La "inacción" política derivó en la guerra de Ucrania tras un 2021 marcado por la desigualdad por la COVID

• El informe anual de Amnistía Internacional denuncia las "falsas promesas" de los Estados sobre la salida justa de la crisis
• Habla de un "fracaso total" de la comunidad global para afrontar la multiplicación de conflictos que derivó en una escalada mayor

Varias personas pasan por delante de un grafiti en Johannesburgo, Sudáfrica, el 30 de noviembre de 2021. 

Amnistía Internacional asegura que en 2021 los derechos humanos se encontraban al borde de un "abismo". Primero, porque los países ricos y los gigantes empresariales llevaron a cabo "una de las mayores traiciones de nuestra era" al "embaucar" a la población con promesas de una recuperación justa de la pandemia del coronavirus que nunca cumplieron, pero también porque, en un momento de inestabilidad y crisis mundial, la comunidad internacional optó por una "vergonzosa inacción" frente a los conflictos bélicos, lo que, creen, preparó el "terreno" para la guerra

De esas y otras situaciones ha alertado la organización en su último balance anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que se ha hecho público este martes. El informe abarca 154 países y analiza cómo en el último año ha aumentado la inestabilidad y cómo el sufrimiento humano se ha visto agravado por la "incapacidad" de los organismos internacionales para abordar las desigualdades.

"Los primeros meses de 2022 son el legado directo de lo que se hizo y no se hizo en materia de derechos humanos en 2021. Los resultados de 2021 nos acercaron cada vez más al borde del abismo", ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en una rueda de prensa ofrecida desde Johannesburgo (Sudáfrica).

Se ha optado por esa ciudad para la presentación del estudio por pertenecer al continente donde el pasado año, dicen, se apreció con más "claridad y crueldad" el desmoronamiento de los sistemas de salud y del apoyo económico y social.

La "gran traición": más desigualdad pese a las promesas de recuperación

A lo largo del encuentro con los medios, Callamard ha explicado que 2021 fue el año de la "gran traición". Los Estados ricos, dice, "se confabularon" con las empresas para engañar a la gente con "falsas promesas" de una recuperación justa de la pandemia pero terminaron, sin embargo, "anteponiendo" el poder y los beneficios a las personas.

"El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación. En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad, un legado corrosivo para los próximos años", ha dicho la secretaria de AI, que critica la "perniciosa codicia" de las empresas y el "brutal egoísmo" de los gobiernos.

Una de las grandes brechas, según la organización, se ha visto con la vacunación contra la COVID-19 porque, pese a la esperanza que reprsentó y a que había "producción suficiente para vacunar totalmente a la población mundial en 2021, menos del 4% de quienes vivían en países con ingresos bajos habían recibido la pauta completa al terminar el año.

Países ricos como los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos acumularon más dosis de las que necesitaban, dicen, y "miraban para otro lado" mientras las grandes empresas farmacéuticas "anteponían los beneficios a las personas negándose a compartir su tecnología y permitir una mayor distribución de las vacunas". También apuntan que en 2021, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos exorbitantes beneficios de hasta 54.000 millones de dólares y que, sin embargo, suministraron menos del 2% de sus vacunas a países de bajos ingresos.

No osbtante, las grandes empresas farmacéuticas no fueron los únicos gigantes empresariales que "menoscabaron" la recuperación de la pandemia en favor del beneficio. El estudio también señala a empresas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter por haber proporcionado un terreno fértil para la desinformación sobre la COVID-19, lo que permitió que floreciera la reticencia a la vacunación. Algunos dirigentes políticos también actuaron, lamentan, como "superdifusores de desinformación, alimentando la desconfianza y el miedo en su propio beneficio político".

