El CGPJ aprueba el informe que critica la ley trans al entender que puede discriminar a mujeres

• Propone que se eleve a los 18 años la edad para solicitar la rectificación de la mención registral relativa al sexo
• La ministra de Igualdad ha criticado que lo emitan "con tres meses de retraso" y dice que tramitará la norma "con urgencia"

Una persona porta la banderaUna persona porta la bandera del colectivo trans.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles, por unanimidad, su informe sobre el anteproyecto de ley trans en el que advierte sobre determinados puntos que podrían vulnerar derechos de las mujeres y propone que se eleve a los 18 años la edad para que una persona pueda solicitar el cambio de sexo en el registro sin aval judicial

El órgano de gobierno de los jueces insta a endurecer así la propuesta del Ministerio de Igualdad, que en su anteproyecto de ley trans contempla que a partir de los 16 años no haya limitación alguna.

Propone que se eleve a los 18 años el límite de edad

El informe aprobado modifica algunos aspectos contenidos en el borrador del dictamen sobre el anteproyecto. En ese primer texto el órgano de gobierno de los jueces ya señaló que ve "loable" la finalidad de la norma, que es evitar la discriminación de los colectivos trans y LGTBI, pero incluía algunas consideraciones técnicas que advirtieron de que, si no se precisa en la ley, las mujeres no transexuales podrían ver vulnerados sus derechos en ámbitos como el deportivo o la violencia de género.

Ahora, según un comunicado remitido por el CGPJ este miércoles, el Pleno ha aceptado varias enmiendas a la propuesta de informe de los vocales Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea. Por mayoría, se ha acordado proponer que se eleve a los 18 años el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral relativa al sexo.

De este modo, se extendería hasta la mayoría de edad el procedimiento previsto en el anteproyecto para los menores de entre 12 y 14 años, que requiere de aprobación judicial, previa "tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria" y la demostración de "la madurez necesaria" y de la "voluntad estable" de proceder a la rectificación registral del sexo.

También por mayoría se ha acordado proponer que se valore la necesidad de que algunos de los preceptos del texto remitido por el prelegislador tengan rango de ley orgánica al ser su finalidad esencial desarrollar el principio de igualdad (recogido en el artículo 14 de la Constitución) en relación con las personas LGTBI y transexuales.

La norma diseñada por el Ministerio de Igualdad abre la puerta al cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos a partir de los 12 años. Entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.

En su borrador del pasado 8 de abril, el CGPJ consideraba que no se protegía suficientemente a los adolescentes de entre 14 y 16 años y subrayaba que debía primar el interés superior del menor.

Por eso proponía que en esos casos un juez comprobara que tienen "suficiente madurez" y "estabilidad en la situación de transexualidad", al igual que se propone con los niños de 12 a 14 años. Ahora, con la enmienda aprobada por el Pleno, el CGPJ propone elevar hasta los 18 años esta condición.

Disposiciones que "contradicen el derecho fundamental a la igualdad"

Según un adelanto del contenido del informe al que accedió Europa Press, en el documento se recoge que esta norma provoca una "atomización del ordenamiento jurídico", igualdad y seguridad jurídica al "dotar a determinados colectivos de un régimen privilegiado de protección, al margen del régimen aplicable al resto de ciudadanos" y "con notable detrimento del derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica".

Para el CGPJ, el anteproyecto contiene disposiciones que "contradicen el derecho fundamental a la igualdad" en la medida en que propician el "indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales".

También muestra a Igualdad sus "dudas" de que una ley de carácter "integral y transversal" sea "la herramienta adecuada" para conseguir el objetivo que proponen.

Lo que proponen es restringir el contenido normativo del anteproyecto a los "aspectos nucleares, troncales y autónomos" específicamente referidos a alcanzar la igualdad de las personas trans y a proteger los derechos del colectivo LGTBI que no estén contemplados ya en las leyes autonómicas sobre este tema, introduciendo las modificaciones de otras normas que resulten necesarias a través de las disposiciones finales.

Ven "consecuencias" en el deporte o la violencia de género

El borrador fue redactado por dos vocales del sector conservador y una del progresista y también se refería a las "consecuencias" de la autodeterminación de género en ámbitos como el deporte y las medidas contra la violencia de género. En este sentido, ha advertido de que la norma presenta "aspectos oscuros" y "ciertas disfunciones".

En cuanto a esto el CGPJ recomienda una redacción "más clara y precisa" sobre estos aspectos determinando que esta determinación de género "no permitirá eludir las obligaciones y responsabilidades frente a las víctimas de violencia de género" con el fin de "evitar que se produzcan situaciones fraudulentas".

Del mismo modo, señala que "no queda claro" si el precepto contempla la inalterabilidad del régimen jurídico aplicable con anterioridad a la inscripción respecto de la mujer que transita al sexo opuesto.

Respecto al deporte, el CGPJ indica que el problema es que el anteproyecto no resuelve las consecuencias derivadas de la regla general según la cual la persona podrá ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición tras la inscripción registral del cambio de sexo. Esta situación, advierte el informe, puede conducir a situaciones de discriminación de las mujeres y, por tanto, contrarias a la igualdad, como en las competiciones deportivas o las pruebas físicas que se exigen para acceder a determinadas profesiones, cuando se ha transitado del género masculino al femenino.

El CGPJ considera, además, que la reversión de un cambio de sexo registral debería tener carácter "absolutamente excepcional", "siempre bajo decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada".

Modifica la expresión "mujeres no transexuales"

Por otra parte, el Pleno ha acordado, también por unanimidad, modificar la expresión “mujeres no transexuales” que figuraba en el apartado de la propuesta que se refería al riesgo de discriminación de aquellas personas no contempladas en el ámbito subjetivo de aplicación de la norma proyectada, y sustituirla por la palabra “mujeres”.

Asimismo, el Pleno ha acordado también señalar en el informe su disconformidad con la prohibición de terapias de conversión que recoge el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces considera que no cabe la prohibición en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado.

Irene Montero, sobre el informe del CGPJ: "Ninguna sorpresa"

El anteproyecto de la ley trans vio la luz tras una compleja negociación en el seno del Gobierno y es rechazado por parte del movimiento feminista, que considera que puede perjudicar la lucha de las mujeres por la igualdad.

Poco después de aprobarse el informe, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha compartido su valoración en redes sociales: "El CGPJ emite su informe sobre la Ley Trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa. Nuestra hoja de ruta es clara: tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones. Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley", ha escrito.

Antes, en declaraciones a los medios, Montero destacó que las personas trans merecen que las instituciones garanticen todos sus derechos y no que los cuestionen y ha asegurado que es consciente de su responsabilidad como Gobierno para "blindar y garantizar" todos los derechos de las personas trans y LGTBI.

Ha recordado que el CGPJ siempre se ha opuesto a las leyes feministas y ha mencionado su posición sobre la ley del matrimonio igualitario que dijeron que era como casar a una persona con un animal, o la ley de violencia de género, de la que llegaron a plantear dudas sobre su constitucionalidad.

Las organizaciones que representan a este colectivo han pedido al Gobierno que "desoiga" este informe que, recuerdan, "llega tarde", con más de tres meses de retraso sobre lo que marca la ley y que a su juicio se alinea con los sectores anti derechos trans que en los últimos dos años han ejercido "una violencia brutal sobre el colectivo" y difundido bulos para tratar de intoxicar la opinión pública.

Subrayan que el CGPJ responde a una mayoría conservadora y lleva más de tres años caducado y recuerdan que no es la primera vez que se muestra contrario al avance de derechos sociales y civiles