La consellera de Cultura asegura ante el juez que no recibió la advertencia del Constitucional sobre el 1-O

• Natàlia Garriga se enfrenta a un posible delito de desobediencia por su participación en el referéndum ilegal de 2017
• Ha negado que usara fondos públicos para organizar el 1-O ante la posibilidad de que Vox la acuse de malversación

La consellera catalana de Cultura, Natàlia Garriga, a su llegada este lunes al TSJC.

La consellera catalana de Cultura, Natàlia Garriga (ERC), ha alegado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional advirtiéndole de la suspensión del 1-O y ha negado que usara fondos públicos para organizar el referéndum.

Arropada por la cúpula de los partidos independentistas, que han cargado contra la "represión" del Estado, Garriga ha comparecido ante la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret, que le ha notificado su procesamiento por su papel en la organización del 1-O y le ha ofrecido volver a prestar declaración antes de que el caso se envíe a juicio, según han informado fuentes jurídicas a Efe.

Antes de adquirir la condición de aforada por su nombramiento como consellera, Garriga fue procesada por el juez que investiga los preparativos del 1-O por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos, pero tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le atribuyen solo el primero de ellos, que no conlleva pena de prisión.

Garriga se ha acogido a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogada, Laura Parés, y ha mantenido que el Constitucional nunca le notificó su obligación de abstenerse de la preparación del 1-O, por lo que ha pedido al Tribunal que expida un escrito que así lo acredite.

La Fiscalía no ve malversacion por las actuaciones en el CTTI

Acerca del delito malversación que planea sobre la consellera (dado que Vox sí podría acusarla del mismo), Parés le ha preguntado únicamente por su papel en la adjudicación de varios contratos menores para acondicionar un centro de atención telefónica que debía recoger los datos del 1-O en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Garriga ha sostenido que las instalaciones del CTII no se acondicionaron para organizar el 1-O, sino que se concibieron para albergar otras utilidades relacionadas con la administración catalana.

Concretamente, ha añadido, esas instalaciones se utilizaron para las elecciones catalanas del 2017, posteriormente han acogido el servicio de atención telefónica a la salud del 061 y, ya en pandemia, a los rastreadores de coronavirus.

Según mantiene la Fiscalía, la propia juez del TSJC que procesó por el 1-O a Josep Maria Jové ya descartó que los gastos destinados al acondicionamiento del citado centro constituyeran un delito de malversación de caudales públicos, dado que después fue utilizado para procesos electorales legales y otras actividades.

Señalada como "enlace" para algunas gestiones del 1-O

La Fiscalía acusa a la consellera de ejercer de "enlace" entre Jové y otra de las procesadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y de "transmitir instrucciones" para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona), así como de realizar gestiones sobre la web del referéndum.

No obstante, la consellera no ha llegado a pronunciarse sobre esos hechos, dado que su defensa ha optado por obviarlos en su interrogatorio.

Garriga fue detenida el 20 de septiembre de 2017 en la operación para abortar la logística del 1-O y que dio pie al registro al Departamento de Economía, dirigido por Oriol Junqueras y donde ella ejercía de directora de Servicios. Posteriormente, fue procesada por participar en los preparativos del referéndum pero tras las últimas elecciones catalanas y ser nombrada consellera, la causa contra ella pasó a manos del TSJC, que la ha incorporado al proceso que tiene abierto contra los diputados de ERC y exaltos cargos de Economía como Llové y Lluís Salvadó.

El independentismo arropa a Garriga ante la "represión" del Estado

Antes de la comparecencia de Garriga, a las puertas del TSJC se han citado representantes de distintas fuerzas independentistas, entre ellos varios consellers, para mostrar su apoyo.

La representación más nutrida ha sido la de su partido, ERC, con la secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta, a la cabeza, junto a los consellers Laura Vilagrà, Teresa Jordà, Josep Gonzàlez-Cambray y Roger Torrent, el exconseller Raül Romeva, y diversos diputados y concejales republicanos.

En declaraciones a los medios, Vilalta ha definido a Garriga como "una servidora pública que a lo largo de su carrera ha trabajado por el bien común y ahora debe enfrentarse a una causa injusta, se la persigue por haber colaborado en el referéndum", que "nunca es delito".

Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), acompañada de los diputados Aurora Madaula, Francesc de Dalmases y Elsa Artadi, ha denunciado que el Estado "no pasa página" del referéndum del 1 de octubre y continúa con su "represión" contra "servidores públicos" como Garriga.

La CUP ha acudido con los diputados Dolors Sabater, Xavier Pellicer y Eulàlia Reguant para reclamar "no normalizar esta situación de represión" ni tampoco "estabilizar las relaciones con el Estado como si no existiera el conflicto", y pedir una "amnistía completa". Y el nuevo presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticado la "anomalía" que supone que "los mismos tribunales supuestamente de justicia persigan a la consellera por dar voz a la ciudadanía, mientras amparan la corrupción y podredumbre de la monarquía borbónica".