La Fiscalía rebaja a 3,4 millones de euros el dinero desviado para el 'procés'

• La demanda fija en 1,2 millones la cantidad destinada a la preparación del referéndum ilegal del 1-O

Imagen de archivo de una urna para la votación del 1-O.

La Fiscalía ha formalizado su demanda ante el Tribunal de Cuentas contra más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat catalana en la que cifra en 3,4 millones de euros el supuesto dinero desviado para el proceso independentista catalán de 2017, incluida su promoción exterior.

La demanda se divide en dos partes diferenciadas, ya que deriva de dos procedimientos: por un lado de la sentencia del Tribunal Supremo contra varios miembros del Govern que encabezó Carles Puigdemont, y por otro de la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat y el ente denominado Diplocat.

En las respectivas actas de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas se calculó que el montante presuntamente desviado ascendería, en suma, a unos 9 millones de euros, si bien la Fiscalía en su demanda rebaja esa cifra a 3,4 millones.

Más de un millón para el 1-O

Según informa la Fiscalía General del Estado, la demanda fija en 1,2 millones la cantidad destinada a la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El Tribunal Supremo derivó al Tribunal de Cuentas la ejecución de la responsabilidad civil por los hechos que sentenció en 2018 y que supusieron condenas de sedición y malversación para exdirigentes catalanes como Oriol Junqueras.

Para calcular la presunta responsabilidad contable en la preparación de ese referéndum, la Fiscalía sólo se fija en los antiguos cargos condenados por el delito de malversación, es decir, Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, a quienes considera responsables solidarios.

La demanda también se dirige contra Carles Puigdemont "en atención a su condición de responsable máximo de la Generalitat", e incluye a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, también fugados, porque, según la sentencia del Supremo, "pusieron sus departamentos al servicio de actos nucleares de ejecución".

La Fiscalía excluye, sin embargo, al diputado de ERC Josep María Jove -ex alto cargo de la Conselleria de Economía y hombre de confianza de Junqueras- y al exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrías.

En esta parte de la demanda la Fiscalía excluye una serie de gastos, como los relativos al encargo por parte de la Generalitat a la empresa postal Unipost de cara al 1-O o el uso de locales públicos, que el Supremo excluyó de la sentencia al no poder determinar "el efectivo perjuicio que tal uso habría conllevado". Por el contrario, sí recoge la partida destinada a la cartelería del referéndum: 61.879 euros.

Demanda por la acción exterior

La segunda parte de la demanda se centra en la acción exterior desplegada por la Generalitat y el Diplocat en favor del "procés", incluidos viajes de ex altos cargos o gastos de las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Según el comunicado de la Fiscalía, "la demanda afecta a presidentes y consejeros de las dos legislaturas y a personas que ocupaban escalones intermedios en los departamentos afectados".

Afirma el ministerio público que "la afectación a algunos de los responsables disminuye de manera considerable" respecto al importe que reclamó la instructora del Tribunal de Cuentas: 5,4 millones a una treintena de ex altos cargos como los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Junqueras.