Puigdemont y Junqueras anuncian acciones legales por el presunto espionaje de Pegasus

• Presentarán las querellas contra los responsables, como la empresa tecnológica NGO y el Estado español, entre otros
• Piden a Von der Leyen que actúe urgentemente contra España por la "violación masiva de derechos fundamentales"

Puigdemont y Junqueras denunciarán a Estado español por el presunto espionaje con Pegasus

El eurodiputado y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, han anunciado este martes en el Parlamento Europeo acciones legales en España, Francia, Suiza, Luxemburgo, Alemania por el caso del presunto espionaje a dirigentes independentistas con el sistema de ciberespionaje Pegasus.

"A nivel legal denunciaremos a varios niveles y en varios países europeos el espionaje masivo", ha dicho Puigdemont en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas. La denuncia será ante un tribunal de Barcelona y también ante las autoridades judiciales de Bélgica, Suiza, Alemania, Francia y Luxemburgo.

El caso fue desvelado este lunes por The New Yorker, que publicó que 63 personas del entorno independentista fueron víctimas del sistema Pegasus, una herramienta de ciberespionaje que infecta dispositivos móviles sin el conocimiento de su propietario y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados.

Puigdemont ha explicado de que presentarán querellas contra los responsables, empezando por la empresa tecnológica NGO, pero también al Estado español, en los tribunales en Barcelona, y pedirán que se investigue al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a "todas las entidades españolas" vinculadas a este caso.

Asimismo, recurrirán a la justicia de otros países de la UE donde se han producido los supuestos ciberataques, caso de Francia, Alemania, Suiza y Luxemburgo.

Piden a la presidenta de la CE que "actúe urgentemente"

Además, el expresident de la Generalitat y eurodiputado ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que "actúe urgentemente" y haga rendir cuentas a España por el posible uso del programa Pegasus contra rivales políticos, que supone una "violación masiva de derechos fundamentales".

Igualmente, Puigdemont ha recordado que los dispositivos móviles de varios miembros del Parlamento Europeo y asesores parlamentarios, por lo que ha instado a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, a tomar medidas, ya que se ha puesto en riesgo la seguridad de la institución.

La investigación señala que los móviles de miembros de ERC, Junts y la CUP fueron presuntamente espiados entre 2019 y 2020 con el programa Pegasus, que se vende en exclusiva a Gobiernos y permite fácilmente acceder al dispositivo y activar el micrófono o la cámara.

Entre las víctimas se encuentran los eurodiputados Toni Comin (Junts), Jordi Solé y Diana Riba, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, así como también los expresidentes Quim Torra y Artur Mas, miembros del Parlament catalán, abogados vinculados a los líderes independentistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, además de familiares de algunas de las principales figuras independentistas.

El investigador de CitizenLab apunta a "varias entidades dentro del Estado"

Junto a Puigdemont y Junqueras han comparecido el investigador de CitizenLab John-Scott Railton, que ha llevado a cabo la investigación, y el exrelator especial de la ONU sobre liberad de expresión David Kaye, así como los líderes de las entidades civiles ANC y Ómnium Cultural y un diputado de la CUP.

Railton ha relatado cómo se ha llevado a cabo, a lo largo de algo más de dos años, la investigación. Además, ha apuntado a que, pese a que la investigación no ha podido determinar con seguridad quién está detrás de este espionaje,  hay detalles que "apuntan a varias entidades dentro del Estado español".

Son, por ejemplo, el hecho de que las víctimas eran "de interés obvio" para España y que las fechas en las que se infectaron los dispositivos encajan con fechas clave en el "procés" independentista catalán, cuando las autoridades catalanas impulsaban un referéndum de secesión en 2017 declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.