Ciudadanos lleva a la Fiscalía a Rufián por un presunto delito de revelación de secretos oficiales

• Según Cs, Rufián incumplió la ley de secretos oficiales tras participar en la comisión de gastos reservados
• Este supuesto delito está castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, y el diputado José María Espejo-Saavedra, ante la Fiscalía.

Ciudadanos ha denunciado este martes ante la Fiscalía General del Estado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por un presunto delito de revelación de secretos oficiales, después de que el jueves pasado trascendieran algunas informaciones sobre la comparecencia de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, en la comisión de gastos reservados del Congreso y el espionaje a políticos con el software Pegasus.

Ha sido el vicesecretario general de Cs y portavoz del grupo parlamentario, Edmundo Bal, quien ha acudido este martes a la Fiscalía a presentar esta denuncia, en la que se señala a Rufián por las declaraciones que realizó a los medios de comunicación tras participar en la comisión de secretos oficiales del Congreso, que es como se conoce a la comisión de gastos reservados.

En el escrito, el partido naranja solicita al Ministerio Fiscal que abra una investigación sobre "algunos diputados" y, "en particular", sobre Rufián. Según Ciudadanos, el portavoz de ERC podría haber cometido un delito que el Código Penal castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel.

La revelación de Rufián, según Cs

Le achacan haber "revelado" la información a la que tuvo acceso como miembro de la comisión de secretos oficiales, una vez que la Cámara Baja rebajó las mayorías necesarias para dar cabida a los partidos independentistas en medio de la polémica por el espionaje del CNI a líderes catalanes con el sistema israelí Pegasus.

Ciudadanos adjunta en la denuncia, de tres páginas, las declaraciones del portavoz parlamentario de ERC. Entre ellas, el partido que dirige Inés Arrimadas recoge que Rufián aseguró al salir de la comisión que la directora del CNI había reconocido que "solo una parte de los dirigentes independentistas espiados lo fueron por los servicios de inteligencia, siempre bajo autorización judicial".

Además, Ciudadanos señala que Rufián "habría planteado que la incursión en los teléfonos del resto de los investigados, a los que no pinchó el CNI, podría tener dos orígenes: o bien una potencia extranjera, o bien 'organismos descontrolados' del propio Estado".

Para el partido naranja, Rufián ha incumplido, con sus declaraciones a los medios, "no sólo la obligación específica que soportan los diputados, sino la general de no revelar información clasificada" en virtud de la Ley 9/1968 sobre secretos oficiales, que afecta "a todas las autoridades e, incluso, a los ciudadanos".

Consecuencias penales

En la denuncia, Ciudadanos señala que incumplir la obligación de guardar secreto, es decir, de divulgar información considerada clasificada, "tiene consecuencias penales" y cita el artículo 598 del Código Penal, que castiga con pena de prisión de uno a cuatro años. En este sentido, el partido naranja especifica que el artículo 599 también incluye el castigo cuando la revelación del secreto se haga en algún medio de comunicación o de forma que asegure su difusión.

Para Bal, mantener el secreto de la información clasificada que desveló la semana pasada en el Congreso la jefa de los servicios secretos españoles es de obligado cumplimiento por ser un material sobre asuntos de "indudable trascendencia" que afectan "a la seguridad nacional" y, por consiguiente, "al orden constitucional".

"No es una broma revelar secretos oficiales ni que podamos tratar este asunto con frivolidad. Los secretos son importantes para todas las democracias avanzadas y pretenden mantener la seguridad nacional", ha puntualizado Bal tras recalcar que en la comisión se exhibieron documentos "con el rótulo de secreto".

A partir de ahora será la Fiscalía la que valore si archiva la denuncia, abre diligencias informativas o acude a un juez de instrucción, que sería el que decidiría si lo eleva al Tribunal Supremos para pedir el suplicatorio, ya que Rufián está aforado al ser diputado, y solo puede ser juzgado este alto tribunal.

La Mesa del Congreso rechaza privar a Rufián de sus derechos

Esta denuncia se ha registrado después de que la Mesa del Congreso haya rechazado este martes con los votos del PSOE y de Unidas Podemos un escrito de Ciudadanos que solicitaba aplicar el artículo 99 del reglamento del Congreso, según el cual, un diputado puede ser privado de todos o de algunos de sus derechos como condición de diputado si quebranta el deber de secreto que establece el artículo 16.

Según este artículo, los diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquel, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas.

La formación naranja proponía que la Mesa propusiera al pleno de la Cámara que se impidiera a Rufián asistir a la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, así como la suspensión de su derecho a recabar los datos, informes o documentos que se traten en esa comisión.

Sin embargo, la Mesa del Congreso ha rechazado este escrito toda vez que los letrados también han recordado los artículos a los que alude Ciudadanos para poder sancionar al portavoz de ERC.