Torra no se presenta al juicio por desobediencia al considerarlo una "farsa" y la Fiscalía le acusa de "insumisión"

• La Fiscalía pide ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por no retirar un lazo amarillo de la Generalitat
• Ya fue condenado en 2019 a año y medio de inhabilitación en una sentencia similar por desobediencia

Torra no se presenta al juicio por desobediencia para no "legitimar" lo que considera "una farsa"

El expresidente catalán Quim Torra no se ha presentado este jueves al segundo juicio que debe afrontar en un juzgado penal de Barcelona por desobediencia para "no legitimar" lo que considera "una farsa" y entender que no encontrará justicia en los tribunales españoles, por lo que ha pedido "amparo" a los tribunales internacionales. El juicio se ha celebrado y la Fiscalía ha acusado a Torra, que ya fue condenado en 2019 a año y medio de inhabilitación también por desobediencia, de "insumisión institucional".

En su perfil de Twitter Torra ha colgado un vídeo y un comunicado en donde esgrime sus argumentos para explicar su incomparecencia en el juicio, que de todos modos se celebra sin su presencia, ya que la pena que se le solicita es inferior a dos años.

"Hoy me vuelven a juzgar, pero no legitimaré una nueva farsa, una nueva escenificación represiva disfrazada de justicia con mi presencia", indica Torra en el vídeo.

"Pido amparo a los tribunales internacionales, porque no reconozco la legitimidad de la justicia española, que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales", añade el expresidente de la Generalitat, que concluye: "Los independentistas catalanes solo podemos encontrar la justicia en Europa".

Torra considera también que el juicio es "una nueva manifestación que la represión política en el estado español contra la minoría nacional catalana continúa".

Quim Torra debía sentarse en el banquillo por segunda vez, acusado de desobedecer una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que retirara de la Generalitat un lazo amarillo, símbolo de apoyo a los políticos presos condenados por delitos de sedición, que ya le costó el cargo en 2020.

La Fiscalía le acusa de "insumisión institucional"

Pese a no acudir, la titular del juzgado de lo penal número 6 de Barcelona ha preguntado a las partes si eran partidarias de que se celebrara la vista en ausencia del acusado, una posibilidad legal cuando se afrontan penas de cárcel menores y condenas de inhabilitación inferiores a los seis años. Al estar a favor, la magistrada ha acordado que el juicio se celebrara, teniendo en cuenta que, además, "ha habido un comunicado" de Torra anunciando que no iba a comparecer, con lo que su ausencia es un hecho "notorio".

La Fiscalía, que pide ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, ha acusado a Torra de haberse instalado en la "insumisión institucional" cuando se negó a descolgar un lazo a favor de los presos del procés del Palau de la Generalitat, tras recalcar que no se le juzga por "colgar una pancarta".

"Estaba colocado en la insumisión institucional, daba lo mismo lo que le dijera la Junta Electoral o el TSJC", ha sostenido la fiscal, que cree que Torra "tenía la voluntad explícita de no dar cumplimiento a nada de lo que se le dijera respecto a su ideología", ha sostenido la fiscal del juzgado de lo penal.

La fiscal considera, además, que Torra hizo "alarde público" de esa "contumaz" desobediencia cuando difundió un comunicado de prensa a los medios para anunciar que no retiraría del Palau la pancarta con el lazo amarillo y un mensaje a favor de los presos del procés.

La fiscal ha insistido en que en ningún momento se ha "conculcado" el derecho del 'expresident' a la libertad ideológica y de expresión y ha pedido "no contaminar los discursos porque las mentiras, aunque se repitan mil veces, siguen siendo mentiras". Ha recordado que Torra podía colocar la pancarta en su casa, o en la sede de su partido, pero no hacer un "uso indebido de un edificio público" a favor de los partidos y de una "determinada ideología" no compartida por toda la población catalana.

En su informe, el Ministerio Público ha tratado de desacreditar además una de las principales bazas de la defensa, un informe del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa crítico con el papel de la justicia española en el procés. Se trata, ha dicho, de un dictamen "anecdótico", que atenta contra la separación de poderes en que se basa el Estado de derecho y fue aprobado por solo 70 de los 324 miembros de ese órgano que, ha recordado, es meramente "consultivo".

Por su parte, el abogado de la acusación popular ejercida por la plataforma Impulso Ciudadano, Jorge Diéguez, ha asegurado que en la instrucción, y en el propio vídeo que ha colgado en las redes Torra para anunciar que no acudiría al juicio, ha quedado acreditado de forma "palmaria y evidente" que desobedeció la orden judicial de retirar la pancarta.

Esta acusación popular, que fue la que propició la apertura de esta causa por desobediencia al solicitar al TSJC que ordenara retirar la pancarta, pide dos años de inhabilitación para el expresidente catalán y 109.500 euros de multa.

La defensa de Torra, a la Fiscalía: "Un día podrían sentarse con Putin"

La defensa de Torra, que sí ha estado presente, ha denunciado el "odio" con que la justicia española le trata, ya que solo le falta pedir que "le quemen en la hoguera", y ha avisado a la Fiscalía que no desoiga a organismos europeos: "No nos vayamos a encontrar un día sentados junto a Putin".

Así lo ha advertido Gonzalo Boye en su informe final por la referencia de la fiscal al mencionado informe de la Asamblea del Consejo de Europa.

A su juicio, al igual que las resoluciones del Consejo de Europa incomodan a Putin, tampoco gustan "a la señora fiscal", ya que en ellas se critica "lo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo con los independentistas en España".  

"Nos quieren callados porque molesta mucho que recordemos que una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no es un documento anecdótico. Si fuese anecdótico, Putin no se habría ido. No nos vayamos a encontrar un día sentados junto a Putin", ha advertido Boye, que ha apuntado que, con este comentario, la Fiscalía demuestra tener un concepto "aterrador" de la democracia.

También ha replicado a la Fiscalía, que había denunciado la "insumisión" legal en que se sitúa Torra, y ha sostenido que la justicia española "hace mucho tiempo" que no acata las resoluciones de los tribunales europeos, que cree que le acabarán dando la razón en este caso, invocando la libertad de expresión.

Sobre el fondo del asunto, Boye ha sostenido que "no existe neutralidad" en los espacios públicos, ya que esgrimir este argumento para acusar a Torra es un "falso alegato" de quien no ostenta el poder.

Además, ha indicado que en el juicio no se han aportado pruebas suficientes para condenar al expresidente Torra, ya que por ejemplo no se ha acreditado que llegara a sus manos el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenándole que retirara la pancarta a favor de los presos.