El Govern pide tiempo al TSJC y le insta a no ejecutar la sentencia que obliga a dar el 25% de las clases en castellano

• Alegan que necesitan un plazo mayor para reformar la Ley de política lingüística
• Consideran que la Asamblea por una Escuela Bilingüe no tiene la legitimidad para exigir esta medida

El TSJC ha ordenado a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano

El Govern ha pedido al TSJC que no admita la petición de ejecución del fallo que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano propuesta por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) porque niega su legitimidad para pedirlo y porque necesita tiempo para reformar la Ley de política lingüística y el decreto de uso de las dos lenguas en el sistema educativo.

Según el escrito de alegaciones presentado por el letrado de la Generalitat, al que ha tenido acceso Efe, el gobierno catalán entiende que la AEB no puede atribuirse la condición de persona afectada por la sentencia y, por lo tanto, no puede promover la ejecución forzosa de la sentencia.

Aunque la AEB ha argumentado que la sentencia perjudica a la asociación dados sus fines estatutarios y que 1.643 de sus asociados son alumnos mayores de edad o padres de alumnos afectados por la sentencia, la Generalitat alega que el Tribunal Supremo ha establecido que persona afectada es aquella que puede resultar perjudicada o dañada "y no es suficiente justificar una determinada atribución estaturaria".

"Hay que acreditar de manera específica en qué puede verse afectado el interés que invoca y una determinada relación con el objeto del litigio, que es lo que la AEB no hace. La asamblea, en definitiva, no obtendría ningún beneficio o utilidad jurídica por el hecho que la sentencia se ejecute de una y otra manera", argumenta la Generalitat.

Las alegaciones del gobierno catalán también desmienten la "inactividad" de que le acusa la AEB y recuerda al TSJC que el pasado 25 de marzo la Generalitat ya informó al tribunal "sobre las iniciativas iniciadas para regular la materia, en concreto la tramitación de dos normas, una de rango legal y una de rango reglamentario, que se habían iniciado durante el periodo de ejecución de sentencia".

Alegan que la modificación de la ley se registró en el Parlament el 24 de marzo

En este sentido, el Govern explica que la modificación de la ley de política lingüística se registró en el Parlament el 24 de marzo y "persigue actualizar la garantía de conseguir las competencias lingüísticas de acuerdo con el nuevo enfoque competencial del currículum y la aplicación de instrumentos de control, evaluación y mejora del sistema educativo".

"En particular -añade- para conseguir la finalidad estatutaria y legalmente establecida de garantizar el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales por parte del alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria".

Tras señalar que estas modificaciones legales "cuentan con un amplio consenso inicial de los grupos parlamentarios (ERC, PSC, JxC y ECP), la Generalitat especifica que la iniciativa "se ha registrado para ser tramitada por el procedimiento de lectura única y por urgencia extraordinaria".

En paralelo, el Govern también informa al TSJC que ha iniciado los trámites para aprobar un decreto del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña para desplegar el título II de la ley 12/2009 de 10 de julio, de Educación.

Para aprobarlo, el Departamento de Educación prevé hacer una consulta pública previa a su elaboración durante un mes para conocer la opinión de la comunidad educativa, un "trámite preceptivo" en los procedimientos de las administraciones públicas.

El objetivo de este decreto es, según la Generalitat, "dar cumplimiento, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, a la obligación que corresponde a la Administración educativa de regular el uso vehicular de las lenguas del sistema educativo", por lo que dice que es "incuestionable que la norma pretende afrontar el tema del uso de las diferentes lenguas en la escuela".

Sostienen que "la tramitación de las normas tienen unos plazos"

El Departamento de Educación también ha encargado al Centro de Investigación Sociolingüística y Comunicación de la Universidad de Barcelona una encuesta sobre la realidad sociolingüística en las escuelas "para conocer con profundidad la realidad que se quiere regular".

"No es lícito afirmar que el Departamento de Educación no ha hecho ninguna actividad normativa, como indica la AEB", afirma el letrado de la Generalitat, que subraya que "la tramitación de las normas tiene unos trámites y plazos que hay que respetar, sin que se pueda exigir su aprobación en un plazo de un mes como pretende la AEB".

"Lo que es realmente relevante es que, por seguridad jurídica, la problemática quede resuelta en el plano normativo y esto es lo que ha hecho la Generalitat con las dos iniciativas normativas comentadas" que se están tramitando, añade.

Por todo ello, la Generalitat pide a la sección quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC que "inadmita o desestime el incidente de ejecución promovido por la AEB y se le impongan las costas procesales, reconociendo que (la Generalitat) está llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar normativamente el uso de las dos lenguas oficiales en las enseñanzas en Cataluña".