Familiares de las víctimas de "falsos positivos" en Colombia, cara a cara con los autores de los crímenes

• "Tenemos que admitir que esto ocurrió, ha dicho el exmilitar de mayor rango que ha admitido su responsabilidad en los crímenes
• En la mayoría de los casos las víctimas eran jóvenes de bajos recursos reclutados con falsas promesas de empleo

Integrantes del colectivo Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) participan en la audiencia celebrada por la Comisión de la Verdad sobre las ejecuciones extraoficiales de civiles hoy, en Soacha (Colombia).

Madres y familiares de jóvenes víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como "falsos positivos" han mantenido este martes un cara a cara público con exmilitares, a los que han pedido, además de reconocer su responsabilidad en los crímenes, que ayuden a limpiar el nombre de sus hijos.

El encuentro se ha producido en la plaza del municipio de Soacha, la misma en la que en 1989 fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán, en una población aledaña a Bogotá, de la cual salieron 14 jóvenes que luego fueron asesinados por el Ejército colombiano y presentados como guerrilleros muertos en combate en varias regiones de Norte de Santander.

"Falsos positivos", crímenes de Estado en Colombia

Una verdad necesaria

Víctimas y victimarios se reunieron a instancias de la Comisión de la Verdad en una carpa blanca, en la que se veían las fotografías de los muchachos que salieron de esta parte del país engañados con falsas promesas de trabajo.

"Con él mataron a mi mamá, se acabó una familia, con él también se fue mi esposo", ha dicho con voz fuerte Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, cuyo cuerpo apareció en febrero de 2008 en Ocaña, población del departamento de Norte de Santander.

Ataviadas con camisetas blancas estampadas con fotos de sus seres queridos, varias mujeres, que integran la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO), escucharon las confesiones de exmilitares, como la del general retirado del Ejército Paulino Coronado, quien dijo que "aquí perdió Colombia entera, perdió la confianza en el Ejército".

"Tenemos que admitir que esto ocurrió (los falsos positivos), así algunos quieran enmascarar la verdad, pero esa verdad es necesaria para corregir el rumbo. Debemos admitir que nos equivocamos como institución. No debemos callarnos y debe primar la vida", ha dicho el exmilitar de más alto rango, que ha admitido su responsabilidad en estos crímenes no solo en la Comisión de la Verdad, sino en la Justicia Especial para la paz (JEP), dos instancias que abordan los casos del conflicto armado interno.

En la mayoría de los casos de los "falsos positivos" las víctimas eran jóvenes de bajos recursos reclutados con falsas promesas de empleo, muchos de ellos en la localidad de Soacha, desde donde eran llevados con engaños a Ocaña, donde se les asesinaba para engordar las cifras de bajas guerrilleras y conseguir recompensas y ascensos a cambio.

Al "Encuentro por la Verdad: Reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha" también asistió Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez, quien ha asegurado que ya superó la etapa de los odios y avanza para sanar las heridas.

"Yo, la primera vez que fui a una audiencia, quería matarlos (a militares y reclutadores). Quería matarlos porque me habían quitado a uno de mis seres queridos, a mi hijo adorado. Hoy no, hoy puedo hablar con ellos", expresó.

Pedir perdón

Mientras sostenía una planta que luego ha entregado a una de las madres, el teniente coronel retirado del Ejército Gabriel Rincón Amado ha asegurado que estaban en la audiencia para reconocer su responsabilidad en los hechos.

"Estamos aquí (...) para dignificar el buen nombre de estos jóvenes que fueron asesinados a manos de la extinta Brigada Móvil 15 y del Batallón Santander", ha dicho Rincón, que entonces era comandante de la Brigada 15 del Ejército, en Norte de Santander.

Rincón ha agregado: "Con estas flores queremos decirles que así como esta planta surge frente a los embates del clima (...) para mostrarse ante el mundo con unos ojos bonitos, así han sido cada una de ustedes frente a la lucha que han tenido estos 14 años para demostrar que sus hijos y sus familiares no eran, ni fueron, ni pertenecieron a ningún grupo criminal".

Exmilitares reconocen el asesinato de civiles en Colombia por primera vez

Comisión de la Verdad dice que son "crímenes de guerra"

La Comisión de la Verdad de Colombia ha concluido en su último informe que los asesinatos y desapariciones forzadas entre los años 2002 y 2008, bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe, son "crímenes de guerra y de lesa humanidad" que se cometieron como parte de una amplia política de gobierno.

"Los principales responsables son el Ejército Nacional. La Comisión constató que se ha consolidado un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía, participación, responsabilidad y relaciones entre ellos", ha dicho este martes el comisionado, Alejandro Valencia, nombrando a la Armada Nacional, la Justicia Penal Militar o los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), entre otros.

En su último informe, publicado el pasado mes de junio, la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ha recopilado 1.042 entrevistas a víctimas, así como 178 entrevistas a comparecientes y 402 entrevistas a expertos, testigos y otros actores.

"Las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados", ha explicado.

Asimismo, Valencia ha recalcado que 'el modus operandi' de estas ejecuciones extrajudiciales supuso "la implementación de una cadena de acciones fraudulentas" en la que llegaron a participar, "de forma consciente", actores de las fuerzas de seguridad.

"Dentro de estas acciones fraudulentas se puede evidenciar una alta malversación de fondos del Estado, los cuales se destinaron para financiar esta práctica criminal. Un uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados", ha indicado.

Según los datos proporcionados por la Comisión, existen más de 6.400 víctimas entre los años 2002 y 2008 en Bogotá y Soacha, una cifra que aseguran que podría ser mayor, ya que es preliminar y "puede tener variaciones en el futuro".