Escudero defiende ante Anticorrupción que se actuó de forma "honrada" en el contrato del hermano de Ayuso

• Ha declarado como testigo este miércoles ante la Fiscalía y ha dicho que se contactó solo con la empresa adjudicataria
• El consejero de Sanidad asegura que Tomás Díaz Ayuso "no influye en que el Sermas cierre esa contratación"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, prestó declaración este miércoles en calidad de testigo en relación al contrato de emergencia para el suministro de material sanitario vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional y defendió ante la Fiscalía Anticorrupción que desde la Consejería de Sanidad se actuó en todo momento de forma "honrada".

Según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes de Sanidad, el consejero acudió a declarar como testigo por el contrato que investiga Anticorrupción, por valor de más de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3, que fue adjudicado en abril de 2020 a Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador es Daniel Alcazar, al que se relaciona con el hermano de Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía Anticorrupción investiga si hay indicios de delito en este contrato "a la vista de que los hechos denunciados" por los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) "pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia".

En concreto, se trata de un contrato para el suministro mascarillas FFP2-3 para el pabellón 10 del Ifema del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) por el que el hermano de la presidenta regional habría recibido 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive. Fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Anda Dávila Ponce de León.

Escudero asegura que Tomás Díaz "no influye" en la contratación

El consejero madrileño ha explicado reiteradamente que todos los contratos de emergencia se tramitaron con "transparencia" y fueron "acordes" a la legislación sobre contratación en el sector público, siempre "ajustados a procedimiento".

En este sentido, ha defendido que desde la Consejería de Sanidad se contactó únicamente con la empresa adjudicataria del contrato de emergencia con el que se relaciona al hermano de la presidenta regional pero no se podía conocer la vinculación posterior que esta pudiera tener con sus proveedores y que él se enteró meses después por la prensa de la posible relación familiar.

"Tomás Díaz Ayuso (hermano de la presidenta) no influye en que el Sermas cierre esa contratación con la empresa. Estábamos viviendo una situación extremadamente grave cuando se formalizó ese contrato. Estábamos por encima de los 15.000 ingresados y por encima de los 4.000 fallecidos", aseguró Ruiz Escudero.

En declaraciones realizadas este viernes, Escudero ha insistido al ser preguntado por su declaración ante la Fiscalía en que actuaron "con absoluta transparencia", sujetos a la legalidad y que lo que hicieron fue adaptarse a una situación "en el momento más crítico, con más de 13.000 ingresados y 300 fallecimientos al día", por lo que habia una "necesidad dramática" de conseguir mascarillas, además, ante un mercado "con fluctuacion de precios".

Sanidad ha remitido la documentación a la Fiscalía

La Consejería de Sanidad ya remitió a la Fiscalía toda la documentación relacionada con este contrato, desde la contratación y recepción de la oferta a cómo pasó valoración del secretario general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), aprobación de la viceconsejera, las cifras de la intervención o la dación de cuentas al Consejo de Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción abrió en febrero diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas.

En este sentido, investiga la parte referida a delitos relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

La Fiscalía Europea, por su parte, sostiene que el contrato fue financiado íntegramente con fondos europeos y que por tanto el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Unión Europea ascendería a 1.512.500 euros. Entiende así que puede haber dos delitos, uno de fraude a los presupuestos de la UE y un delito de malversación.

La Cámara de Cuentas aprobó el pasado 23 de marzo el informe de fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia, en el que se incluye el vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive por las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid.