La Audiencia de Valladolid suspende el juicio de la 'Perla Negra' y devuelve la causa al Juzgado de Instrucción

• Lo hace tras constatar defectos en el traslado completo de las actuaciones a las defensas
• Exaltos cargos de la Junta y empresarios están acusados de beneficiar a mercanciles con sobrecostes en la compra del edificio

Los exviceconsejeros de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado (d), y Begoña Hernández (2d), principales acusados en el juicio de la Perla Negra.

La Audiencia de Valladolid ha suspendido el juicio de la 'Perla Negra', que afecta a exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y a empresarios, y ha ordenado devolver la causa del caso al Juzgado de Instrucción. Lo ha hecho con el fin de evitar una futura nulidad del juicio tras haberse constatado defectos en el traslado completo de las actuaciones a las defensas y para que el letrado de la administración de justicia certifique que se ha incorporado a las diligencias un CD que aún falta.

El magistrado presidente del tribunal ha dado a conocer esta decisión durante la segunda sesión de la vista oral, en la que se juzga a doce exaltos cargos del Gobierno autonómico y empresarios por supuestas irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como la Perla Negra.

La decisión era la esperada después de que este lunes la Sección Segunda de lo Penal es el tribunal sentenciador suspendiera momentáneamente el juicio para resolver las distintas cuestiones previas planteadas por las partes, que en su práctica totalidad y secundadas hasta por las acusaciones, habían denunciado públicamente que ni siquiera habían tenido acceso a la totalidad de la documentación, compuesta por 18 tomos y cerca de 26.000 folios. .

Y es que tras cerca de nueve años de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid respecto de una causa que fue declarada en 2016 de especial complejidad, la práctica totalidad de los letrados de las doce personas físicas y tres jurídicas encausadas e incluso la fiscal del caso y las acusaciones particular y popular, ejercidas por la Junta y el PSCyL, respectivamente, coincidían en que la documentación no habían llegado en su integridad a las partes.

En algunos casos ni siquiera se les había hecho llegar la causa completa, en otros alguno de los CD remitidos había sido imposible abrirlos y, además, ni siquiera se había foliado buena parte de la documentación, de ahí que los letrados, con la aquiescencia de los acusadores, pidieran 'devolver el toro a corrales', en términos taurinos, para evitar ver vulnerados sus derechos de defensa, pues ese traslado incompleto de la causa incluso les impedía concretar si, por ejemplo, los delitos imputados a sus clientes habían prescrito o no.

Devolución al juzgado y futuras fechas del juicio

Así, la Audiencia Provincial devuelve ahora la causa a Instrucción número 2 para garantizar que la misma, íntegramente, es entregada en mano a la representación legal de los encausados, algo que habrá de certificar la secretaria o Letrada de la Administración de Justicia de dicho juzgado, algo que ya este mismo tribunal acordó anteriormente en el juicio por el 'Caso PGOU', como así recordaron este lunes algunos de los defensores pidiendo que siguiera la misma doctrina.

En su decisión, el magistrado que preside la sala reconoce que "no consta acreditado que tras el auto de apertura del juicio oral la Letrada de la Administración de Justicia haya certificado que las defensas tuvieran conocimiento de todas las diligencias de la causa", entre ellas un CD que, tal y como alegó la defensora de Salvador Molina, contiene información fiscal "de trascendencia" sobre la exviceconsejera Begoña Hernández "que se encuentra encriptado y ha sido imposible abrir".

La fijación de las nuevas fechas podría también afectar al 'Caso de las eólicas', pendiente de determinar el calendario del juicio oral por parte de la Sección Cuarta de lo Penal, toda vez que tres de los procesados, el exviceconsejero Rafael Delgado y los empresarios y hermanos Alberto y Francisco Esgueva, figuran inmersos en esta segunda causa junto a otros 14 presuntos implicados, y materialmente no podrían ocupar ambos banquillos de forma simultánea.

El juicio de 'La Perla' ahora suspendido estaba previsto que se prolongara durante 23 días hasta, en principio, el día 29 de abril, proceso en el que estaban citados, entre testigos y peritos, hasta un total de 90. Entre los primeros figuraban el que fuera presidente de la Junta Juan Vicente Herrera (su declaración se había fijado para el día 30 de marzo) y la exconsejera de Economía y Hacienda y hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo.

Acusados de intentar beneficiar a algunas mercantiles

La causa de 'La Perla Negra' guarda relación con la compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid) y también con la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

Tales operaciones, a juicio de la Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

En relación al edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2, de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), la acusación pública sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques (sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros) sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.