El juez no puede embargar a Luis Medina al tener menos de 250 euros en su cuenta

• Tampoco conserva los bonos que compró con parte del millón de euros por las comisiones de las mascarillas
• Da cinco días de plazo a la Fiscalía y las partes para adoptar nuevas medidas cautelares

El juez no puede embargar a Luis Medina porque solo posee 247 euros en su cuenta bancaria

El juez Adolfo Carretero no ha podido por ahora proceder al embargo de las cuentas bancarias de Luis Medina en el marco de la investigación por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas para la ciudad al contar con solo 247,26 euros, han confirmado a TVE fuentes jurídicas.

Al parecer, Medina tampoco cuenta con los bonos de inversión que compró con parte del millón de euros que cobró en comisiones por participar en una operación de compra-venta de mascarillas. En concreto, compró cada bono por 200.000 euros, según consta en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Por ello, el instructor ha dado traslado al fiscal y los abogados personados en el procedimiento para que propongan otras medidas económicas en un plazo de cinco días.

Medida cautelar para garantizar que la deuda se salda

La pasada semana, el magistrado titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid acordó el embargo de forma preventiva de los bienes de Luis Medina y Alberto Luceño. Esta medida se lleva a cabo para garantizar que una futura sentencia condenatoria se cumpla, es decir, sirve como una medida cautelar para que las autoridades se aseguren de que la deuda pendiente se terminará saldando.

En el caso de Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, la medida afectaba a un yate, llamado 'Feria', por el que pagó 325.515 euros y a dos bonos bancarios por un valor de 400.000 euros. Según ha comentado el propio Luis Medina, el yate 'Feria' estaría confiscado. Mientras, su socio destinó el dinero de las mordidas a la compra de vehículos de alta gama, relojes Rolex, y una vivienda de lujo en Pozuelo con tres plazas de garaje.

Sin embargo, en una providencia, el juez informa de que la cuenta bancaria de Medina únicamente dispone de 247,26 euros y que "ya no dispone de los bonos aludidos por el Ministerio Fiscal".

Por ello, pregunta a las partes personadas que informen sobre la adopción de "nuevas medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de las responsabilidades civiles".

La pregunta no sólo afecta a la Fiscalía, ya que precisamente este martes el juez aceptó la personación del Ayuntamiento de Madrid como acusación particular, y del PSOE, del Grupo Municipal Socialista y de Podemos como acusación popular en el procedimiento.

Se les atribuye delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo

La querella presentada recientemente por el Ministerio Público atribuye a los supuestos comisionistas la comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.

El juez investiga el manejo de unos fondos "en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de COVID-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos", según un reciente auto.

Según la tesis de Anticorrupción, ambos empresarios se embolsaron comisiones por importe de más de 6 millones de dólares por contratos de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de euros. Productos que se pagaron a un precio muy superior al que pedía el vendedor y que, además, tenían una calidad muy inferior a la ofertada.

Con el dinero de las comisiones, los investigados adquirieron varios coches de alta gama, entre ellos un Ferrari 812 Superfast por 355.000 euros, un Lamborghini Huracan Evo Spider por 299.999 euros o un McLaren 720S por 250.000. También una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por 1,1 millones de euros o un yate por 325.515 euros. Ambos tendrán que declarar el próximo 25 de abril ante el juez.

El caso

Según la querella, Alberto Luceño y Luis Medina "actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China".

Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y "su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", un extremo niega la Alcaldía capitalina.

Al parecer, se le habría facilitado el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.

Esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación".

"En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista", subraya el escrito de la Fiscalía.

Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid --como compradora-- y la compañía malaya EEE --como vendedora para adquirir material sanitario--.

Según detalla la querella, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa EEE y él, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total --915.000 euros--).