Como suele ocurrir, fueron las poblaciones más vulnerables las que pagaron el precio más alto. Como muestra del mazazo, AI señala que en Sudáfrica alrededor de 750.000 niños y niñas habían abandonado las escuelas en mayo de 2021 (más de tres veces la cifra anterior a la pandemia) y que en Vietnam las trabajadoras migrantes sufrieron un impacto particular que provocó inseguridad alimentaria y les impidió satisfacer otras necesidades básicas. Mientras, en Venezuela se empeoró una emergencia humanitaria preexistente: el 94,5% de la población vivía en la pobreza de ingresos y el 76,6%, en la pobreza extrema.

“El fracaso mundial a la hora de ofrecer una respuesta global a la pandemia también creó un caldo de cultivo para mayores conflictos e injusticias. La pobreza creciente, la inseguridad alimentaria y la instrumentalización de la pandemia por los gobiernos a fin de reprimir la disidencia y las protestas quedaron firmemente arraigadas en 2021, favorecidas por el nacionalismo de las vacunas y la codicia de los países más ricos”, ha añadido Callamard, que también denuncia violaciones del derecho a la salud y la vida.

La "vergonzosa inacción" ante los conflictos y el caso de Ucrania

Por otro lado, el examen realizado por Amnistía Internacional documenta el estallido de nuevos conflictos en 2021 y la persistencia de otros no resueltos en Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Libia, Myanmar y Yemen, en los que las partes enfrentadas violaron el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

La población civil se convirtió en un "daño colateral", dicen, porque millones de personas se vieron desplazadas; miles murieron; cientos sufrieron violencia sexual, y los sistemas económicos y de salud, ya frágiles, llegaron al límite.

La ineficacia de la respuesta internacional a estas crisis quedó patente, aseguran, con la parálisis en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no actuó en relación con las atrocidades que se estaban cometiendo en Myanmar ni con las violaciones de derechos humanos en Afganistán o los crímenes de guerra en Siria. "Debería llamarse Consejo de Inseguridad", han dicho desde Aministía Internacional, que critica el "fracaso total" de la comunidad global a la hora de afrontar la multiplicación de conflictos "que sembró las semillas de una escalada aún mayor".

En este sentido, dejan claro que la invasión de Rusia sobre Ucrania es el "legado de años de negligencias" y recuerdan que Rusia lleva años incumpliendo el derecho internacional y que el marco internacional para la paz y la seguridad se ha ido "debilitando" año tras año. Consideran que la "vergonzosa inacción" junto con la parálisis continuada de los organismos multilaterales y la ausencia de rendición de cuentas de Estados poderosos contribuyeron "a preparar el terreno para la invasión de Ucrania por Rusia, que ha violado de forma flagrante el derecho internacional" y que, recuerda, ya lo hizo antes "con total impunidad" en Siria.

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"(La de Ucrania) es una invasión extremadamente grave, no es una violación cualquiera del derecho internacional sino una agresión, una violación de la carta de las Naciones Unidas similar a la que vimos cuando EE.UU invadió Irak (...) Esta agresión es una catástrofe para todo el planeta", ha dicho Callamard, que espera que, si no se toma partido "por principios" al menos se haga por "intereses nacionales".

La organización, que está investigando los posibles crímenes de guerra y que prepara un informe sobre la situación en Mariúpol, también ha lamentado en rueda de prensa la "inacción de la ONU" y pide a la comunidad internacional que se replantee el funcionamiento sistema multilateral y la manera en la que trabaja.

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En el caso concreto de Europa y Asia Central, el informe también señala que en 2021 varios Estados mostraron "con un descaro sin precedentes" su falta de respeto por los derechos humanos, que amenazaba con convertir los compromisos en esta materia en letra muerta, e indica que los organismos regionales se convirtieron en foros sin sentido para un “diálogo” vacío.

Una tendencia involutiva a "amordazar la disidencia"

Por otra parte, el informe también señala que en 2021 cobró fuerza la tendencia global a "amordazar las voces independientes y críticas". Defensores y defensoras de los derechos humanos, oenegés, medios de comunicación y dirigentes de la oposición fueron objeto de detención ilegítima, tortura y desaparición forzada, "muchos bajo la cortina de humo de la pandemia".

