Unidas Podemos enmienda la ley de la vivienda y propone que se dedique a alquiler social el 75% de los inmuebles del Sareb

• Ha presentado enmiendas en las que propone también fijar un límite de plazas turísticas del 2%
• Propone endurecer los límites a los desahucios y rebajar el umbral de incremento de precios de los alquileres

Pancartas de protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en defensa de familias en proceso de desahucio en Madrid.

Unidas Podemos ha registrado en el Congreso enmiendas a la ley por el derecho a la vivienda, en las que propone, entre otras cosas, obligar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a destinar un mínimo del 75% de sus viviendas a alquiler social y fijar un máximo del número de plazas de alojamiento turístico de hasta el 2% del número de habitantes en un distrito o barrio.

Además, para movilizar vivienda social, el grupo confederal quiere obligar a los grandes tenedores de vivienda a destinar un mínimo del 30% de todas las viviendas que tenga en titularidad a alquiler social, un porcentaje que se vería aumentado en caso de que tenga capital público, como es el caso del Sareb, el llamado 'banco malo', que esta misma semana el Estado ha pasado a controlar a través del FROB.

La alternativa a este alquiler social es que los grandes tenedores puedan ceder en favor de las administraciones competentes para su gestión.

Asimismo para evitar que los vecinos tengan que desplazarse "por un exceso de oferta de alojamiento turístico", se fija un límite por distritos o barrios, de manera que las viviendas turísticas no podrán suponer "más del 2% del número de habitantes en entorno urbano".

Límites a los desahucios y regulación de los alquileres

Pero también hay enmiendas para endurecer los límites a los desahucios y sobre la regulación de alquileres, además de introducir sanciones por incumplimientos de la norma.

Respecto a los alquileres, la propuesta de Unidas Podemos pasa por rebajar el umbral de incremento de precios contemplado en la regulación del Gobierno para declarar una zona tensionada y poder aplicar el control de precios.

Si en la redacción actual se puede declarar zona tensionada en casos de un aumento de precios de 5 puntos por encima del IPC en una comunidad autónoma en los cinco años anteriores, Unidas Podemos propone dejarlo sólo en dos puntos por encima.

Por otro lado, el grupo confederal quiere impedir cualquier demanda de desahucio por parte de grandes tenedores sin que hayan ofrecido a sus inquilinos un alquiler social, en el caso de que se trate de personas o unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión.

Asimismo, también propone impedir los cortes de suministros de agua potable, gas y electricidad cuando la persona afectada sea "susceptible de encontrarse en riesgo de exclusión residencial o social", considerando cualquier interrupción injustificada como "acoso inmobiliario" y, por tanto, objeto de sanción.

Asimismo, plantea asegurar que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato siempre estén a cargo del propietario que alquila su vivienda.