen cuando se unen el PP y Vox.

El acuerdo recoge los siguientes ejes y acciones, según lo facilitado por el PP y Vox:

Ejes del Gobierno:

Vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León, garantizando la igualdad social, la igualdad laboral, la igualdad de oportunidades y la igualdad entre mujeres y hombres.

Promover la solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de España, a la vez que fortalecer el papel de las Provincias y Municipios.

Reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles.

Defensa de nuestros intereses en el marco de la Unión Europea.

Impulso de todas las capacidades productivas y de los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo.

Compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo.

Garantía de unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos.

Desarrollo de mejores infraestructuras de comunicaciones y transporte para la conectividad del territorio.

Asegurar la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial de Castilla y León.

Apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas.

2. Reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos.

Acciones programáticas pactadas:

Aprobaremos una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, incluyendo medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural.

Priorizaremos la creación de empleo estable y de calidad como garantía de la mejor política social, así como el retorno del talento a nuestra Comunidad.

Impulsaremos la modernización y fortalecimiento del tejido económico, con especial incidencia en el emprendimiento, en las Pymes, en las empresas familiares y en los autónomos.

Favoreceremos la reindustrialización y el aprovechamiento de los recursos propios, desde la competitividad, la innovación, las rebajas fiscales, la digitalización y el acceso a la financiación. Apoyaremos, en el marco de la normativa reguladora, las explotaciones mineras existentes y los proyectos previstos de minería.

Instaremos al gobierno de la Nación y a las instituciones europeas a proteger el producto de nuestro campo y de nuestra industria,  en contra de la competencia desleal del producto extracomunitario, que no cumple los mismos requisitos a los que están sometidos nuestros productores.

Apostaremos por el futuro del sector servicios y de las actividades vinculadas al comercio, el turismo, la hostelería y el transporte.

Promoveremos el equilibrio territorial entre todas las provincias, a través de planes de inversión, fomento y desarrollo.

Reconoceremos el carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria, por su función de obtención de materias primas destinadas a la producción de alimentos y por crear actividad económica y consolidar población en las áreas rurales. En particular, instaremos al Gobierno de la Nación a recuperar el equilibrio entre la ganadería y la protección del lobo, conforme a las demandas de las Comunidades Autónomas afectadas.

Garantizaremos la sanidad pública, reforzando las inversiones y los presupuestos, fundamentalmente en atención primaria, sobre la base de un sistema sanitario cercano, gratuito e innovador.

Aprobaremos una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas. Actualizaremos la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad.

Desarrollaremos unas políticas sociales para proteger a los ciudadanos que más lo necesitan, luchando contra la pobreza y la exclusión social.

Impulsaremos una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar.

Apoyaremos la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y fortaleceremos la conciliación de la vida laboral, social y personal.

Consolidaremos un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico.

Exigiremos una EBAU única en todo el territorio nacional, para garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros alumnos.

Fortaleceremos la universidad y la investigación como factor de impulso de la excelencia.

Garantizaremos la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos.

Facilitaremos el acceso en condiciones de igualdad a una vivienda, con especial atención a los jóvenes y al mundo rural. Defenderemos la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación, y ofreciendo asesoramiento gratuito a las víctimas de este hecho.

Mejoraremos la conectividad de Castilla y León, fortaleciendo las infraestructuras de comunicación y transporte.

Consolidaremos a Castilla y León como un referente cultural en España y protegeremos nuestro patrimonio cultural, nuestras tradiciones y la riqueza del español.

Defenderemos el patrimonio natural y forestal de Castilla y León y el desarrollo de todas las oportunidades que de su aprovechamiento se deriva para las personas que residen en su entorno.

Tendremos siempre presentes a las víctimas del terrorismo, trabajando por su dignidad, memoria, justicia y protección.

Demandaremos una financiación autonómica justa, solidaria y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos para acabar con la infrafinanciación que padece Castilla y León.

Aprovecharemos los nuevos fondos europeos y garantizaremos que lleguen con transparencia, rapidez y eficacia.

Desarrollaremos una política fiscal inteligente, capaz de atraer y retener tejido productivo.

Aseguraremos una Administración cercana, eficaz, austera y transparente, a la vez que reduciremos las cargas administrativas de ciudadanos y empresas.

Consolidaremos una función pública moderna que promueva el talento y la profesionalización.

Apostaremos por la colaboración con las Administraciones Locales y por el papel protagonista que desempeñan en el territorio los municipios y las provincias.

Consideraremos el problema de la despoblación y las políticas de demografía una cuestión prioritaria, en coordinación con todas las Administraciones Públicas.

Instaremos al gobierno de la Nación a la aprobación de planes hidrológicos, con el máximo consenso de los sectores afectados. Y, en cualquier caso, instaremos, de manera inmediata, a facilitar el aumento de las superficies de regadío.

Exigiremos al gobierno de la Nación revertir una política energética que ha perjudicado a las familias y reducido la competitividad de las empresas.

2. Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León.