El aborto en España, en cifras: una interrupción voluntaria del embarazo por cada 100 mujeres al año

• En 2021 abortaron 90.189 mujeres en España, de las que unas 9.400 tenían 19 años o menos
• La tasa repuntó inicialmente con la ley de plazos de 2010, pero ahora es similar a la que había previamente

La ley actual de plazos permite el aborto libre dentro de las 14 primeras semanas de gestación

En España han abortado 100.000 mujeres de media al año desde que entró en vigor la actual ley de plazos de 2010, que permite la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 de gestación, aunque en los últimos años la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral. La tasa media de los últimos diez años ha sido de 11 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. En 2021, último año con cifras, abortaron 90.189 mujeres con una tasa de 10,7 interrupciones.

El aborto ha vuelto al centro del debate público después de que el vicepresidente de Castilla y León, de Vox, anunciara la puesta en marcha de medidas como la escucha del latido fetal y las ecografías 3D/4D para evitar las interrupciones del embarazo, mientras que el PP niega que vaya a ver cambios en el protocolo de atención a las embarazadas.

El Gobierno central, del PSOE y Unidas Podemos, ha impulsado una nueva reforma de la ley, que tiene que votarse aún en el Senado, para eliminar la exigencia del consentimiento paterno en las menores de 16 y 17 años, que reintrodujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. El propósito del Ejecutivo es crear también un registro de médicos objetores -parecido al que existe para la eutanasia- para poder organizar los servicios de los centros y garantizar el derecho al aborto en hospitales públicos.

¿Cuál es la realidad del aborto en España, desde que se aprobó en 1985 la ley que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en determinados supuestos? A continuación, repasamos algunas claves en datos.

1. Récord de abortos en 2011, el primer año de la nueva ley

En 2021 -el último año del que hay cifras- abortaron en España más de 90.189 mujeres. El año anterior lo hicieron 88.269. La cifra más alta de la serie histórica se alcanzó en 2011, justo el primer año completo en el que estuvo en vigor la ley de plazos. Ese año interrumpieron el embarazo 118.611 mujeres.

Si en vez de las cifras absolutas, se tiene en cuenta la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, se observa también la misma evolución. Tras la aprobación de la ley de plazos, la tasa sube por encima de los 12 abortos en 2011 y 2012, pero luego comienza a bajar de nuevo hasta quedarse en niveles parecidos a los que había en los años previos al cambio de legislación de 2010 con la primera ley de supuestos de 1985. La tasa en 2020 -un año marcado por la pandemia- bajó hasta los 10,33 abortos. Un año después, en 2021, subió ligeramente hasta los 10,7.

2. El 42% de los abortos son de jóvenes de 20 a 29 años

Cuatro de cada diez mujeres que pusieron fin a su embarazo en 2021 tenían entre 20 y 29 años. La tasa en este grupo de edad supera los 15 abortos por 1.000, cinco puntos por encima de la media.

Según los datos de Sanidad, en 2020 abortaron 312 menores de 15 años y 9.076 chicas de 15 a 19. La tasa de aborto de estos dos grupos de edad -que el Ministerio une en uno solo en sus estadísticas- es de 7,9 abortos por cada mil jóvenes, por debajo de la media.

3. El consentimiento paterno para las menores de 16 y 17

Uno de los cambios que pretende introducir el Gobierno en la ley del aborto es eliminar la exigencia del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17. La ley de plazos aprobada en 2010 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo eliminó y lo sustituyó por la obligación de informar al menos a uno de los padres o tutores salvo en caso de peligro para la menor por riesgo de violencia o desamparo. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a incluir la exigencia de consentimiento paterno sin excepciones en 2015.

Sanidad no da datos desagregados de la evolución de los abortos en menores de 16 y 17, únicamente el de las menores de 19. En este caso, se aprecia que la tasa de interrupciones del embarazo descendió entre 2010 y 2015.

En 2014, un año antes de que entrara en vigor el cambio respecto a las menores, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) -la patronal de los centros privados concertados que realizan abortos en España- publicó los datos de un estudio propio que señalaba que solo el 12,4% de las jóvenes de 16 y 17 años que estaban abortando en ese momento en sus instalaciones lo hacía sin el conocimiento de sus progenitores.

4. Menores de 19: del tercer grupo de edad con mayor tasa al penúltimo

Antes de la aprobación de la ley de plazos, las menores de 19 años eran el tercer grupo de edad con mayor tasa de abortos. En la última década, ha ido disminuyendo hasta superar solo al grupo de mujeres de 40 o más años. En 2007, alcanzaron el número más alto de interrupciones en relación con su población (13,79), pero han ido bajando y desde 2014 están por debajo de las 10. El último año con datos (2021) se quedaron en una tasa de 7,9.

