El asesinato de un niño en Sueca revela descoordinación judicial: "Es un fallo flagrante que no puede volver a ocurrir"

• Un juez fijó la custodia compartida del menor al no ser informado de la condena de maltrato del padre
• No existe un sistema informático que cruce datos entre juzgados: "Tienen que saltar todas las alarmas, pero no saltan"
• El Observatorio contra la Violencia de Género propone establecer un sistema de alertas en los sistemas procesales

Un contradicción del sistema judicial permitió al presunto parricida de Sueca mantener el régimen de visitas con su hijo

El asesinato de un niño de 11 años en la localidad valenciana de Sueca por violencia vicaria ha puesto de manifiesto que en España existen deficiencias en la comunicación judicial. Lo afirman diferentes juezas y expertas en derecho, tras conocerse este lunes que un juzgado de Valencia estableció la custodia compartida del menor al no haber sido informado de la condena por malos tratos que ya pesaba sobre el padre, presunto autor del crimen.

"Es un fallo flagrante que no puede volver a ocurrir", ha subrayado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, que ha reconocido la "falta de coordinación" entre el Juzgado de Violencia contra la Mujer y el Juzgado de Familia.

A día de hoy no existe un sistema informático que cruce datos y alerte de forma automática a un juez que tramita un divorcio cuando alguno de los miembros de la pareja ha presentado una denuncia o ha sido condenado por malos tratos y esto es algo que, según los expertos, conviene cambiar.

Dos procedimientos paralelos: uno penal y uno civil

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en este caso de Sueca ha habido dos procedimientos paralelos, uno civil y otro penal. Los padres del menor asesinado presentaron en julio de 2021 una demanda de divorcio de mutuo acuerdo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca, competente en materia de Familia.

En esa demanda, los progenitores establecieron un convenio regulador con custodia compartida respecto del menor de edad, pero, un mes más tarde, en agosto, otro órgano judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, celebró un juicio rápido contra el hombre tras el que lo condenó como autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Además de una orden de alejamiento, esa sentencia estableció custodia y patria potestad a favor de la progenitora y suspendió cualquier régimen de visitas del progenitor condenado respecto al hijo. Sin embargo, un mes más tarde, en septiembre, ambos cónyuges ratificaron el Juzgado de Primera Instancia 5 el convenio regulador presentado en julio que establecía la custodia compartida y se dictó la sentencia correspondiente.

Auxiliadora Díaz, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, señala en una conversación con RTVE.es que, de manera independiente, ambos juzgados actuaron correctamente. El problema es que, en conjunto, hubo un fallo derivado del hecho de que el Juzgado de Familia desconociera la existencia del procedimiento penal, que debería haber permitido, recalca, su "inhibición" a favor del Juzgado de violencia sobre la mujer.

También la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró (Barcelona), Lucía Avilés, explica a TVE que en esta duplicidad de prodecimientos lo que debería haber quedado por encima es la protección y la seguridad del menor: "Por tanto, debe prevalecer la resolucion penal. Lo que haya pasado en el camino lo desconocemos pero sí es verdad que es muy aconsejable que las partes pongan de manifiesto la existencia de un contexto de violencia sobre la amujer en el procedimeinto de familia para que este rastro de violencia de género se pueda tener en cuenta por el juzgado de familia".

No hay un sistema informático que cruce datos

Esto último, dicen ambas expertas, es lo habitual, pero si ninguna de las partes comunica la existencia de un segundo procedimiento, como se ha visto en este caso, no hay ningún sistema informático que cruce datos y avise a un juez.

Sin conocer qué circunstancias concretas se habrán dado en este caso, esta magistrada explica: "Ocurre muchas veces que las mujeres intentan mantener esa relación con el agresor o son coaccionadas por parte de ellos, a pesar de las resoluciones judiciales (...) No podemos olvidar que las víctimas de violencia de género son especialmente vulnerables y que en un momento determinado muchas veces vuelven a volver en el ciclo de la violencia".

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Sobre el hecho de que el padre y la madre ratificaran el convenio regulador tras la condena, Avilés explica que en un contexto de violencia de género hay una persona que está "sometiendo y controlando a otra". Por tanto, no se puede apreciar una capacidad negociadora real a la mujer porque no tiene lo que se conoce como "igualdad de armas" respecto al agresor.

Aunque el menor de 11 años asesinado, hijo único, no estaba sometido a este régimen de visitas, tal y como han explicado sus familiares, fuentes judiciales afirman que la madre habría tenido pleno amparo legal en caso de haber decidido impedir que el padre pasara tiempo con el niño.

