El juez admite la querella contra dos empresarios por la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid

• Va a tomar declaración a Luis Medina y Alberto Luceño por el presunto cobro de comisiones millonarias
• Según el escrito de la querella, el Ayuntamiento habría pagado un 40 % más por las mascarillas

Una empleada de farmacia de Murcia, despacha una mascarilla KN95 a una clienta.

El Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, por el supuesto cobro de comisiones, unos seis millones de euros, en una operación de compra-venta de mascarillas en plena primera ola de la pandemia.

Según el escrito formulado por el Ministerio Público, se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. En el marco de esta instrucción, el magistrado va a tomar declaración en los próximos días a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos.

Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para que pueda personarse en el procedimiento, según fuentes jurídicas.

En concreto, la querella de Anticorrupción se refiere a tres contratos por unos 12 millones de dólares (aproximadamente 11 millones de euros) concedidos a la empresa Leno. Uno de ellos por 6,6 millones de dólares para la adquisición de un millón de mascarillas FFP2/ KN95, otro por 4,2 millones de dólares para comprar 250.000 test rápidos, y otro de cinco millones por 2,5 millones de pares de guantes.

Luis Medina contactó con el Ayuntamiento de Madrid

Según la querella, Alberto Luceño y Luis Medina "actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China".

Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y "su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", un extremo que ayer negó la Alcaldía capitalina.

Se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones. Esta persona, según detalla el escrito de la Fiscalía, era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación".

El empresario aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. "En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista", subraya el escrito de la Fiscalía.

El Ayuntamiento habría pagado un 40 % más por las mascarillas

La querella señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo "un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas".

También recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad "muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas".

Además, recibió 250.000 test COVID-19, de los que casi una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7%), y otra parte importante (115.000) eran, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%).

"Como contrapartida, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares (4,6 millones de euros), mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal", según recoge la querella.

El propio alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, que este miércoles anunció que el Consistorio se personaría en la causa como perjudicado, ha negado "cualquier intermediación" del Ayuntamiento en la compra de mascarillas, y ha rechazado que hubiera pagos a los empresarios, aunque ha reconocido que Medina contactó con el Ayuntamiento a través de dos correos electrónicos.

Almeida, sobre los contratos de mascarillas: "En ningún caso contratamos con Medina o con Luceño"