Al margen de la ley del aborto de 2010, hay que tener en cuenta que un año antes comenzó a venderse sin receta en farmacias la llamada "píldora del día después" sin receta para evitar el número de embarazos no deseados. Ahora, la reforma de la ley del aborto incluye que este fármaco se dispense de forma gratuita en los centros de salud, informa Efe.

5. Siete de cada diez abortos se realizan en las ocho primeras semanas

La ley del aborto de 2010 permite abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo, pero la mayoría de las interrupciones (el 72,42%) se llevan a cabo en las 8 primeras. Más allá de la semana 15 -cuando hay que alegar motivos concretos- solo se realizan poco más del 5%.

6. Nueve de cada 10 abortos, a petición de la mujer

La mayoría de los abortos que se practican actualmente (casi el 91%) son a petición de la mujer, que ya no tiene que alegar ningún motivo particular para interrumpir la gestación dentro de las 14 primeras semanas.

A partir de la 15, la ley contempla unos determinados supuestos que permiten también poner fin al embarazo. Hasta la semana 22, se puede abortar si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada", lo que ocurrió en el 5,6% de los casos en 2021, o si existe "riesgo de graves anomalías en el feto" (3,12%).

A partir de la semana 23, solo se permite el aborto si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida (...) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable".

La ley de 1985 despenalizó el aborto solamente en tres supuestos: en cualquier momento si existía "un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada"; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con "graves taras físicas o psíquicas".

En 2009, último año completo en el que estuvo en vigor la ley del 85, cerca del 97% de los abortos se llevaban a cabo alegando el primer supuesto, el de la salud de la madre.

7. Solo un 15% de los abortos se realizan en centros públicos

De cada 100 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan en España, solo el 15,5% tienen lugar en hospitales y centros sanitarios públicos. La mayoría (el 85,5%) se siguen haciendo en instalaciones privadas mediante conciertos con la sanidad pública. En 2011, la proporción era aún más dispar. En los centros privados se efectuaban más del 96% de los abortos.

La reforma del aborto que quiere aprobar el Gobierno incluye un registro de profesionales objetores con el propósito de organizar los servicios de ginecología y obstetricia, de manera que se garantice la atención de las mujeres en los hospitales públicos.

Hay comunidades autónomas como Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde los hospitales públicos no notificaron ningún aborto en 2021, según el último informe del Ministerio de Sanidad al respecto. Cataluña, en cambio, es la comunidad con mayor número de centros públicos (68).

Desplazarse a otra provincia para abortar

En 2021 hubo 12 provincias en las que ningún centro -ni público ni privado- notificó ninguna interrupción voluntaria del embarazo, además de Ceuta y Melilla. Las mujeres de Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Cáceres y de las ciudades autónomas que abortaron tuvieron que desplazarse forzosamente a otras provincias.

Según las estadísticas de Sanidad, se encontraron en esta situación 4.319 mujeres en 2021. Desde que entró en vigor la ley de plazos, han sido casi 50.000 [45.000 en la primera década de implantación] las que han tenido que desplazarse fuera de su lugar de residencia, pero las cifras podrían ser incluso mayores porque no todas las provincias que notifican abortos hacen todas las intervenciones.

Ocurre, por ejemplo, en provincias o islas donde solo se ofrece el aborto farmacológico, indicado para las primeras semanas. Hacen abortos pero no todos, de manera que el resto de mujeres son también derivadas, pero no se puede saber el número porque las estadísticas de Sanidad solo reflejan el número de mujeres que abortan por provincias, no dónde lo hacen o el número de I.V.E. que se hace en cada lugar y centro.

Metodología

Para la elaboración de estos gráficos sobre el aborto en España se han utilizado los informes anuales del Ministerio de Sanidad sobre las interrupciones voluntarias del embarazo, que contienen las cifras del año en cuestión y la evolución de la última década.

De manera que para obtener toda la serie histórica desde 1990 se han usado los informes "Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 1998", "Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2010" e "Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2021", el último disponible.

Las tasas previas a 1990 se han incluido a través de los datos de EPData.

La distribución de centros públicos y privados es exactamente la que viene en el informe correspondiente a 2021. Puede haber hospitales públicos que practiquen abortos pero que no los hayan notificado, por lo que no aparecen en las estadísticas. Ocurre en comunidades como Madrid, por ejemplo.