El Observatorio propone establecer un sistema de alertas en los sistemas procesales

Desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ han propuesto que se establezca un sistema de alertas en los sistemas procesales para que todos los Juzgados de Familia conozcan si una mujer ha denunciado y tiene una sentencia condenatoria, porque en estos casos están obligados a suspender el régimen de visitas a los menores.

Lo fija así la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, que modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas "cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existan indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido" con la violencia de género.

Fue el caso del niño asesinado en Sueca, dado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de esa localidad condenó al hombre a ocho meses de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a su exmujer.

"Ha habido falta de coordinación. Por eso pedimos que la integración informática de estos casos se haga de manera inmediata y cuanto antes para evitar la desprotección de los niños, porque ese niño no tendría que cumplir un régimen de visitas", ha lamentado Carmona en declaraciones a Efe.

La presidenta del Observatorio urge a "tejer la red de protección más tupida posible para que esto no vuelva a ocurrir nunca más" y ha confiado en que cada vez sea mayor el número de niños que estén protegidos gracias a la aplicación de esta ley.

También Díaz considera que "sería fantástico" que se llevara a cabo una mejora que estableciera un sistema de alerta: "Que hubiera un cruce de datos sería lo óptimo y no lo tenemos a día de hoy".

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la abogada Altamira Gonzalo dice que es "inadmisible" que por un problema de comunicación entre juzgados se permita acordar una custodia compartida en una familia en la que existía una orden de protección por violencia de género sobre la mujer.

"Tienen que saltar todas las alarmas, pero no saltan"

"A las mujeres que tienen la fuerza de ir a denunciar y que desgraciadamente son muy pocas (el 20 %) no se les puede exigir que hagan todo ellas. Los juzgados están para resolver los problemas y escuchar el argumento de que no hubo entendimiento entre los juzgados no se puede ni decir", ha afirmado.

Esta jurista cree que se debe acabar con esa "actitud pasiva" de algunos juzgados. "Tienen que saltar todas las alarmas, pero no saltan", ha lamentado.

Gonzalo ha criticado también la "resistencia" de algunos jueces a la hora de aplicar una ley "con la que no están de acuerdo" y ha alertado de que únicamente se están suspendiendo un 11,7 % de los regímenes de visita, mientras que se deniegan el 28,5 % de las órdenes de protección solicitadas, según los últimos datos del CGPJ.

Carmona cree, por su parte, que hay margen de mejora y que hay que seguir avanzando en la valoración del riesgo de los menores, además de insistir en la formación de jueces, fiscales y abogados el turno de oficio para que pidan medidas dirigidas a la protección de los menores.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado, por su parte, que seguirán trabajando para "llegar a tiempo" y "desplegar todos los mecanismos institucionales" para evitar nuevos casos.

Reiteran un mensaje a la sociedad: "Un maltratador no es un buen padre"

Los expertos consultados explican también que la sentencia, que se dictó el 12 de agosto por conformidad, es firme, por lo que la orden de alejamiento debería haber estado vigente hasta el próximo 12 de abril y establecía la custodia y la patria potestad para la madre. Por tanto, esa decisión suspendía cualquier régimen de visitas del progenitor condenado respecto de su hijo, y fijaba además una pensión alimenticia de 200 euros mensuales.

Los juzgados que tramitaron ambos procedimientos (el de divorcio y el penal por malos tratos) son los de Primera Instancia e Instrucción 4 y 5 de Sueca, y ambos se encuentran en diferentes edificios, aunque a apenas unos metros de distancia.

La prima de la madre del niño asesinado y portavoz de la familia materna, Marta Tur, ha asegurado este lunes que no había precedentes de malos tratos al menor por parte de su padre y que por eso decidían llevarlo unas horas cada domingo, para que le viese.

Esta mujer ha explicado que la madre y su agresor tenían custodia compartida (en virtud de ese régimen que acordaron ambos con posterioridad a la orden de alejamiento impuesta por el juez) pero que la familia materna "no accedía a cumplirla porque él no estaba en condiciones de tenerla".

"Por costumbre, los domingos llevábamos al niño unas horas para que viese a su padre. Él quería pasar tiempo con su padre, aunque últimamente no iba tan convencido. El domingo, al poco rato de dejarle, llamó a su madre para que fuese a recogerle, y en el trayecto debió hacer la barbaridad que hizo", ha lamentado Tur.

Tras analizar lo sucedido y valorar la actuación judicial, Díaz ha querido lanzar un mensaje muy contundente a la sociedad: "La paternidad por sí sola no es elemento suficiente para entender que un maltratador puede ser un buen padre. Está claro que un maltratador no es un buen padre y que debemos concienciar de esa premisa con la finalidad de evitar que sigan ocurriendo hechos de este tipo. Tenemos que llevar a cabo la máxima protección a favor de estos niños y niñas expuestas a la violencia", concluye la jueza.