El Govern de Cataluña "restringe" su relación con el Gobierno por el presunto espionaje y prevé acciones legales

• El Ejecutivo de Pere Aragonès ha tomado esta decisión hasta que se esclarezca el caso de espionaje
• También da por aparcada por el momento la mesa de diálogo con el Gobierno central

El president de la Generalitat, Pere Aragonès

El Govern de Cataluña ha acordado este martes "restringir" sus relaciones políticas con el Ejecutivo central "a mínimos" hasta que se esclarezcan las denuncias de presunto espionaje a más de 60 independentistas con el software Pegasus, entre los que estaría el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y se "depuren" responsabilidades, un caso por el que planea emprender "acciones legales" a todos los niveles.

Así lo recoge el acuerdo aprobado por el Gobierno de la Generalitat en su reunión ordinaria de este martes, en el que constata que la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante este "escándalo político" ha sido hasta ahora "del todo insuficiente", lo que "pone gravemente en peligro la confianza" entre gobiernos.

Según ha confirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo catalán, se da también por "aparcada" la mesa de diálogo con el Gobierno. "La mesa de diálogo, ahora mismo, está al margen. Ahora hay una urgencia por resolver, una crisis sin precedentes. No se da ninguna de las condiciones para que se pueda celebrar la mesa de negociación", ha recalcado.

Hace una semana, ya el Govern dio por congelada la mesa de diálogo con el Ejecutivo central por este caso y solicitó una investigación en el Congreso y avisó de que se podría haber una ruptura del pacto de investidura.

Y este mismo lunes, la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, avisó de que la legislatura "pendía de un hilo", al tiempo que ERC se planteó tumbar el plan anticrisis del Gobierno si no tomaba medidas ante el supuesto espionaje.

Por su parte, el Gobierno ha asegurado que ha tomado todas las "medidas necesarias para esclarecer los hechos", tal y como ha dicho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "En el Gobierno tenemos la conciencia muy tranquila. Se va a garantizar la colaboración del Ejecutivo, incluso desclasificando documentación", ha señalado Bolaños, que ha instado a sus socios parlamentarios a apoyar el plan anticrisis para hacer frente a la guerra que se vota este jueves en el Congreso de los Diputados.

"Restringir las relaciones políticas" e impulsar "acciones legales"

El texto aprobado por el Govern este martes señala que la "insuficiente" reacción del Gobierno a este caso obliga a "restringir las relaciones políticas a las mínimas que se consideren en cada caso imprescindibles, hasta el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades al nivel que corresponda".

Según ha especificado Plaja, "solo se harán los encuentros imprescindibles, necesarios o convenientes para aclarar los hechos sobre el espionaje, o los inaplazables por intereses del conjunto de catalanes", entre los que no está la mesa de diálogo.

Del mismo modo, se está a la espera aún de una "conversación directa" entre ambos presidentes, como solicitó Pere Aragonès a Pedro Sánchez hace días; y de la comparecencia del presidente español en el Senado, Plaja ha dicho que el Govern "espera que dé explicaciones, que no se esconda y que dé la cara", tras "ocho días" de silencio.

Impulsarán acciones legales

Para el Govern de Pera Aragonès, este asunto de "espionaje tecnológico masivo" es de "una gravedad extrema". Por ello, prevé impulsar "las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar" este caso.

En este sentido, el Ejecutivo catalán encargará al Gabinete Jurídico de la Generalitat "el estudio y la propuesta de acciones legales ante instancias policiales y judiciales pertinentes para la defensa de la Generalitat y de sus servidores públicos", incluyendo las indemnizaciones que se pudieran reclamar por daños y perjuicios.

En concreto, la Generalitat "denunciará" ante instancias internacionales, europeas, estatales y catalanas competentes la "vulneración de derechos humanos incluidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en el resto de normas de cabecera del ordenamiento jurídico".

También avanza que solicitará al Consejo de Ministros el "acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el CNI o cualquier otra agencia estatal y la empresa NSO Group", autora del sistema de ciberespionaje Pegasus.

Asimismo requerirá al Gobierno de Pedro Sánchez la reforma de la ley sobre secretos oficiales, que incide en la regulación, organización, funcionamiento y control del CNI, así como la derogación de la ley conocida como el "decretazo digital" que se aprobó en octubre de 2019 y que permite al Ejecutivo español intervenir las comunicaciones electrónicas sin autorización judicial.

Y, por último, el Ejecutivo formado por ERC y JxCat expresa el pleno apoyo a la creación de una comisión de investigación en el Congreso y a las que puedan constituirse en la Eurocámara o el Parlamento catalán.