La Fiscalía Anticorrupción pide al juez una fianza de casi 900.000 euros para Luis Medina
- La petición llega después de que el juez no haya podido embargar sus cuentas al disponer de menos de 250 euros
- Se le acusa de estafa agravada, falsedad en documento y blanqueo de capitales por su comisión en un contrato de mascarillas
El fiscal de Anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha pedido al juez Adolfo Carretero Sánchez que imponga una fianza mínima de 891.227 euros a Luis Medina, el comisionista que cobró un casi un millón de euros por poner en contacto al Ayuntamiento de Madrid con Alberto Luceño para la venta de mascarillas
En un escrito del fiscal remitido al juzgado, al que ha tenido acceso RTVE, el fiscal recuerda que se solicitó el embargo de bienes hasta alcanzar el valor total de las ganancias que obtuvo con la comisión: 921.742 euros, pero que solo fue posible el embargo de un yate valorado en 325.515 euros y del saldo de 247,26 euros de su cuenta bancaria.
El Ministerio Público solicita por tanto que se imponga una fianza "bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes" y pide que se decrete el embargo de bienes "suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza".
El importe de la fianza, señala el fiscal, "no podrá bajar" en todo caso de "la tercera parte" de dichas responsabilidades pecuniarias, que alcanza la cifra total de más de 1,2 millones de euros. Restando de este importe la cantidad ya embargada por el yate y la cuenta bancaria, señala que "debería fijarse en una cifra no inferior" a esos 891.227 euros.
Por último, el fiscal abre la posibilidad a que la fianza o el embargo de bienes a medina pueda ampliarse en caso de que no se logren garantizar suficientemente las responsabilidades pecuniarias del otro investigado, Alberto Luceño, "dado el carácter solidario de la responsabilidad civil ex delicto".
Medina está siendo investigado en el Juzgado número 47 de Madrid por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento y blanqueo de capitales. Podemos, por su parte, ha pedido este lunes ampliar la investigación, también, a un posible delito de alzamiento de bienes.
Las acusaciones populares piden al juez que averigüe su patrimonio
Por su parte, las acusaciones populares en la investigación contra Luis Medina y Alberto Luceño han solicitado al juez Adolfo carretero que fije igualmente una fianza al aristócrata y averigüe su patrimonio después de que no se pudiera proceder al embargo de su cuenta bancaria al no contar con más de 250 euros.
En concreto, el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado un embargo por valor de 1,1 millones de euros a Medina, mientras que PSOE y Podemos han pedido también que se le investigue por presunto alzamiento de bienes.
Según el sumario, Medina habría comenzado presuntamente a transferir el dinero de su cuenta a otra abierta en Países Bajos días después de cobrar la comisión de un millón de euros por sus gestiones para el negocio de Alberto Luceño, lo que podría suponer un delito de alzamiento de bienes.
Las actuaciones recogen los movimientos bancarios que hizo Luis Medina nada más ingresar desde una cuenta de Malasia, donde se ubica la empresa vendedora de las mascarillas adquiridas (la empresa Leno), un millón de euros por la operación.
Según la querella, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa malaya EEE (como vendedora para adquirir material sanitario) y el investigado, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total).
En concreto, recoge un cobro el 31 de marzo de 2020 de una cuenta de Malasia de más de 684.000 euros, con concepto y propósito desconocido. Ese mismo día, Medina habría recibido otro cobro de la misma cuenta de más de 228.000 euros.
Conforme a los movimientos bancarios, consta una operación de pago a una cuenta abierta en Países Bajos efectuada el 2 de abril de casi 94.000 euros; incluye otro movimiento el 22 de junio de una cifra similar; y otra transferencia de otros 94.000 euros el 4 de agosto de ese año.
El sumario incorpora un escrito de la Agencia Tributaria del 16 de febrero de 2021 en el que se expone que "la información extraída de la base de Datos de la AEAT se pone a su disposición a los efectos oportunos sin que los datos aportados hayan sido objeto de verificación previa pues son los declarados los obligados a suministrar información".