¿Abolir, regular o despenalizar?: el debate no resuelto sobre cómo abordar la prostitución en España
- Las discrepancias sobre el modelo que se debe adoptar siguen ahí: una parte pide erradicarla y otra "profesionalizarla"
- RTVE.es conversa con asociaciones y activistas que defienden diferentes posturas para conocer sus argumentos
La prostitución no es legal ni ilegal en España; está instalada en un limbo de alegalidadque la mantiene presente en calles, clubes y pisos de alquiler, y que deja desprotegidas a miles de mujeres. Abordar esta realidad está pendiente desde hace años, pero no termina de producirse ningún movimiento político en firme que remueva los cimientos de esta práctica de alguna manera, como ya ha ocurrido en otros países del entorno.
La vía de intervención por la que apuesta el Gobierno es la abolición, aunque el planteamiento del ala socialista está lejos de obtener un consenso político teniendo en cuenta, como se ha podido ver esta semana, que la división de posturas afecta incluso a los partidos de izquierda. Además, existen discrepancias internas en Unidas Podemos (los socios del Ejecutivo de coalición) y ni siquiera hay entendimiento dentro del feminismo.
Por tanto, el antiguo debate sobre si se debe abolir, regular o despenalizar la prostitución sigue abierto y estancado.
Varias posturas y muchos matices
Toda las fuentes consultadas afirman que es muy difícil conocer las dimensiones de la prostitución en España por la opacidad que existe y por la ausencia de legislación específica; de momento, ofrecer sexo por dinero no es ilegal, pero sí es delito sacar provecho de la prostitución ajena a través de coacción o engaño.
Uno de los pocos datos que ayudan a contextualizar lo ofrece el CIS de 2008 (el más reciente), que indica que el 32,1% de los hombres ha reconocido haber pagado al menos alguna vez en su vida por sexo. Respecto al número de mujeres en situación de prostitución, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO) apunta a 45.000, aunque hay estudios que elevan esa cifra por encima de las 100.000. Tampoco es posible conocer con exactitud cuántos locales de alterne hay, en qué espacios se ejerce la prostitución o cuánto dinero mueve.
Por todo esto, abordar cualquier cambio es profundamente complejo, como también lo es aproximarse a las distintas posturas defendidas desde el activismo. Actualmente, la mayoría de países se enfrentan a la prostitución a través de uno de estos tres sistemas: abolicionista (el que reconoce la situación y lucha por su erradicación), prohibicionista (el que la prohíbe y castiga) y reglamentista (el que tolera y regula la actividad como un trabajo).
Sin embargo, no todo es blanco o negro y dentro de cada posicionamiento puede haber matices o, incluso, varias formas de denominar lo que se defiende; hay quienes hablan de despenalización y se definen como activistas proderechos, por ejemplo. Además, resulta llamativo que una parte crea que el abolicionismo es prohibicionismo camuflado y otra piense que el activismo proderechos es el disfraz del regulacionismo.
Por si fuera poco y por constatar cómo de intrincado es el tema, hay algunas voces que creen que plantearlo como un "debate" es erróneo y ven perjudicial que se contrapongan continuamente las posturas: "Para mí no hay debate ya. El debate, hace 26 años, lo veía correctísimo, pero para mí en estos momentos ese debate solo beneficia a la gente que explota a seres humanos", sostiene Rocío Mora, presidenta de APRAMP, una asociación que trabaja para prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata.
Voces que defienden el abolicionismo: “La prostitución es esclavitud”
Su visión se enmarca dentro de lo que puede definirse a grandes rasgos como abolicionismo, que es "la única opción" que también contempla la abogada Nuria González, que preside la Asociación Internacional L'Escola. "No hay ninguna más. Es como si me preguntaran que cuál es la manera correcta de abordar la esclavitud, pues claro que abolirla. Los derechos humanos no se negocian", sostiene González, que considera la prostitución como una forma de violencia de género y ve indisociable esta práctica de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Las defensoras del abolicionismo recalcan que más del 80% de las mujeres prostituidas en España lo hacen forzadas, citando cifras difundidas por la Policía, y creen que abolir la prostitución es la única vía para acabar con el "comercio" sexual de las personas.
Esto pasa por abolir toda la reglamentación relacionada con la prostitución y cerrar los espacios donde se practica, pero no se trata, precisan sus defensoras, de prohibir como tal. El abolicionismo pone "los derechos humanos en el centro" y entiende a la mujer prostituida como víctima, mientras que el prohibicionismo castiga penalmente a todas las partes que intervienen en el ejercicio de la prostitución, incluyendo a la persona prostituida.
Además de esto, algunas voces a favor del abolicionismo ven imprescindible sancionar a los demandantes de prostitución, como contempla la proposición de ley registrada este jueves por el PSOE. González va más allá y habla de "señalar, perseguir, multar y agobiar al putero hasta que no se pueda mover". Solo así, dice, los jóvenes entenderán que "acceder" al cuerpo de una mujer por dinero "no es aceptable en una sociedad en la que se respeta a las personas".
