Desarticulada una red con más de 100 detenidos que regularizaba migrantes con contratos de trabajo ficticios

• A través de empresas falsas, cometían diversas estafas a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria
• Los agentes intervinieron 124.000 euros en efectivo, 112.000 en criptomonedas, coches de alta gama y ordenadores

Un furgón de la Policía Nacional, en una imagen de archivo

La Policía Nacional ha detenido a 125 personas por formar parte de una red destinada a regularizar inmigrantes en España a través de contratos de trabajo. La organización, con base en el municipio alicantino de Elche, creaba presuntamente empresas ficticias con las que emitían facturas falsas para cometer diversas estafas a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Entre los detenidos de la operación Yerza se encuentran quienes formarían el núcleo de la organización, su "cabecilla" y dos empleados de un despacho de abogados del municipio alicantino, por considerarse posibles colaboradores necesarios, según han informado este martes los responsables policiales de la operación en una rueda de prensa.

También ha sido arrestado un funcionario de la administración pública por haber cooperado presuntamente al realizar numerosas consultas en bases de datos confidenciales. Antes de ser detenido por los delitos de cohecho y revelación de secretos, el empleado público a sueldo de la organización dio la alerta al resto de que estaban siendo investigados por la Policía.

En los doce registros domiciliarios practicados en Elche, los agentes han intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro coches de alta gama, cinco equipos informáticos, 112.000 euros en criptomonedas y una granja de minado de estas monedas virtuales, que la trama empresarial utilizaba supuestamente para blanquear los beneficios obtenidos por sus fraudes. Esta instalación, que consume una gran cantidad de energía eléctrica, se encontraba conectada de forma ilegal al suministro.

El "cabecilla", un empresario de Elche

Un empresario ilicitano levantó las primeras sospechas en octubre de 2020 cuando, según los agentes de la localidad, "se pasaba horas en cajeros automáticos y sacaba grandes cantidades de dinero que repartía a distintas personas".

Al ir tras sus pasos, descubrieron que operaba con una treintena de empresas en cuya titularidad figuraban diferentes supuestos testaferros. La sede social de dos de las compañías ficticias coincidía con la dirección de un prostíbulo ubicado en Elche y regentado por el principal investigado.

Se reunía habitualmente, además, los dos abogados de un despacho de Elche, también detenidos. A cambio de una retribución, estos se dedicaban presuntamente a la creación de las empresas ficticias utilizadas para los distintos fraudes a la Seguridad Social y la Agencia Pública.

El empresario, presunto "cabecilla" de la organización, ingresó en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche, que se ha hecho cargo de la investigación.

"Doble objetivo": estafas a Hacienda y regularización fraudulenta de inmigrantes

El comisario jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, Carlos Rio-Miranda, ha revelado que la creación de dichas sociedades tenía un "doble objetivo" para la organización: la comisión de diferentes fraudes a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y la regulación fraudulenta de inmigrantes, que pagaban entre 3.000 y 6.000 euros por el trámite.

Su "modus operandi" se basaba en la confección de facturas falsas que emitían a empresas con una actividad normal. Una de las sociedades ficticias llegó a declarar un millón de euros en ventas, pese a que se comprobó que no había realizado ningún tipo de acción empresarial.

El entramado empresarial, a través del despacho de abogados implicado, facilitaba a los inmigrantes tanto documentación como contratos y ofertas de trabajo para, así, obtener o renovar los permisos de residencia en España.

Asimismo, los agentes han arrestado a dos empleados de un banco que, a sabiendas de las actividades ilicitas, permitieron que los investigados recibieran un crédito ICO de 40.000 euros dentro de la línea de crédito habilitada por el Gobierno como ayuda a las empresas por la pandemia de coronavirus.