La Fiscalía pide archivar la causa contra Colau por las subvenciones a entidades afines: "No hubo trato a favor"

• No ve indicios de delito, señala que la alcaldesa no intervino y cree que la acusación "no pasa de ser un ejercicio de imaginación"
• Ya archivó en 2021 otra denuncia similar y del mismo querellante por hechos "un 99,9%" idénticos a los que ahora se investiga

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que archive la causa abierta contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la concesión de subvenciones a entidades sociales afines, tras concluir que vincular las ayudas a su pasado de activista "no pasa de ser un ejercicio de imaginación" sin base alguna.

En un escrito presentado ante el Juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, el fiscal no se opone al sobreseimiento de la causa solicitado por la defensa de Colau, contra quien la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática se querelló por la concesión arbitraria de subvenciones municipales a entidades afines.

La Fiscalía ya había archivado en julio del año pasado una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución contra Colau por unos hechos que el ministerio público considera "en un 99,9 %" idénticos a los de la querella que ahora se investiga, que firma el mismo bufete jurídico.

De hecho, en su escrito el fiscal se remite a su decreto de archivo de esa denuncia previa para concluir que no hay indicios de delito contra la alcaldesa, puesto que delegó su competencia en materia de concesión de subvenciones y no tuvo "ninguna" intervención en los expedientes investigados.

Las entidades "no se beneficiaron de trato a favor"

Para el ministerio público, de los expedientes sobre las subvenciones otorgadas entre los años 2016 y 2019 se desprende que las entidades afines a la alcaldesa, como el Observatorio DESC, la PAH o Ingenieros sin Fronteras, "no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial".

"Sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades, a través de un procedimiento (discutible o no) que parecía ser el utilizado con habitual frecuencia por parte del consistorio", lo que a juicio del fiscal "excluye la arbitrariedad" en las concesiones.

Según recuerda el fiscal, la interventora municipal admitió ante el juez, en su declaración como testigo, que había incluido algunas "advertencias" a los expedientes, en las que recomendaba no tramitar las subvenciones de forma nominativa, pero el hecho de que se desoyeran sus observaciones "es perfectamente compatible con la legalidad" de la mismas.

La alcaldesa no intervino en las resoluciones

También razona el fiscal que Colau no dictó "ni una sola resolución en los expedientes de las subvenciones", sin que pueda considerarse que su no intervención "adquiera tintes delictivos".

Para el Ministerio Público, "vincular el pasado activista" de la alcaldesa con la concesión de subvenciones a entidades con las que en el pasado mantuvo relación "no pasa de ser un ejercicio de imaginación carente de la más elemental base que sustente la continuación de la investigación".

Ello daría lugar, advierte el fiscal, "a una injusta preterición de las entidades afectadas como candidatas a percibir una subvención, en atención al nuevo estatus político de una de sus miembros".

Para el fiscal, "carece de sentido jurídico" prolongar la instrucción del caso, dado que ya son diligencias suficientes las explicaciones de Colau y de la interventora delegada, quien, recuerda, "es funcionaria de carrera, sin vinculación subordinada a la investigada y ajena, por tanto, a cualquier componenda política que permita poner en duda su, por otra, completísima declaración".