“La prostitución es la deshumanización, la despersonalización y la cosificación más absoluta“
Amelia Tiganus sabe bien de lo que habla cuando describe el funcionamiento del "sistema prostitucional" porque ella fue una de esas millones de jóvenes que terminan siendo explotadas sexualmente para beneficio económico de terceras personas. Nació en Rumanía, sufrió su primera violación múltiple a los 13 años y vivió un auténtico calvario entre los 18 y los 23 años.
"Acabé vendida a un proxeneta español por 300 euros y fui explotada sexualmente durante cinco años", relata en una conversación con RTVE.es en la que también explica que, después de haber salido de ese "campo de concentración para mujeres empobrecidas" con la ayuda del feminismo, ha decidido convertirse en activista para evitar así que más jóvenes pasen por su "tortura".
Tiganus se muestra como una firme defensora del abolicionismo y rechaza que un Estado pueda nutrirse de la prostitución ajena a través de los impuestos, porque supone convertirse en un "Estado proxeneta". "(La prostitución) es la deshumanización, la despersonalización y la cosificación más absoluta que puede haber, y convivimos con ello e incluso nos atrevemos a llamarlo trabajo", critica.
Otras mujeres defienden los "derechos de las trabajadoras sexuales"
Esa última frase de Tiganus alude, bajo la crítica, a lo que pide el regulacionismo: que la prostitución sea considerada un trabajo. En general, quienes defienden este modelo consideran que la prostitución es una práctica inevitable que no se puede erradicar, y lo que proponen es establecer un sistema de control que la regule y permita a las prostitutas someterse a controles públicos, especialmente al control sanitario.
Fuensanta Gual, presidenta de la Asociación CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) y doctora defiende a un colectivo que, de forma generalizada, está etiquetado como "regulacionista", pero ella asegura que no se sienten identificadas con esa palabra. Prefieren definirse como activistas "proderechos" porque lo que hace el regulacionismo, dice, es establecer dónde, cuándo y de qué manera se puede o no ejercer la prostitución y, si no aceptas esas reglas, quedas fuera de la ley.
“La prostitución es un intercambio consentido de servicios sexuales entre personas adultas“
"Los países regulacionistas tienen una prostitución legal que beneficia a los empresarios, que tienen seguridad jurídica, pero realmente no está hecho para para defender los derechos de las trabajadoras sexuales (...) Nosotros nos llamamos pro derechos en el sentido de que estamos a favor de que la prostitución quede fuera del Código Penal (de despenalizarla), excepto las cosas que ya son delito, por supuesto, como la explotación, los abusos, la prostitución forzada...", argumenta.
También se definen como proderechos los miembros del polémico sindicato OTRAS, que reclama la “descriminalización del trabajo sexual en todas sus formas, en base a leyes que aboguen por sus “derechos laborales y humanos”. Según expone en su página web, sus miembros están “absolutamente en contra” de la trata y el tráfico de personas para fines de explotación sexual, y de cualquier otro tipo, pero piden que no se confundan estos delitos con “el libre ejercicio del trabajo sexual”. Desde su punto de vista, la prostitución es “un intercambio consentido de servicios sexuales entre personas adultas” y ven importante diferenciar entre proxenetas y empresarios.
La supuesta libertad de elección y lo supuestos riesgos de cada modelo
Este asunto, la supuesta "libertad de elección", es una de las cuestiones que parecen seguir estando en el centro del asunto, ya que es uno de los principales argumentos que lanzan desde el activismo proderechos y el mismo que tratan de desmontar desde el abolicionismo.
Desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo también lamentan que el abolicionismo solo se fije en una parte del sector, la de las mujeres que son explotadas sexualmente y querrían salir de la prostitución, sin tener en cuenta que hay otras que, asegura, eligen ejercerla por decisión propia. "Muchas no quieren otro trabajo porque los que están a su disposición son los trabajos de cuidados y los de hostelería (...) Hay gente que dice 'pero si es que yo con la prostitución gano el triple o el cuádruple que siendo empleada del hogar y no tengo que fregarle el váter a nadie. Es eso, hay que aceptarlo", recalca la médica.
“Muchas no quieren otro trabajo porque los que están a su disposición son los trabajos de cuidados y los de hostelería“
Por contra, las voces abolicionistas piden a la sociedad que no solo se fijen en el "imaginario" de la prostitución que se quiere vender, con luces de neón y mujeres riéndose, sino en cómo funciona un sistema que sigue "esclavizando" a miles de mujeres. La libertad de elección y la libertad sexual, subrayan, son otra cosa: "Estamos hablando de crimen organizado, de proteger la dignidad de un ser humano", dice la presidenta de APRAMP, mientras que la abogada añade: "La decisión entre comer y no comer no es una decisión libre. Si yo decido entre si me prostituyo o como, ahí no hay ninguna libertad de elección".
Esta última cree que "el debate tiene que salir" de ese "falso mito" de la libertad de elección porque "el verdadero debate" tiene que ver, cree, con el tipo de sociedad que España "quiera ser de mayor" y con el mensaje que quiera lanzar a los niños y niñas: "¿Vamos a ir hacia una sociedad en la que vamos a aceptar y regular que los hombres tienen el privilegio, previo pago, de acceder al cuerpo de las mujeres? (...) ¿Vamos a ser una sociedad como la alemana, en la que los tipos hacen cola y dan vuelta a los macroburdeles para entrar a consumir mujeres a 60 euros barra libre? Ese es el debate real y no si yo lo hago porque quiero o si tú lo haces porque te da la gana", sostiene González.
