El juez descarta investigar al primo de Almeida y le cita como testigo en el caso de las mascarillas

• Señala que el primo del regidor "se limitó a proporcionar al empresario Luis Medina el correo electrónico"
• Le ha citado el próximo 12 de mayo como testigo, en contra de la solicitud de Podemos y Grupo Mixto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas por la supuesta estafa en la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia, ha descartado investigar al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por un delito de tráfico de influencias y le ha citado el próximo 12 de mayo como testigo, en contra de la solicitud de Podemos y Grupo Mixto.

Así consta en un auto dictado este lunes en el que el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid acuerda que no ha lugar a la citación de Carlos Martínez-Almeida por delito de tráfico de influencias, manteniéndose su condición de testigo en el presente procedimiento, al estimar que no hay indicios de que cometiese dicho delito.

En la resolución, el juez esgrime que el primo del regidor "se limitó a proporcionar al empresario Luis Medina (uno de los dos comisionistas investigados en el caso) el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento, Elena Collado, quien fue la que negoció y firmó en nombre de la Funeraria Municipal, los mencionados contratos".

Mantiene la condición de testigo del primo de Almeida

De igual modo, el magistrado recalca que tampoco consta que Carlos Martínez-Almeida "presionase en modo alguno a Collado, ni que le obligase a ésta a llamar al investigado porque alegase su condición de primo del alcalde".

Por ello ha denegado la solicitud de imputarle por tráfico de influencias formulada por la acusación popular ejercida por Podemos, a la que se adhirió el grupo Mixto del Ayuntamiento, dado que dicho delito requiere que se haya ejercido "una considerable presión en la autoridad o funcionario, más allá de la mera recomendación o sugerencia".

"Nada de lo anterior consta en la presente causa", dice el juez, que sin embargo sí cree "conveniente" citarle como testigo para "conocer el modo en que los investigados (los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño) contactaron con la persona encargada de la contratación en el Ayuntamiento y si hubo algún trato de favor con los mismos" debido a su intervención.

Este procedimiento judicial investiga una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario de inferior calidad al prometido al inicio de la pandemia, una operación por la que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, se habrían embolsado 6,6 millones de dólares en comisiones.

"Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para verder"

La citación como testigo del primo del alcalde de Madrid se produce después de que el juez preguntara a las partes la condición en la que debía de citar al ahora testigo, ya que Podemos y el Grupo Mixto pidieron que compareciera en calidad de investigado para acudir a la declaración acompañado de un abogado.

La providencia, que sigue el criterio de la acusación popular Más Madrid y la Fiscalía Anticorrupción, coincide con la segunda ronda de interrogatorios de la causa.

Están citados este lunes la presidenta de la universidad americana CIS, que, según Medina, fue quien le dio el teléfono del primo del alcalde de Madrid, y dos directivos de entidades bancarias en las que los dos empresarios tenían sus cuentas. Medina habría confirmado en su declaración ante el juez que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde capitalino.

"Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un email que creo que era de Elena Collado", señaló.

El fiscal del caso consideraba "irrelevante" la declaración de Carlos Martínez-Almeida en el caso de las mascarillas y rechazaba también la imputación de Elena Collado, la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento que cerró los contratos investigados.