La Fiscalía confirma irregularidades en los ERE: "Se quiso modificar el sistema para evitar cualquier tipo de control"

• Así lo ha afirmado en la vista pública ante el Tribunal Supremo para revisar los recursos contra la sentencia
• El letrado del PP, que ejerce la acusación popular, se ha adherido al fiscal y pide confirmar las condenas

Los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio de la pieza política del caso ERE.

La Fiscalía ha confirmado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se cometieron irregularidades en la concesión de las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009, tal y como recoge la sentencia del 'caso de los ERE'. "Se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", ha denunciado en la vista pública de los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

El Ministerio Público ha denunciado las "excusas" de los condenados por los ERE "tratando de eludir su responsabilidad", ya que "todos los responsables de la Junta de Andalucía eran conscientes de lo que estaba sucediendo con los ERE", que "no eran irregularidades, sino patentes ilegalidades".

Esta es una de las principales conclusiones del informe que los fiscales Fernando Prieto Rivera y Rafael Escobar Jiménez han expuesto en la vista pública de los recursos contra la sentencia, por la que se condenó a ex altos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación, incluidos los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

El fiscal Fernando Prieto, que ha empezado su exposición a las 9:30 horas, después de que las defensas de casi una veintena de condenados pidieran al tribunal su absolución, ha explicado que en el año 2000 se produjo un cambio en la presupuestación que, a su juicio, "no tiene ningún tipo de justificación".

"No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones. Está expresamente prohibido", ha dicho, para luego subrayar que en 2010 se volvió al sistema anterior. Para el fiscal, la "única explicación" es que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control".

Además, Prieto ha defendido que "la Consejería de Empleo contaba con crédito suficiente para abonar las ayudas", por lo que considera que "no era necesaria una modificación presupuestaria". A su juicio, "se utilizó una partida inadecuada para la concesión".

Las ayudas no cumplieron los requisitos

Las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos: ni relación de beneficiarios ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades, según ha asegurado el Ministerio Público. "Ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos. No existió ni siquiera procedimiento ni expediente", ha insistido el fiscal.

El fiscal ha relatado el recorrido de las ayudas: "no había ningún tipo de documentación, se limitaban a pagar, no había casi ni una sola resolución, no consta solicitud, no se aporta presupuesto desglosado, no se aporta declaración responsable, no se aporta memoria que acredite razones de interés social, no consta autorización de concesiones por parte del Consejo de Gobierno".

Como tampoco, ha continuado, había bases reguladoras de las ayudas ni publicidad, por lo que "era inviable que cualquier peticionario pudiera acceder a las ayudas" cuyos "expedientes no estaban en el sistema informático", sino que "estaban en un limbo".

Prieto ya había advertido que su intervención iba a ser extensa porque tendrá "necesariamente" que aludir a "cuál es la prueba que acredita la participación de cada uno de los condenados", porque, según ha subrayado, los abogados de las defensas plantearon este miércoles que "no había prueba alguna".

Los letrados "se olvidaron de los numerosos elementos de prueba que expone el tribunal en la sentencia, que hay que valorar en su conjunto", ha asegurado.

Por su parte, el letrado del PP, que ejerce la acusación popular y cuyo escrito de impugnación se ha limitado a adherirse al fiscal, ha pedido confirmar las condenas ante el "fraude" que supuso "un sistema ideado que dejó fuera de control 800 millones repartidos sin filtros ordinarios y creo una especie de angulo muerto que dejó a la inspección fuera de control".

La sentencia no se conocerá hasta después de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, para evitar cualquier influencia en los comicios, como es tradición en el Supremo.

Se trata de la causa de mayor trascendencia política en Andalucía, que coincide con la precampaña de las elecciones autonómicas en esta comunidad autónoma, en la que probablemente esta cuestión saldrá a debate, con dos expresidentes socialistas involucrados, ambos suspendidos de militancia.