Comienza el juicio de la 'Perla Negra' que sienta en el banquillo a exaltos cargos de la Junta de Castilla y León

• La Fiscalía cree que trataron de beneficiar a mercanciles con sobrecostes en la compra del edificio de Valladolid
• El juicio durará 23 días y el miércoles comparecerá en calidad de testigo el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera

El exviceconsejeros de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado (derecha) junto a su abogado.

El juicio por supuestas irregularidades detectadas en la compra del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como la Perla Negra, por parte de la Junta de Castilla y León comienza este lunes con la previsión de que declaren los doce acusados, entre los que se encuentra exaltos cargos del Gobierno autonómico y empresarios, y 90 testigos y peritos.  La Fiscalía, sin embargo, ha pedido devolver las diligencias al Juzgado de Instrucción para que el juicio no resulte nulo.

Se prevén inicialmente 23 días de vista oral en la Audiencia Provincial de Valladolid. Entre los testigos que está programado que acudan a la Audiencia figura el expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera, quien en principio comparecerá el miércoles 30 de marzo.

La Fiscalía demanda provisionalmente penas que oscilan entre once y cuatro años de prisión para doce acusados, entre los que se encuentran los exviceconsejeros de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado y Begoña Hernández. Algunos de los acusados están siendo investigados, a su vez, en otro juicio relativo a la 'Trama eólica'.

En el arranque de este juicio,  la Fiscalía ha considerado sin embargo que deberían devolverse las diligencias al Juzgado de Instrucción para que el letrado de la Administración de Justicia certifique que el traslado de actuaciones ha sido completo, lo que evitaría posibles alegatos de nulidad en el futuro.

Los hechos por los que se desarrollará la vista oral por la Perla Negra ocurrieron cuando se produjo el arrendamiento y posterior compra del edificio y la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid) destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona por parte de una empresa pública de la Comunidad.

La Fiscalía cree que trataron de beneficiar a mercanciles con sobrecostes

Ambos (la compra del edificio y los terrenos) supuestamente fueron propiciados desde la cúpula de al Consejería de Economía y Empleo, cuando era titular de este departamento el fallecido Tomás Villanueva, según la Fiscalía, que mantiene que la finalidad fue beneficiar a determinadas mercantiles.

El Ministerio Público considera que ese objetivo se dirigió especialmente hacia Urban Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L. , a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal S.A. y, a partir de 2008, ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Sobre el edificio de la Perla Negra, la acusación pública considera que la actuación de los procesados dio lugar a que la empresa publica pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000 euros, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM32 S.L.

En cuanto a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por ADE Parques (sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros), sostiene la Fiscalía.

Además estas actuaciones supusieron el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.

Posible prevaricación, tráfico de influencias y malversación

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; un delito continuado de malverasción de caudales públicos y un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.

Para Rafael Delgado, demanda un total de once años de prisión por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.

En el caso de Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, el ministerio público pide también once años de prisión en cada caso por delitos continuados de malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.

Para otros dos investigados, Salvador Molina y Francisco Armero, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión en cada caso por malversación de caudales públicos.

Considera al exdelegado de Excal Alberto Esgueva supuesto autor de un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias, por el que pide seis años de prisión.

La misma pena pide, por los mismos delitos, para Germán José Martín; Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el abono de una indemnización de forma solidaria y conjunta a la Administración autonómica en la suma que supuestamente fue desviada a favor de las mercantiles citadas, calculada en 16.138.911,47 euros, sin perjuicio de lo que resulte de las pruebas que se practiquen en el juicio.