La inflación pondrá a prueba el sistema de pensiones: cada punto extra supone 1.500 millones más de gasto

• La pensión media se incrementaría unos 1.000 euros al año si el IPC finaliza en el 6 % y el gasto se dispararía en 10.000 millones
• Destaca el dato de la pensión máxima: subiría unos 170 euros hasta los 3.000 euros al mes, superando los 41.000 euros al año

Un IPC disparado subirá las pensiones, ¿aguantará el sistema?

El repunte de la inflación en 2022 pondrá a prueba la reforma de pensiones aprobada el pasado mes de septiembre por el Gobierno y consensuada con los agentes sociales con el fin de que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Si se cumplen los primeros pronósticos, que señalan un repunte de la inflación en el entorno del 6 y el 7 %, la pensión media podría subir entre 62 y 72 euros al mes y más de 1.000 euros al año, haciendo que la factura anual para el Estado ascienda entre 10.000 y 11.500 millones de euros.

Debido a este acuerdo, las pensiones a partir de ahora se revalorizan tomando como base la media de las tasas de variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses anteriores a diciembre. Para calcular la subida del ejercicio de 2022, por ejemplo, se ha tomado la media del IPC entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, lo que dio como resultado un incremento del 2,5 %. De esta forma, la factura en 2022 por la revalorización de las pensiones contributivas, sumada a la denominada ‘paguilla’ que recibieron los pensionistas como compensación por el desfase de las previsiones en 2021, ha ascendido a unos 6.500 millones.

Para este año, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) situaba el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el 3,5 %, si bien el impacto de la guerra en Ucrania ha obligado a enmendar los cálculos. “En un escenario que entendemos negativo, con una media del barril de Brent de 120 dólares por barril y un precio de electricidad en el mercado mayorista de 250 euros por megavatio hora (MWh), la inflación que tendría que tomarse para la revalorización, la media desde diciembre del 21 hasta noviembre de 22, se situaría en torno al 7 %”, explica a RTVE.es el director de Economía Pública de Funcas, Eduardo Bandrés.

Con el inicio de la invasión de Rusia el barril de petróleo Brent -de referencia en Europa- se disparó hasta los 140 dólares, alcanzando máximos desde el año 2008, por el temor a una reducción en el suministro, pues Rusia es el mayor exportador de crudo y productos petrolíferos a nivel mundial. Hoy se sitúa en los 100 dólares. El precio de la luz en el mercado mayorista, por su parte, llegó a alcanzar un pico en España de 545 euros/MWh, si bien estos últimos días se ha moderado hasta prácticamente la mitad.

Según Bandrés, en un escenario algo más positivo, con el barril de Brent en 80 dólares y el precio de la electricidad en 200 euros/MWh, el dato de inflación que se tomaría para calcular la revalorización de las pensiones para 2023 -la media desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022- se situaría en el 6 %. Pero, ¿qué implicaciones tendría?

La pensión media subiría entre 62 y 72 euros al mes

De cumplirse estas previsiones, los 8,9 millones de personas que reciben una pensión contributiva en España comenzarían el año con una subida de entre 62 y 72 euros mensuales de media, en función de si sube un 6 o un 7 %, respectivamente, y teniendo en cuenta que la pensión media en febrero -jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares- se situó en 1.029,90 euros, según los datos del Ministerio de Seguridad Social. Así, la prestación media rozaría los 1.092 y 1.102 euros mensuales o, lo que es lo mismo, hasta 1.008 euros más anuales -ya que las prestaciones contributivas se perciben en 14 pagas al año-.

El director de Economía Pública de Funcas prefiere utilizar el dato de la pensión de jubilación media, que es más representativo, pues engloba a más del 60 % de pensiones contributivas en España. En este caso, una inflación del 6 o el 7 % situaría la revalorización de la pensión de jubilación entre 71 y 83 euros más al mes en promedio, lo que se traduciría en una subida de más de 1.160 euros al año.

La subida más abultada se daría en la pensión máxima, actualmente en unos 2.800 euros al mes (39.468,52 euros al año de media). Con un incremento del 6 % en 2023, subiría unos 170 euros al mes y superaría los 41.000 euros al año. Y, en el caso de la pensión de viudedad, que en febrero se situó en los 737 euros, el aumento que tendría lugar como revalorización a lo largo del año que viene, sería entre 46 y 54 euros al mes y hasta 750 euros más al año.

El gasto podría dispararse hasta los 11.500 millones al año

Todo esto llevaría a agrandar la factura de la Seguridad Social para 2023. “Con una subida del 6 %, la revalorización del año que viene supondría un mayor gasto en pensiones de unos 9.200 millones, aproximadamente un 0,63 % del Producto Interior Bruto (PIB)”, explica a RTVE.es el investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y profesor de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa. El profesor recuerda que ese gasto se consolida para el año siguiente y, aunque no se sigan revalorizando las pensiones, esa cantidad habría que seguir pagándola.

Funcas, por su parte, eleva el gasto hasta los 10.000 millones de euros con un IPC del 6 %, mientras que si la inflación se comporta de forma más negativa y la hipótesis final es que sube un 7 % de media, el coste ascendería hasta los 11.500 millones. “La factura subiría 1.500 millones por cada punto adicional de inflación”, recalca Bandrés, una cifra con la que coincide Devesa.