Al menos 67 países introdujeron el pasado año nuevas leyes que limitaban la libertad de expresión, de asociación o de reunión; en Estados Unidos, al menos 36 estados presentaron más de 80 proyectos de ley que limitaban la libertad de reunión, mientras el gobierno de Reino Unido proponía el Proyecto de Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales, que reduciría drásticamente el derecho a la libertad de reunión pacífica, entre otros medios, con la ampliación de las facultades policiales, denuncia Amnistía Internacional.

Según el seguimiento realizado por Amnistía Internacional, en 2021 se detuvo arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos en al menos 84 de los 154 países examinados en este informe anual. Asimismo, han recogido denuncias creíbles según las cuales las fuerzas estatales habían hecho un uso innecesario y/o excesivo de la fuerza en al menos 85 de los 154 países examinados en este informe anual.

También denuncian que se hayan estado usado tecnologías digitales subrepticias como armas. En Rusia, dicen, el gobierno recurrió al reconocimiento facial para practicar detenciones masivas de quienes se manifestaban pacíficamente y en China las autoridades ordenaron a los proveedores de servicios de Internet que cortasen el acceso a sitios web que “ponían en peligro la seguridad nacional” y bloquearon aplicaciones en las que se hablaba de temas polémicos como Xinjiang y Hong Kong. También en otros países como Cuba, Esuatini, Irán, Myanmar, Níger, Senegal, Sudán y Sudán del Sur las autoridades recurrieron a cierres e interrupciones de Internet para impedir que la ciudadanía compartiera información sobre la represión y se organizara en respuesta a ella.

Ante esto, Callamard elogia la "resistencia palpable y persistente" que ofrecen los movimientos populares del mundo entero porque supone "un rayo de esperanza". "Debemos luchar contra todos y cada uno de sus intentos de acallar nuestras voces y alzarnos contra cada una de sus traiciones", recalca.

Devoluciones "ilegales" de refugiados y migrantes

El análisis de Amnistía Internacional también menciona que en 2021 se levantaron nuevas vallas fronterizas, que se debilitó el régimen de protección y que hubo una "aceptación generalizada de las torturas y muertes en las fronteras" como disuasión de la migración irregular. Además, informa de que en al menos 48 de los 154 países examinados hubo denuncias sobre personas refugiadas y migrantes devueltas ilegalmente a sus países o expulsadas sumariamente en las fronteras.

Concretamente, en el apartado dedicado a España, la organización menciona el trato del país a refugiados y migrantes y lamenta "la doble vara de medir": por un lado, el gobierno está haciendo esfuerzos por dar una respuesta ágil a quienes llegan de Ucrania o Afganistán, pero no actúa de la misma manera con respecto a otras personas que también pueden huir de la violencia o la persecución, critican.

“No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra, y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla. No es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea, y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio. Las autoridades españolas deben tomar una decisión sobre si quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras, o si solo van a hacerlo cuando interesa más”, señala el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Según el informe, el pasado año hubo desplazamientos masivos causados por crisis tanto emergentes como ya arraigadas. La situación de países como Afganistán, Etiopía y Myanmar dio lugar a nuevas olas de desplazamiento a las que se sumarán las provocadas por la guerra en Ucrania. Miles de personas continuaron en 2021 abandonando Venezuela, y solo el conflicto en curso en República Democrática del Congo llevó a 1,5 millones de personas a huir de su hogar. En todo el mundo, millones de personas tuvieron que dejar sus países debido a violaciones de derechos humanos relacionadas con conflictos y violencia, con desigualdades, y con el cambio climático y la degradación ambiental.

Entre esas y otras muchas deficiencias, el balance de la organización también recoge el aumento de violencia de género, la limitación de derechos reproductivos y sexuales, o la incapacidad de los Estados para alcanzar acuerdos que frenen el calentamiento global.