El Gobierno aprueba un decreto ley para inmovilizar bienes de oligarcas rusos sancionados con testaferros

• La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que sirve para garantizar los mecanismos acordados a nivel europeo
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Miembros de la Guardia Civil realizan un registro en el yate Tango que pertenece a un oligarca ruso anclado en el Club Náutico de Palma de Mallorca, a principios del mes de abril

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley con un sistema excepcional para que los registradores puedan inmovilizar los bienes en España de oligarcas rusos sancionados por la Unión Europea, aunque estos hayan recurrido a testaferros o personas interpuestas.

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se trata de un paso más para garantizar los mecanismos acordados a nivel europeo e impedir que los oligarcas rusos puedan burlas las sanciones.

Este nuevo decreto ley, diseñado por el ministerio de Justicia, permitirá a los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles inmovilizar los bienes inscritos a nombres de personas físicas sancionadas o personas interpuestas.

Informe previo de "indicios racionales"

A través de un comunicado, Justicia ha precisado que será necesario un informe previo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que recoja la existencia de "indicios racionales" de que el verdadero titular de los bienes puede ser un oligarca ruso objeto de investigación.

Además, la reforma pone de manifiesto la intención del Gobierno de que ningún oligarca ruso financie la guerra entablada por el presidente Vladímir Putin contra Ucrania con sus propiedades presentes en España, añaden en el comunicado.

Para favorecer el cumplimiento de las sanciones, el decreto establece también un procedimiento específico para que las representaciones de España en el exterior realicen los pagos de las nóminas del personal y cumplan otras obligaciones con fondos propios, minimizando el posible uso del sistema financiero ruso.

Mediante esos pagos directos, explica Justicia, se evita recurrir a entidades financieras rusas que, aunque no están sujetas a las sanciones europeas, podrían suponer un riesgo de evasión.