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Pero esas cifras solo recogen la revalorización. “El gasto total anualmente también crece por el efecto demográfico y por el aumento de número de pensionistas; además, las nuevas pensiones generalmente son más altas porque las personas que se incorporan a la jubilación suelen tener carreras de cotización y bases de cotización más largas y más elevadas que los que causan baja”, añade el director de Economía Pública de Funcas, lo cual produciría una presión adicional sobre el sistema superior a los 3.000 millones de euros.

Todo ello se traduciría en un valor actuarial de 120.000 millones de euros que, en términos relativos al PIB de este año, supondría el 8,5 %. “Como es acumulativo, esa revalorización produce un efecto cada vez cada vez mayor. O sea que tiene varias implicaciones: no sólo es el dato de lo que nos va a costar el 2023, sino todos los efectos colaterales que tiene también y que a veces se nos olvida”, añade el investigador del IVIE.

¿Pondrá en riesgo el sistema?

Las pensiones conforman la principal partida de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año. En 2022, se llevaron cuatro de cada diez euros de las cuentas públicas. En total, 180.000 millones de euros, casi un 5 % más en el ejercicio anterior, lo que pone de relieve el peso del sistema de protección social de Seguridad Social en el conjunto de la economía española.

Para financiarlo, además de las cotizaciones sociales (estimadas en unos 120.000 millones), el Estado ha tenido que hacer una aportación a los Presupuestos de transferencias corrientes de 36.000 millones de euros, y adicionalmente también una línea de préstamo en el caso de que tenga que recurrir a ella la seguridad social por importe de 6.900 millones de euros adicionales.

De cumplirse las previsiones y este gasto se materializa en 2023 por el alza del IPC, sostienen los expertos consultados, el efecto sobre los Presupuestos del Estado será, de nuevo, “muy elevado”. “Es verdad que las cotizaciones están yendo bien porque que la evolución del mercado de trabajo está siendo muy positiva, lo que está permitiendo aumentar el volumen de recaudación de las cotizaciones de la Seguridad Social; pero también es verdad que no es suficiente y que el Estado tiene que completar esa financiación con recursos de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos”, advierte Bandrés.

La OCDE asegura que el futuro de las pensiones pasa por reducirlas o aumentar las cotizaciones

Pero, ¿pondrá en riesgo el sistema? La respuesta es unánime: no creen que esto ocurra a corto plazo, pero sí que es necesario tomar medidas. “Hay una obligación, desde luego política, ética, pero también legal, de que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Pero lógicamente, tampoco los salarios no pueden perderlo, porque entonces estamos abocados a que el propio sistema no se nutra de cotizaciones y podamos tener un problema en el pago de las pensiones”, señala a RTVE.es la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Lourdes López Cumbre.

En su opinión “esto no va a ocurrir”, y se muestra convencida de que se van a adoptar las medidas tanto a nivel internacional como nacional para poner freno al auge de los precios. “El mensaje a los pensionistas debe ser tranquilizador y debe garantizarse, como se ha dicho siempre, su poder adquisitivo, para que no pierdan y para que no vean mermado ya las consecuencias de sus pensiones”, subraya la catedrática.

Coto a las pensiones altas, entre las posibles soluciones

La experta, que insiste en que “cualquier consideración que se haga en estos momentos tiene que ser provisional y en función de la situación por la que estamos atravesando”, abre la puerta a adoptar medidas “en los salarios más altos, en los beneficios más altos y quizá en las pensiones más altas que ya están suficientemente topadas”. “De esta manera, repartimos las cargas entre todos y no van a quienes tienen más deficientes salarios y más deficitarias pensiones”, añade, aunque insiste en ser “optimistas” y que eso finalmente no sea necesario.

Eso sí, en ningún momento la solución, asegura, pasa por desligar el IPC de las pensiones, pues “nuestros pensionistas ya han hecho muchos esfuerzos a lo largo de su vida activa para tener“un nivel de pensiones suficiente para poder sobrevivir en cualquier escenario posible”. Precisamente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este lunes en una entrevista en TVE que el poder adquisitivo de los pensionistas está protegido de la inflación por ley gracias a la reforma del sistema de pensiones. “Su poder adquisitivo va a estar protegido ante la evolución de los precios, es un tema de justicia”, ha zanjado.

Otros expertos como Devesa, en cambio, ponen en duda esta afirmación, y consideran que las pensiones ligadas al IPC estarán aseguradas “mientras haya dinero”: “Cuando no haya dinero o cuando el déficit tan elevado nos impida hacer una revalorización ligada directamente al IPC, habrá que tomar otro tipo de decisiones más drásticas”, afirma.

En cualquier caso, los expertos consultados sostienen que el futuro de las pensiones vendrá determinado “por el futuro de nuestro empleo” y, en este sentido, “la reforma laboral ha hecho una apuesta muy, muy decidida por la estabilidad en el empleo”, apunta López Cumbre. “Si se consigue esa estabilidad en el empleo y en los salarios a través del incremento del salario mínimo interprofesional y también en función de las ayudas que se puedan adoptar para las empresas, creo que conseguiríamos un nivel de estabilidad suficiente para poder garantizar una consolidación de nuestro sistema de Seguridad Social”, sentencia.