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PSOE y Podemos pactan que la 'ley Zerolo' incluya de forma expresa el castigo a la discriminación contra los gitanos

  • Será la primera vez que el término antigitanismo esté incluido en el Código Penal
  • La Comisión de Igualdad del Congreso ha dado luz verde al informe de la ponencia de la ley, impulsada por el grupo socialista

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Un hombre con una mascarilla con la bandera del Pueblo Gitano
Un hombre con una mascarilla con la bandera del Pueblo Gitano

PSOE y Unidas Podemos han pactado que la conocida como 'ley Zerolo' incluya de forma expresa en el Código Penal el castigo a la discriminación racial contra los gitanos, considerándose una circunstancia agravante de un delito.

Así lo ha establecido la Comisión de Igualdad del Congreso, que este miércoles ha dado luz verde al informe de la ponencia de la ley, impulsada por el grupo socialista, por 21 votos a favor por los 14 votos en contra de PP y Vox.

En la enmienda, que ha salido adelante sin ningún voto en contra y a la que ha tenido acceso RNE, se indica que se tomará como agravante "cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación" y se tipificara como un delito que conllevará una pena de uno a cuatro años de prisión. También se incluirán a quienes públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad contra ellos.

La ley de igualdad de trato y la no discriminación, promovido antes de morir por el socialista Pedro Zerolo, tiene como objetivo que nadie pueda ser discriminado por ninguna razón –sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual– y va encaminado a diferentes ámbitos como el laboral, el educativo o incluso de la vivienda. Asimismo, busca proteger a las víctimas y trata de "combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador", según expone el documento del anteproyecto.

Primera vez que el término antigitanismo estará incluido en el Código Penal

En u comunicado explican que quienes lesionen la dignidad de las personas gitanas mediante acciones que entrañen humillación y quienes enaltezcan o justifiquen -por cualquier medio de expresión pública o de difusión- los delitos que hubieran sido cometidos contra los gitanos serán castigados con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a doce meses.

Esta sería, además, la primera vez que el término antigitanismo está incluido en el Código Penal.

La diputada socialista Beatriz Carrillo asegura en el comunicado que desde que se acordó admitir a trámite la proposición de ley, hace cerca de un año, "se ha trabajado de manera incansable" para que la futura norma garantice los derechos de las personas que sufren discriminación y califica esta jornada de "histórica".

El diputado de En Comú Podem Ismael Cortés se ha congratulado en declaraciones a Efe por la aprobación de esta enmienda porque, ha dicho, va a contribuir a acabar con la infradenuncia de las personas gitanas, quienes, ha asegurado, no se sentían protegidos en el Código Penal.

Sara Giménez de Ciudadanos ha subrayado que esta ley desarrolla herramientas totalmente necesarias para dar respuesta a la lucha efectiva contra la discriminación en España.

Un anteproyecto que generó discrepancias

En principio, la Comisión tenía competencia legislativa plena para la aprobación de la ley y enviarla al Senado, pero al apoyar la modificación de una materia orgánica, como es el Código Penal, tendrá que pasar por el Pleno de la Cámara Baja.

El PP ha asegurado compartir la filosofía de la iniciativa pero, a su juicio, el PSOE junto a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, "han conseguido con las enmiendas transaccionales empeorar el texto", mientras que VOX ha insistido en que la norma creará más inseguridad jurídica y una sociedad "menos libre".

La tramitación de la ley salió adelante en febrero de 2021 con la abstención de Unidas Podemos. El texto encendió la polémica entre los dos socios de gobierno, puesto que el registro del documento por parte del PSOE en la Cámara baja generó un "enorme malestar" en Unidas Podemos, ya que ambos grupos habían decidido presentarla juntos y el Ministerio de Igualdad ya estaba trabajando en ello.

Podemos dijo entonces que su intención no era impedir la tramitación de la propuesta socialista, sino evidenciar que el pacto con el PSOE implica un paquete legislativo completo contra la discriminación.