“¿Vamos a aceptar y regular que los hombres tienen el privilegio, previo pago, de acceder al cuerpo de las mujeres?“
En líneas generales, quienes rechazan la reglamentación de la prostitución, además de otros inconvenientes, afirman que favorecería el establecimiento de redes ilegales de prostitución y, por tanto, a la consolidación de la actividad como oficio profesional a costa de la dignidad de las mujeres que se ven forzadas a prostituirse.
Una guía sobre las reflexiones más comunes ligadas a la prostitución elaborada por APRAMP también menciona que este sistema regulacionista haría de la prostitución un servicio e integraría ese "trabajo" en una estructura social a través de la imposición de contribuciones, revisiones de salud y otras medidas administrativas, al tiempo que restaría importancia la violencia real que la mayoría de las mujeres experimentan en la prostitución. En cambio, creen que lo que lo único que ofrece es un mejor control sanitario sobre las mujeres prostituidas, de forma que se pueda combatir de manera más eficaz la propagación de enfermedades de transmisión sexual.
Por su parte, los detractores del abolicionismo creen que abolir la prostitución favorecería el ejercicio clandestino de todas las formas de prostitución, aumentaría las ganancias de los explotadores, dejaría a las prostitutas en situación "más precaria" y agravaría sus riesgos para la salud.
"En España es un poco la ley de la selva. Ahora mismo es casi un paraíso para los empresarios. Una de las críticas que nos hacen a las proderechos es que dicen que beneficiamos a los empresarios, que queremos lo mismo que ellos, y es todo lo contrario. Los empresarios lo que quieren es la legislación tipo alemana o tipo holandés, donde ellos son empresarios legales y pagan sus impuestos sin prácticamente ningún compromiso con las trabajadoras, o lo que está pasando en España hace muchos años, que es hacer como si no existiera", señala Gual.
Si esto ocurre, continúa la presidenta de CATS, es, en parte, por la negativa a considerarlo como un trabajo cuando, a efectos prácticos, cree, sí lo es: "Cuando trabajan para terceros, en clubes, en pisos, en chalets, sí que están trabajando para un empresario, pero como oficialmente no se quiere considerar un trabajo (...) al final lo que pasa es que están trabajando, entre comillas, pero no tienen ningún derecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay sitios, por ejemplo, donde tienes que estar disponible 24 horas seguidas y si te tienes que levantar cuatro veces durante la noche te tienes que levantar porque llegan clientes".
En el lado de los países europeos que optaron por abolir la prostitución se encuentran Suecia, Noruega, Francia e Islandia. Por el contrario, Alemania tiene la ley de prostitución más liberal de toda Europa, aunque su regulacionismo no convence a muchas activistas "proderechos", que abogan por un modelo que siga la línea de lo adoptado en Nueva Zelanda, donde la prostitución se puede ejercer en cualquier local o vivienda sin que la mujer tenga que registrarse.
Un debate también polémico dentro del feminismo y de la política
Esta división también está presente en el seno del feminismo, donde una parte defiende abolir la prostitución desde la raíz para acabar con la trata y otra argumenta que la abolición llevaría a más vulneraciones de derechos humanos. Las diferentes posturas llegaron a escenificarse en el 8M celebrado este 2022, cuando, por primera vez, hubo dos manifestaciones separadas recorriendo las calles de la capital por las discrepancias en torno a varios temas entre los que se incluye la prostitución.
También hay diferentes formas de orientar el debate sobre la prostitución en el ámbito político. Mientras que el compromiso de la parte socialista del Gobierno de coalición y el del propio presidente es el de abolir esta práctica, en Unidas Podemos hay discrepancias y en formaciones como ERC, EH Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP no creen que esta sea la vía más correcta para garantizar los derechos de las mujeres.
El primer paso del Gobierno hacia la abolición fue introducir dentro del proyecto ley del ‘solo sí es sí’ dos artículos con los que se perseguía penalizar el proxenetismo no coactivo y también castigar a quien se lucre con el alquiler de locales para ejercer esta práctica (lo que se conoce como tercería locativa). Sin embargo, el PSOE tuvo que retirar su enmienda sobre la prostitución para que la Comisión de Igualdad del Congreso pudiera aprobar este miércoles el dictamen sobre esa ley.
El PP no ha dejado del todo clara su postura oficial, si bien la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, sí ha apostado en alguna ocasión por "seguir trabajando en el camino de erradicar la prostitución como una forma de explotación". En cambio, Vox ha desacreditado la propuesta abolicionista del PSOE porque, dicen, sería como “prohibir el hambre”, y Ciudadanos apuesta por una regulación que proteja a las mujeres de las mafias, ayude a abandonar la prostitución a quien quiera hacerlo y permita a quienes opten por seguir adelante a contar con “todas las garantías”.